La transición a la democracia es muchas cosas a la vez, dependiendo de quién la aborde o de qué país se trate; puede ser una categoría de estudio, un proceso histórico-político, o un paradigma; en resumidas cuentas, es un poco de todo eso y más.
Para algunos parece más bien un mito. Incluso un dogma.
En México la transición a la democracia se puede ver como un proceso que inicia con la reforma electoral de Reyes Heroles, que abre la competencia (acotada) a partidos políticos que habían estado proscritos o a quienes se les había negado esa posibilidad. Con ella, comunistas y sinarquistas por fin pudieron concurrir a las urnas.
Ese proceso histórico se acompañó de una serie de ideas que, en su conjunto, dieron lugar al paradigma de la transición: las más relevantes fueron elecciones competitivas, autoridades electorales imparciales y alternancia.
Como paradigma, servía tanto para explicar los cambios en su presente como para orientarlos en el futuro. Así que permitió el surgimiento de dos discursos que lo sostenían, uno político y otro académico, por eso hubo (hay) una política y una academia de la transición, incluso un conjunto amplio de personas técnicamente competentes que fueron formadas dentro de ese concepto.
Como previamente pasó con el sistema del nacionalismo revolucionario.
Ahora bien, ¿el paradigma de la transición sigue siendo válido o está agotado? Me parece la pregunta más relevante que podemos formularnos acerca de él.
Si partimos de sus ideas centrales, podemos decir que tenemos elecciones competitivas por lo menos desde 1997; que el INE y el Tribunal Electoral se constituyeron como instituciones independientes y sólidas con la reforma electoral de 1996, y que la alternancia se dio en el año 2000.
Todos esos hitos tienen más de veinte años.
Claro, esto fue acompañado de un particular acomodo en el sistema de partidos en el que se consolidaron tres, con fuerza nacional y la capacidad de contender por gubernaturas, congresos y la Presidencia de la República.
Pero ese modelo empezó a tener fisuras. Surgieron otras fuerzas políticas, y los acuerdos fueron excluyendo a una en particular; y el modelo de una transición que se construía con acuerdos se rompió.
El sistema de partidos cambió al grado tal que las tres fuerzas que competían entre sí llegaron a aliarse para contender contra otros partidos emergentes y el pueblo habló en las urnas de una manera distinta a la que lo había hecho.
Además, se fueron sumando luchas que no estaban en el guion original de la transición: la paridad, la representación adecuada de grupos vulnerables, la necesidad de contener el peso político de los grupos económicamente poderosos, los retos de la democracia digital, entre otros.
En 2018 se planteó otro modelo, otra manera de entender lo público, la relación entre el poder político y la ciudadanía, así como con los sectores mediáticos y empresariales. Esto provocó una crisis del paradigma de la transición.
En el mejor de los casos ese modelo sigue en crisis. No nos sirve para explicarnos la realidad política y no sé si sea útil para construir un imaginario futuro.
Claro, esto no implica negar los avances. Desde luego que las elecciones deben ser competitivas, no solo por diseño legal sino por la fuerza de las opciones políticas; las instituciones electorales deben mantenerse independientes, tanto del poder político como también del económico, del mediático y del naciente poder tecnofeudal. Y debe permanecer abierta la opción a la alternancia, en tanto es la ciudadanía quien decide, en las urnas, qué opción política debe gobernar.
Implica preguntarnos si esa casa de ideas que se construyó sigue siendo habitable, inquirir si requiere una profunda remodelación o, incluso, su derrumbe para erigir otra.
Una nueva realidad política exige cuestionar el paradigma, por más que esto llegue a doler porque a algunas personas se les va toda una forma de entender el mundo, pero esto es necesario tanto para defender lo que se considera valioso como para avanzar en lo que se estima indispensable.
¿Y si el paradigma se agotó?