Atentado contra el pueblo
En su versión educativa, la retórica populista se contradice a sí misma. El presidente dice que busca el bienestar del pueblo, pero en educación básica su amigo Marx Arriaga está a punto de consumar un crimen mayúsculo contra los pobres de México.
Este es el único significado que se puede atribuir al proyecto de nuevos planes de estudio y nuevos libros de texto que la SEP se quiere imponer en todos los niveles de educación básica (inicial, preescolar, primeria y secundaria) el próximo año escolar (2023-2024).
Libros de texto de la SEP
Es una rotunda imposición, un acto más de autoritarismo pues esa reforma no se ha consultado ni debatido con la ciudadanía, ni con los maestros ni con los padres de familia. Se preparó de manera solapada, como se preparan las conspiraciones: en silencio, en lo obscurito y a espaldas de la sociedad.
Por esa razón poco se sabe de los pormenores de esta reforma que, de llevarse a cabo, tendrá consecuencias catastróficas para México.
Lo que es obvio es que los cambios que se proponen tienen un carácter ideológico y político que atentan contra los intereses del pueblo.
Los padres de familia de familias pobres envían a sus hijos a la escuela –haciendo grandes esfuerzos— con la esperanza de que la enseñanza les sirva para progresar y mejorar sus condiciones de vida; pues bien, la nueva reforma educativa explícitamente rechaza la idea de que los alumnos puedan incorporarse al mundo del trabajo y la producción con el argumento de que la escuela no debe “formar capital humano”.
Los padres de familia esperan que sus hijos adquieran en la escuela los fundamentos de la cultura universal, de la ciencia y de la tecnología, pero los impulsores de esta reforma –inteligencias oscurantistas, enemigos del pueblo— impugnan que la educación avance por la vía moderna.
La expectativa de los padres de familia es que sus hijos se preparen para mejorar su bienestar, sus condiciones de vida y su desarrollo personal, pero la reforma de la SEP niega al individuo y se propone entrenar a los alumnos para que al salir de la escuela actúen como “agentes de transformación social”. La escuela, dice la SEP, no debe ofrecer la cultura moderna, universal y nacional sino creencias religiosas, mitos y las nociones de sentido común que formarán parte de la cultura comunitaria.
El conocimiento escolar se unirá --en una posición subordinada-- con los saberes populares de las comunidades donde viven; en palabras concretas, los niños “van a aprender” en la escuela lo que se les enseña en sus hogares. La SEP, como el presidente, idealizan y mixtifican la vida de las comunidades pobres, pero los pobres no van a ser redimidos con la cultura de los pobres.
Los padres de familia envían a sus hijos a la escuela para que dejen de ser pobres. Los mexicanos pobres tienen derechos a dominar la ciencia y la tecnología para incorporarse con éxito al mundo contemporáneo. Negarles ese derecho es un crimen, un crimen.
Ese crimen se consumará cuando se aplique en las escuelas este modelo educativo comunitario que de ponerse en práctica traerá consigo un retraso educativo de 100, o más, años, un rezago que no hará regresar al orden social previo a la modernidad, es decir, al mundo pre-moderno.
Sorprende, sin embargo, el silencio que guardan ante este atentado antipatriótico y conservador los profesores y sus organizaciones gremiales. Muchos de ellos, suponemos no están adecuadamente informados del peligro que se cierne sobre su trabajo, pero otros, lamentablemente, han sido cautivados por la retórica populista en la que se envuelve el proyecto de reforma educativa
Estamos a escasos meses de que se perpetre este crimen contra nuestra cultura. Tristemente, no existe ningún órgano de expertos en educación que evalúe ese proyecto de tal manera que parece inevitable la imposición, pero eso no debe ser obstáculo para que los mexicanos (maestros, padres de familia, investigadores en educación, ciudadanos en general) comencemos desde ahora a actuar para combatir esa aberración.
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