Opinión

AMLO, reorientación autocrática del Estado

Con las propuestas de reforma que presentará este 5 de febrero, el presidente López Obrador busca definir el contenido de la campaña de Morena y acaparar la agenda de la discusión pública. Las más relevantes, son reformas constitucionales destinadas a servir como ariete propagandístico y sin posibilidades de ser aprobadas en el Senado, en donde el partido oficial y sus aliados no reúnen las dos terceras partes de votos que requieren. Al presidente no le interesa el proceso legislativo sino jugar a las apariencias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera

Cuartoscuro

Hasta ahora, López Obrador ha gobernado enfrentando, o tratando de suplantar, a otras instituciones del Estado. En contra de la división de poderes y los equilibrios que establece nuestro sistema constitucional, ha querido debilitar a los organismos autónomos, se entromete cada vez que puede con las decisiones del Congreso, desacredita y agrede al Poder Judicial. Empeñado en acaparar el poder que la Constitución distribuye en variadas instituciones, ha tropezado con las leyes y con buena parte del resto del Estado.

Para eludir ese orden jurídico, el presidente ha intentado reemplazar leyes con decretos. La Suprema Corte, gracias al desempeño esmerado y valiente de la mayor parte de sus ministros, ha rechazado muchas de esas ilegalidades. Ahora, López Obrador tiene un proyecto más ambicioso: quiere modificar la estructura del Estado mexicano para intensificar la centralidad del poder presidencial y poner al Poder Legislativo y los actuales organismos autónomos al servicio del Ejecutivo Federal y su partido político.

Tal es el sentido de reformas anunciadas en los días recientes y que López Obrador presentará, no en homenaje a la Carta Magna, sino para desarticular el orden constitucional.

Cancelar la autonomía de organismos autónomos reintegraría al presidente decisiones cardinales como la administración del espectro radioeléctrico, o la aplicación de medidas de competencia económica y dejaría a su decisión discrecional el cumplimiento del derecho a la transparencia, entre otros asuntos.

La elección de ministros de la Corte, magistrados electorales, jueces de circuito e incluso de distrito, pondría al Poder Judicial al garete de contiendas y presiones políticas. La prohibición para que la Corte suspenda leyes que considera inconstitucionales, le quitaría a ese tribunal la fundamental capacidad para equilibrar y corregir decisiones del Legislativo. La desaparición de legisladores plurinominales abatiría la pluralidad en el Congreso.

La contrarreforma en materia de electricidad impediría que los particulares puedan generar fluido eléctrico, derecho que acaba de ser confirmado por la Corte. La adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, perpetuaría la malhadada e ineficaz militarización de la seguridad pública.

La reforma para que el salario mínimo aumente de acuerdo con la inflación puede beneficiar al segmento de trabajadores que recibe esa remuneración. En cambio, pretender que los jubilados reciban el 100 por ciento del salario que ganaban es absolutamente inviable. PRI y PAN exigen que el gobierno explique de dónde saldrían los recursos para pagar tales pensiones. Lo que el presidente quiere no es la aprobación de esa, igual que del resto de tales reformas, sino emplearla como bandera en la campaña electoral.

La reconfiguración del Estado que pretende López Obrador no tendrá apoyo suficiente en esta Legislatura. Resulta difícil que Morena y sus partidos satélite ganen en la elección del 2 de junio las posiciones necesarias para alcanzar en el Congreso la mayoría que se requiere para reformar la Constitución, pero no es imposible.

De esa votación depende la viabilidad del proyecto obradorista para desmantelar al actual Estado y reemplazarlo con un presidencialismo autocrático y con escasos límites institucionales y constitucionales.

Con su propuesta de reformas, López Obrador intenta mantenerse en el centro del escenario político durante las campañas, e incluso cuando salga de Palacio Nacional. Quiere incrementar su poder y las capacidades del movimiento que dirige, aun a costa de las propuestas y, eventualmente, de los márgenes de gobierno que pudiera tener su hoy candidata presidencial.

Claudia Sheinbaum repite, aplaude y justifica, todo el tiempo, las decisiones y ocurrencias del presidente. Convertida en fantoche de López Obrador, la candidata de Morena se beneficia del respaldo popular que conserva el presidente pero su personalidad, que nunca ha sido atrayente, se desdibuja día tras día.

La remodelación autoritaria a la que López Obrador quiere someter al Estado mexicano, se sobrepone a cualquier propuesta que pudiera tener esa candidata presidencial. El protagonismo de las iniciativas del presidente desplaza y/o reemplaza el discurso de Sheinbaum. En vez de que se les ofrezca más de lo mismo, los ciudadanos avispados podrán reconocer, a partir de las iniciativas del presidente, que Morena ofrece ahora un país más autoritario que el que ya tenemos. Menos contrapesos al poder presidencial, más militarización, peor inseguridad, mayor pobreza pues el Estado carecerá de recursos para mejorar salud y educación, entre otras consecuencias.

Con la reorientación autocrática que pretende para el Estado, López Obrador les impone un fardo políticamente oneroso y quizá electoralmente nocivo a los candidatos de Morena, comenzando por la aspirante presidencial. Es la propuesta de un individuo que cree que encarna al pueblo y quiere suplantarlo, incluso para desfigurar la Constitución. Morena y sus militantes no han participado en el diseño ni en la discusión de esas iniciativas.

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Esas reformas son un inesperado obsequio para la oposición. Al discutir las propuestas del presidente, que Morena aplaudirá como si fueran el Santo Grial, el frente opositor tendrá la oportunidad de contrastar el autoritarismo y la demagogia que ellas representan con el diseño de un país en donde se reconozcan la diversidad, la participación y los derechos sociales.

El frente opositor, y los medios de comunicación, tienen la responsabilidad de acotar y examinar las propuestas de López Obrador sin que se conviertan en el eje del debate público. Aún hay mucho por hacer para difundir la corrupción del círculo más cercano al presidente, comenzando por los negocios de sus hijos. Hace falta que circulen ideas y compromisos para enfrentar las auténticas urgencias que agobian al país: detener la violencia; reconstruir la salud pública; atender la escasez de agua; articular, sin populismo ni mentiras, una auténtica política social.