En las últimas semanas se han presentado sucesos por parte del gobierno del Presidente López Obrador que han enviado señales de alarma a los inversionistas del sector privado. Sobresale el decreto que permitió a la Secretaría de Marina tomar bajo su control varios tramos de vías de tren que el Gobierno Federal tenía concesionados a Ferrosur, del empresario Germán Larrea. Otro suceso a considerar es el relativo a la anunciada cancelación de la concesión del aeropuerto para la aviación privada en Nuevo León y finalmente el anuncio de Citibanamex notificando que suspende el proceso de venta del grupo financiero, el cual se llevará a cabo hasta el año 2025, mediante una oferta en la bolsa.

Estos hechos han sido recibidos con bastante preocupación por los grupos empresariales de México, pero también del extranjero. Sin embargo, recordamos que históricamente, los empresarios más poderosos de nuestro país, con algunas excepciones, se han plegado a los intereses de los diferentes gobiernos que han controlado el poder político desde, por lo menos el sexenio de Manuel Ávila Camacho, hasta nuestros días, período que abarca 80 años en el que ocuparon la Presidencia de la República personajes de diferente corriente política. Aún cuando buena parte de este período estuvo dominado por el PRI que más que un partido político clásico, podría definirse como un movimiento de frente amplio donde conviven políticos de izquierda, derecha o centro, algo muy parecido a lo que es hoy Morena. Lo cierto es que los empresarios, organizados a través de 14 cámaras industriales aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial, que en número de 2000 asociaciones y empresas, representan un valor cercano al 80% del Producto Interno Bruto.

Su poder económico es incuestionable, lo que permitiría que el importante sector empresarial de México fuera más influyente en la toma de decisiones de los gobiernos en turno con una participación más activa, no sólo a base de declaraciones en los medios si no haciendo valer su enorme poder como generadores del mayor número de empleos en el país, con habilidad para negociar y hacer que muchas de las políticas públicas ejercidas por el gobierno, apoyen a un sector clave en el desarrollo económico y social del país. Es de reconocerse que cada vez observamos una actitud de mayor participación y oportunidad para estar pendientes de decisiones que el gobierno toma y que afectan el desarrollo de los negocios y la inversión.

Pero no se trata sólo que los empresarios más ricos de México tengan derecho de picaporte con la oficina presidencial para proteger e incrementar sus negocios, si no que a través de sus organizaciones y cámaras a nivel nacional difundan la importancia que tiene la actividad empresarial como motor del desarrollo regional. Hace mucha falta un ideólogo cuyo prestigio empresarial, le de la fuerza y legitimidad para influir en las decisiones del gobierno que a menudo afectan a todos los ciudadanos y que también pueda hacerse escuchar, con la fuerza necesaria ante decisiones equivocadas que afectan no sólo a los intereses empresariales sino al país entero.

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Algunos dueños y directivos de importantes empresas, que no se sienten bien representados por sus líderes cupulares, a menudo han calificado de blandengues y agachones a quienes los deberían defender y representar con la dignidad necesaria y no doblegarse ante el poder del estado.

@fer_martinezg

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