Opinión — Esta semana se llevaron a cabo el encuentro de profesores, el Congreso y el Semillero Internacional de Estudiantes de Derecho Administrativo y el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA), en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, con la asistencia de más de cien investigadores y docentes en la materia, reflexionando sobre el presupuestoes público y la evaluación, calidad y buena administración.
El buen gobierno es la organización estructural del poder para la superación de los rezagos de las sociedades globalizadas; el fomento de la participación ciudadana, el respeto de las autonomías funcionales, regionales, organizacionales y personales y la innovación e incorporación al desarrollo tecnológico con equidad y accesibilidad amplia.
Una condición del buen gobierno es la asignación equitativa y justa del gasto público con una visión inclusiva e intergeneracional y esto requiere la adopción de técnicas presupuestales con un equilibrio correcto entre la centralización y descentralización de las decisiones de índole financiera en sus aspectos de planeación, programación y presupuestación. Esto hay que considerarlo especialmente en estos momentos en que el presupuesto de 2026 esta en proceso de estudio, debate y, en su caso, aprobación de la Cámara de Diputados.
Por su parte, la buena administración consiste en que las estructuras burocráticas del Estado se encuentren al servicio de los intereses generales y que estos se gestiones con respeto y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Uno de los aspectos del derecho a la buena administración es que en el debate se escuche a todas las voces, se revise el gasto histórico y se consideren los efectos en la superación de los rezagos sociales.
La buena administración se vincula con el mejor aprovechamiento de los recursos que se asignan en el presupuesto con base en los objetivos y metas de la planeación y programación del desarrollo. De ahí que la programación operativa y la presupuestación institucional deben ser procesos descentralizados, toda vez que el ejercicio del gasto se realiza por órganos dispersos regionalmente y especializados por materia (sector), cuyos titulares son los que están más cerca de los problemas que requieren de la intervención gubernamental para ser superados o atendidos.
El éxito de la programación operativa y la presupuestación institucional es la aplicación correcta de instrumentos que ponen en el centro de la acción gubernamental la solución de problemas o la superación de situaciones no deseadas a través de la intervención gubernamental y esto implica considerar a la persona humana origen y fin de la gestión pública. Este fue uno de los principios que se expusieron en el Foro y Congreso mencionados.
En esta lógica, en el proceso legislativo se debe considerar que el presupuesto se “desalinea” cuando sólo sirve para mantener a un grupo político en el control de los órganos del Estado y aumentar su poder y, en estas circunstancias, los indicadores de desempeño pierden utilidad y la actividad administrativa se vacía de sentido, en la medida que relega a un segundo plano a su fin principal, que es la atención efectiva de demanda sociales y la contribución al desarrollo sostenible e incluyente.
Estas ideas deben guiar el debate en la Cámara de Diputados para revisar con orientación de justicia social el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2027, que es un trazo de operaciones futuras para definir los gastos de las organizaciones estatales y la determinación de los momentos de ocurrencia y los montos posibles y de la asignación de recursos, objetivos y fines.
El presupuesto es, simultáneamente, un instrumento de planeación, una norma reguladora del gasto público y un parámetro objetivo de medición de la actuación financiera y el desempeño de las entidades públicas estatales y, en su caso, de los particulares que reciben transferencias o subsidios. Este aspecto exige un debate abierto y democrático.
Este año el FIDA se convirtió en un espacio de reflexión jurídica en el que se destacó la esencialidad de la actividad financiera del Estado y consecuencias en la vida de las personas y el desarrollo incluyente y sostenible. El gasto público no es neutro y este hecho exige que haya un control político, jurídico, administrativo y social en sus etapas. El primer control político es la aprobación del presupuesto. La Cámara de Diputados deberá revisar y, en caso, aprobar el proyecto que le envía el Poder Ejecutivo, siempre bajo el propósito de contribuir al buen gobierno.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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