Columna de opinión de Isidro H. Cisneros — Queda claro que la justicia internacional es aceptable mientras juzga a los débiles, pero se vuelve intolerable cuando pretende juzgar a los poderosos. La historia de esta justicia se encuentra atravesada por esa paradoja. El derecho internacional nació con la promesa de establecer límites al poder, incluso allí donde los estados pretenden actuar en nombre de la soberanía, la seguridad nacional o la razón de Estado. Después de las grandes guerras y genocidios del siglo XX, la humanidad formuló una aspiración extraordinaria: que existieran crímenes tan graves que ningún gobierno, ningún ejército y ningún dirigente pudiera quedar protegido simplemente por el poder que posee. Sin embargo, entre ese principio y la realidad existe una distancia considerable.
Los recientes ataques de la administración estadounidense a la Corte Penal Internacional así lo evidencian. La ofensiva inició con duras críticas diplomáticas que rechazan su jurisdicción sobre ciudadanos norteamericanos y otras naciones consideradas aliadas. Las sanciones se han profundizado por medio de una política activa de castigos y presión financiera contra jueces, fiscales y funcionarios. Incluso Marco Rubio amenazó con desmantelar “ladrillo por ladrillo” a esta organización internacional. Apenas en julio de este año el fiscal jefe de la CPI, el jurista británico Karim Khan, fue removido de su encargo por “conductas inapropiadas”, curiosamente después de emitir órdenes de captura contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusado de crímenes de guerra.
Ahora Estados Unidos ha ampliado esas sanciones contra la presidenta de la CPI, la jurista japonesa Tomoko Akane y un alto funcionario de la fiscalía, el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, como respuesta a las investigaciones abiertas contra Israel. Recordemos que la creación de la Corte Penal Internacional fue considerada en su momento un gran paso civilizatorio para el conjunto de la humanidad. Establecida en 1998 por el Estatuto de Roma se configuró como un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, especialmente el genocidio y delitos de lesa humanidad. Actualmente, la CPI se integra por 125 países que reconocen su competencia. Mientras que Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros.
La Corte Penal Internacional ha sido una institución muy importante porque junto a los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia (1993), que desarrolló jurisprudencia sobre genocidio, y de Ruanda (1994), que estableció otro avance fundamental en la jurisprudencia internacional al dictar la primera condena por genocidio, han contribuido a la paz y al combate de este “crimen de crímenes”.
La CPI fue creada bajo la idea de que existen delitos abominables contra la humanidad cuya extrema gravedad justifica una justicia internacional pronta y expedita, sobre todo, cuando los estados no pueden o no quieren investigar genuinamente esos crímenes. Pero esta idea encuentra sus límites cuando la justicia alcanza a las grandes potencias o a sus aliados.
Obviamente la CPI no está libre de problemas. Ha sido criticada por la lentitud de sus procedimientos, por sus costos, su burocracia, por la selectividad de algunos de sus procesos y sobre todo, por su profunda dependencia de la cooperación de los estados. Pero destruir o neutralizar a la Corte Penal Internacional, plantea una pregunta inquietante: ¿si las instituciones internacionales no pueden investigar a los estados más poderosos, entonces, para quién funciona realmente la justicia internacional?
Por eso, los ataques de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional son más que una disputa jurídica con el Tribunal de la Haya. Representan una confrontación entre dos concepciones del orden mundial: una, la estadounidense, basada en la soberanía absoluta de las grandes potencias; y otra, compartida por la comunidad internacional –al menos como aspiración- basada en la idea de que ningún poder debería estar completamente por encima del derecho internacional. Porque una justicia que solo alcanza a los débiles, no es justicia.