Pocos podrán argumentar en contra: los últimos días de agosto y el mes de septiembre que apenas terminó han sido los tiempos más complejos para el presidente López Obrador, su gobierno y sus simpatizantes, pero también para el país, algunas de las principales instituciones públicas e incluso el destino nacional. Tres acontecimientos han colocado al gobierno en la picota a poco menos de dos años de su conclusión: el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la discusión legislativa en torno a la ampliación del término constitucional para la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, así como la vulneración a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y el hackeo de información de la mayor sensibilidad por razones de seguridad nacional.

Como si fuese una mala coincidencia, el factor en común de estos tres hechos es el Ejército. Bien sean los señalamientos por el papel que jugaron en la desaparición de los normalistas, la continuación de su participación en tareas de seguridad pública o la responsabilidad por el descuido y negligencia en el cuidado de información confidencial, el Ejército hoy se ha convertido en el principal actor de la más delicada trama política del sexenio. En realidad, no es ninguna mala coincidencia. Cuando al inicio de su administración el presidente Calderón decidió hacer de las fuerzas armadas el principal instrumento de su lucha contra la delincuencia, el país entró en una espiral de militarización que con el tiempo se ha acentuado hasta colocarnos en el sitio en el que hoy nos encontramos: México está al borde de convertirse en un Estado militarista de facto y de iure.

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Sin poder señalar con absoluta precisión cuál fue el papel específico que jugó en los lamentabilísimos hechos sucedidos en septiembre de 2014 en Iguala, pero con la certeza del enorme poder que en los últimos años ha amasado a partir de tareas como la construcción y administración de megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya – por señalar solo dos de las más emblemáticas – y en medio del mayor escándalo de hackeo de información confidencial sufrido por cualquier institución del país, hoy se busca extender la participación del Ejército en la principal función de cualquier Estado: la seguridad de su población. Encinas dice que los militares jugaron un papel decisivo en la desaparición de los normalistas, pero los militares realizarán tareas de seguridad hasta 2028. El Ejército no ha podido proteger sus servidores ni resguardar la información contenida en ellos, pero habrá de cuidar de las y los mexicanos por los próximos años.

El momento que vive México, con el escándalo del hackeo, las divisiones y desavenencias provocadas por el Informe del Caso Ayotzinapa y la extensión del mandato de la militarización de la seguridad, hacen de estos los días más críticos para el presidente y su gobierno. Será difícil que política y electoralmente estos hechos no tengan consecuencias de cara a la sucesión presidencial, pero aún más importante, es un hecho que lo que estamos viviendo erosionará nuestro frágil Estado de Derecho, pues la militarización es enemiga de la democracia y esta es condición indispensable de aquél. Con militarización no hay democracia, y sin democracia no hay Estado de Derecho. Sin embargo, como suele suceder en situaciones de esta naturaleza, los que son días críticos para el gobierno y su partido, podrían convertirse en una oportunidad para la oposición y la construcción de una alternativa para el fortalecimiento del lánguido Estado de Derecho. Ante lo claro del panorama, la duda estriba en si los partidos de oposición y la sociedad estarán dispuestos a asumir el reto y convertir una crisis de gobierno en una oportunidad de Estado.

Profesor de la UNAM y consultor político

Twitter: @JoaquinNarro

Correo electrónico: joaquin.narro@gmail.com