El compliance político y la infraestructura pública
Sergio Martin Esquivel, presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) define el compliance como “un estándar internacional certificable ISO 37301 que de forma estructurada permite a las organizaciones adoptar una metodología con el objeto de prevenir el incumplimiento normativo. Su enfoque basado en gestión de riesgos, mejores prácticas y cultura de integridad, conduce a la implementación de manera idónea y eficaz de un modelo organizativo que genere evidencia y permita acreditar ante cualquier autoridad o tercero la vocación y debida operación”.
De este concepto se desprende que las características del compliance es la verificabilidad, la sistematización, la prevención, la identificación de riesgos, la mejora continua, la trazabilidad y la funcionalidad. La metodología que implica es aplicable a organizaciones de diversa naturaleza y tamaño, aunque suele estar vinculada con entidades relacionadas con el sector público, en sus diversos aspectos como los fiscales y administrativos y el mercado abierto al escrutinio de competidores y consumidores para evitar, entre otras practicas, la evasión o incumplimiento de obligaciones para obtener una ventaja indebida o incluso ilícita.
El compliance aplicado a la vida política es la identificación y gestión de los riesgos del ejercicio del poder con base en una metodológica que permite mejorar la calidad del gobierno y la transparencia de la acción de las entidades públicas. El supuesto básico para el uso de esta metodología es el respeto y promoción de la libertad, las comunidades y las organizaciones intermedias y el reconocimiento de que ningún actor es dueño de la verdad, ni el que impone el contenido y alcance del interés general.
En ese sentido, la gobernanza es el ambiente en el que los gobiernos democráticos actúan con base en el consenso en el que pudiera existir un compliance político que fije estándares de comportamiento aceptable por un gobernante que ha sido electo legítimamente por una mayoría, pero que está consciente que la convivencia armónica e institucional se funda en el respeto de los derechos de las minorías e inclusión de la visión de estás por el supuesto factible de la alternancia periódica en el poder.
La autonomía es el principio y vocación que opera en la instrumentación del compliance político. La jerarquía y la centralización son su antinomia. Por lo tanto, un gobierno que pretende concentrar en la cúspide del aparato estatal, reducir los espacios de debate público y sustituir la corresponsabilidad politica de los poderes por el plegamiento a las directrices del Ejecutivo afecta profundamente al Estado de derecho, que es la normatividad cuyo incumplimiento debe prevenirse.
El compliance político como metodología -esto no significa que el gobierno puede hacerse con base a un estándar- debe promover los valores democráticos y pluralistas dentro del sector público ampliado donde las entidades públicas y los particulares que gestionan lo público se coordinan con miras en la consecución del bienestar social. En materia de infraestructura, que fue el tema que se revisó en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo efectuado en Mérida esta semana, el compliance político es una garantía de que habrá instituciones autónomas que gestionen los riesgos, adopten las mejores prácticas y fomenten la cultura de integridad.
Los dos riesgos principales que seguramente serían identificables a través de esta metodología es la posibilidad de que las obras públicas iniciadas no se concluyan y que las obras necesarias no se realicen por conflictos personales o ideológicos derivados de la contienda electoral. La “sed” padecida en la zona metropolitana de Monterrey es un ejemplo de lo que sucede cuando estos riesgos se actualizan y se difiere por más de 6 años la construcción de la infraestructura hidráulica necesarísima para abastecer de agua a una población de casi de 4 millones de habitantes.
El compliance político debe garantizar que el derecho de la infraestructura se cumpla con base en la normatividad de obra pública aplicable y que se respeten los derechos a la infraestructura como son, entre otros, el derecho que las obras se concluyan y sean productivas. El caso del sistema del aeropuerto de la ciudad de México es una violación evidente a estos derechos.
En México, el compliance político como sistema lo representa el Sistema Nacional Anticorrupción que coordina a los órganos internos de control dentro y fuera del Poder Ejecutivo e involucra a los tres niveles de gobierno y es un modelo organizativo que privilegia la autonomía y la autogestión e incorpora la participación ciudadana. Estoy convencido que una buena operación de este sistema contribuirá a la prevención y los riesgos desde el seno de las organizaciones responsables y, con sello, habrá un mayor respeto de los derechos a la infraestructura y buena administración.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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