Aquello que permite distinguir una forma de gobierno democrática de otra autoritaria no es que una se base en el consenso y la otra sobre el disenso, sino que en las primeras existe un consenso que admite y respeta el disenso de la minoría, mientras que en las segundas simplemente se persigue a los disidentes. La construcción de la democracia es producto de distintas fases históricas como aconteció en México, donde se adoptó el camino de las aperturas políticas a través de reformas electorales sustentadas en acuerdos con la oposición. Ciertamente, nuestra transición política desde un sistema de partido único a otro de carácter multipartidista aún se encuentra inconclusa, pero no obstante sus defectos, hasta hace poco propios y extraños reconocían que se estaba configurando un sistema democrático fundado en la inclusión de múltiples actores políticos. Esto actualmente ya no es así, prevaleciendo la percepción de que nuestro sistema se encuentra afectado por una grave involución política que consistentemente se aleja del Estado constitucional y democrático de derecho. En el futuro, los estudiosos deberán explicar las razones por las cuales un gobierno de fanáticos e improvisados logró establecerse en un país relativamente avanzado en términos culturales, económicos y sociales.

La 4T abandonó con rapidez los principios democráticos expresados originalmente por nuestra transición, para tratar de imponer una nueva hegemonía política sobre la sociedad. La desarticulación institucional del Estado inició desde el Poder Legislativo y desde allí se trasladó al Poder Judicial, que terminó neutralizando sus capacidades de control y contrapeso sobre el Poder Ejecutivo. De esta manera, utilizando los medios democráticos -especialmente la libertad de expresión y los procesos electorales independientes- el obradorismo construye un gobierno no democrático que trata de configurar un “Estado-potencia” fundado en la Razón de Estado donde, a semejanza de otros sistemas cerrados, la voluntad de un solo individuo es la representación misma del interés nacional. Exaltando un viejo nacionalismo autoritario y conservador se manipula el apoyo popular para imponer un sistema vertical de toma de decisiones, justamente lo que caracteriza a los sistemas autoritarios como enseñan las experiencias del nazismo, fascismo y estalinismo.

La Razón de Estado sostiene que el fin primario de toda organización política que gobierna y ejerce el poder público, consiste en concentrar, incrementar y asegurar su propia influencia sobre el Estado en detrimento de cualquier otro aspecto, ético o jurídico, que pudiera obstaculizar esos objetivos. La Razón de Estado se nutre de la fascinación por el lado oscuro del poder, por las técnicas de la simulación y de la manipulación social, en una palabra, por los secretos y la opacidad. Considera que la voluntad de poder es más efectiva si se mantiene alejada de las miradas indiscretas de quienes deben obedecerla. El fundamento del poder político autoritario, sin importar su forma o grado de desarrollo, es la existencia de una tendencia orgánica latente orientada a su continuo incremento y consolidación como única finalidad explicita.

Nuestro proceso de cambio político hacia una democracia de calidad se encuentra seriamente amenazado desde el poder. El ataque a las instituciones y a la normatividad electoral, el desprecio por la legalidad y la transparencia, el derroche de los recursos públicos en contextos de emergencias sociales, el fomento de la polarización, la ruptura del vínculo con los ciudadanos, la mentira y la demagogia como estrategia de gobierno, el abandono de la tarea fundamental de cualquier Estado de proveer seguridad pública a la población, la imposición a la sociedad de una sola manera de interpretar la realidad, entre otras prácticas cotidianas del poder político, marcan el declive de nuestras aspiraciones como sociedad democrática.