Meten presión al sector automotriz
Que complicado se vuelve para un jefe de estado el proceso de toma de decisiones cuándo determinada medida beneficia a un sector pero al mismo tiempo afecta a otro. Ante esta realidad lo sensato sería optar por la decisión que menos afecte a los sectores involucrados y se eviten males mayores. Un ejemplo de esta situación es lo relacionado con la regularización de los autos conocidos como “chocolate”, que comenzó en octubre de 2021 apoyada por un decreto presidencial.
Parque vehicular en México
Es un hecho que el problema, añejo por cierto, de los autos chocolate que ingresaron al país de forma ilegal, afecta a importantes núcleos poblacionales de estados como Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, al poseer vehículos ilegales que no les permite tener certeza jurídica ni seguridad sobre su propiedad. Es cierto también que muchos de estos coches representan negocios ilícitos para el crimen organizado, pero indudablemente la mayoría de los casos son de propietarios de condición humilde que sólo así pueden tener un vehículo para trabajar. Independientemente de esta situación, el problema presenta dos aristas: Miles de personas beneficiadas, pero al mismo tiempo afectaciones al sector automotriz.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), que preside Guillermo Rosales Zárate, informó recientemente que durante 2022 fueron más los autos regularizados que los que se vendieron en agencias automotrices. Las cifras no son muy contrastantes, aún así dan idea del impacto negativo que ya se nota para el sector automotriz: 1,200,000 autos regularizados contra 1,070,000 vendidos. El problema es que con estas bajas en el negocio se generan despidos de trabajadores y una menor captación de impuestos para el SAT.
Hasta ahora el erario no ha resentido todavía una sensible baja en la recaudación gracias a los ingresos petroleros que resultaron muy por encima de lo pronosticado pero esta ventaja no es permanente y no sabemos a ciencia cierta como se comportaran los precios del petróleo el año que está comenzando.
Esta medida de regularizar los autos ilegales ya se había implementado en la época de Vicente Fox, entre 2006 y 2007 pero se suspendió y ahora el actual gobierno la retomó para responder a una promesa de campaña y tendrá vigencia hasta el fin del mes de marzo de este año. Habrá que ver si la medida no resulta contraproducente.
DOS NUEVOS CONTRATOS PARA GRUPO INDI
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSSTE), que dirige Pedro Zenteno Santaella, entregó a la empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., filial de Grupo INDI, fundada por Manuel Muñozcano, la construcción de dos hospitales.
El primero se trata del Hospital General de 150 camas en Tampico, Tamaulipas, cuyo costo será de aproximadamente 2 mil 318 millones de pesos, y deberá ser terminando en marzo de 2024. El segundo contrato es para la edificación de una clínica - hospital con capacidad de 20 camas en la localidad Cabo San Lucas, Baja California Sur, por la suma de 509 mil 731 millones de pesos, que se entregará en enero de 2024.
Por lo montos, las obras debieron ser licitadas para buscar las mejores condiciones para el instituto. Dentro de las obras que ha ganado Grupo Indi en lo que va del sexenio, se encuentra la construcción de los viaductos elevados que conducirán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el tramo 3 del Tren Maya.
Amigo lector, lo invito a escuchar los temas que se tratan en esta columna todos los martes por la Nueva Radio de la Ciudad de México 105.3 FM, en el programa que conduce diariamente Hannia Novell a las 5 de la tarde.
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