Opinión

Repartir dinero o combatir la pobreza

El mensaje del presidente emitido el miércoles 4 de enero, sobre la ayuda que su gobierno otorga a amplios grupos de ciudadanos que viven en pobreza, es nítido en muchos sentidos y ayuda a comprender algunos cuestionamientos que desde el principio se hicieron a la política social de su gobierno. Lo primero que queda claro es el propósito: lo que busca la política social no es combatir la pobreza sino asegurar la lealtad política de los beneficiarios al presidente y su partido.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que “ayudar a los pobres es un asunto de estrategia política”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que “ayudar a los pobres es un asunto de estrategia política”

Cuartoscuro

Con el objetivo establecido con tanta claridad se explica también el diseño de los mecanismos de apoyo. La entrega directa de dinero en efectivo –“sin intermediarios”- a diferentes grupos de personas vulnerables contiene el mensaje político de que es el propio presidente en persona el que está dando el apoyo. Ello genera un fuerte vínculo paternalista entre el presidente y las personas que son objeto de “su generosidad”. Los individuos que reciben el dinero quedan agradecidos con él y éste, a su vez, dice llenarse de felicidad por “ayudar a los pobres”; en consecuencia, se piensa que el círculo de la lealtad está asegurado, de ahí la frase repetida de “amor con amor se paga”.

Otra cuestión que se comprende es la siguiente: ¿por qué modificar los padrones de beneficiarios de los programas sociales anteriores, construidos por dependencias especializadas, con criterios, información y análisis del Coneval -los cuales estaban a la vista y podían ser auditados - y sustituirlos por listados levantados por un ejército de militantes políticos? En los nuevos padrones la idea era apuntar, del universo de personas ubicadas en condición de pobreza, a las potenciales clientelas electorales.

Dar prioridad al reparto en efectivo entre la población vulnerable puede efectivamente generar lealtad política inmediata entre ciertos grupos beneficiados, pero en la medida en que estos apoyos no resuelven las condiciones estructurales de la pobreza, en el mediano y largo plazos, la política social así entendida puede agravar el problema y suscitar mayor malestar hacia el gobierno. De hecho, según los datos del INEGI y el Coneval, la pobreza en el país ha aumentado en este gobierno y el ingreso per cápita es menor ahora que hace cinco años. Hay que recordar que más de dos terceras partes del ingreso de los hogares proviene del trabajo remunerado y éste ha disminuido en el total. Es así como la población con recursos inferior a la línea de pobreza por ingresos se ha incrementado de acuerdo con datos del propio Coneval. Este organismo aplica una metodología para medir la pobreza con un enfoque multidimensional, de tal manera que además de la población vulnerable a los ingresos, identifica a grupos que también enfrentan carencias sociales de otro tipo. El número de personas que enfrentan carencias por acceso a los servicios de seguridad social han crecido dramáticamente. Han aumentado las personas que no tienen acceso a la salud y a una alimentación nutritiva y de calidad. Solo han disminuido ligeramente las carencias relacionadas con los espacios de calidad y servicios básicos en las viviendas.

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Los apoyos en especie que el gobierno otorga a la población a través de diferentes instituciones de seguridad social han disminuido visiblemente. Los recortes al presupuesto en educación han sido constantes. Los recursos con los que contaba el seguro popular prácticamente desaparecieron. También han disminuido o desaparecido fondos y fideicomisos destinados al apoyo de la cultura, las artes la investigación y al otorgamiento de becas. Desaparecieron o disminuyeron los fondos de estabilización de los ingresos presupuestales y para hacerle frente a los desastres naturales. La inversión para mantener o ampliar la infraestructura física de comunicaciones y transportes ha caído significativamente, al igual que la destinada a los servicios urbanos, como agua potable, alcantarillado y saneamiento. La mayoría de las dependencias y entidades de la administración pública federal han visto recortados a niveles insostenibles sus presupuestos de gasto e inversión.

El resultado de todo lo anterior es que tenemos un Estado institucionalmente más débil. Ahora el gobierno destina en su conjunto menos recursos en relación al PIB en programas sociales que los que se otorgaban en el gobierno anterior y un porcentaje notablemente menor de mexicanos tienen acceso al menos a un programa social como lo documenta Raúl Trejo Delarbre, en su entrega a Crónica del pasado lunes.

Los montos de reparto en efectivo a una población seleccionada discrecionalmente con fines de apoyo político, puestos en la balanza han sido, a juzgar por los resultados, inferiores a los requeridos por una población llena de carencias y desigualdad en el acceso al bienestar. Se renunció a una reforma fiscal -cuando se tenían los votos- para darle sustento sólido al financiamiento de una política social bien dirigida, de amplio espectro y se recurrió a la austeridad para no desbordar el equilibrio fiscal. El resultado es que “la “deuda social” se ha incrementado al debilitarse el compromiso del gobierno con la sociedad para resolver los problemas de desarrollo, pobreza y desigualdad” (A. Werner y A. Milo. El estado del Estado. Reforma)

Gobernar para intentar “ir a la segura” en materia de lealtades políticas en lugar de hacerlo para resolver problemas sociales o económicos, explica en gran medida el “estilo personal de gobernar” de este presidente en muchos ámbitos de la vida pública. Desde la cancelación del aeropuerto y el impulso de grandes obras con poca o nula rentabilidad económica y social hasta las controversias desatadas por su intervención en la política interna de otros países, pasando por las disputas con inversionistas extranjeros y el desafío al cumplimiento de tratados comerciales internacionales; todo tiene que ver con la búsqueda del mantenimiento de las lealtades entre sus clientelas.

La cuestión es: ¿tendrá éxito su estrategia política de “ayudar a los pobres” para buscar “ir a la segura” o la falta de una visión integral para combatir la pobreza le cobrará factura en un plazo mayor? ¿Los ciudadanos que ahora se muestran firmes seguidores, al poner en la báscula lo que ganaron y perdieron, seguirán brindando su lealtad al “benefactor”? Lo veremos.