Convengamos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la habilidad de mantener a la opinión pública atenta a lo que dice y hace. Es un prestidigitador nato. En la más reciente de sus explosivas declaraciones dijo que ya había redactado un “testamento político”. Esto, después de salir del Hospital Militar donde le practicaron un cateterismo de emergencia. El que López Obrador diera a conocer que ya dejó un “testamento político” se presta a todo tipo de especulaciones e interpretaciones.

En primer lugar, deja dudas sobre su salud: ¿En qué condiciones físicas se encuentra, realmente, el tabasqueño? ¿Hay algún pronóstico sobre la evolución de sus males cardiacos?

Cuando rindió protesta como presidente de la república, el 1° de diciembre de 2018, procedió de acuerdo con el artículo 87 de la Constitución. Allí se lee: “El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.”

El juramento que hizo ese día lo obliga, lógicamente, a respetar la forma de gobierno que los mexicanos nos hemos dado y que se encuentra especificada en el artículo 40 de nuestra Carta Magna: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal…”

Ahora bien, la Constitución también prevé la eventualidad de que el jefe del Ejecutivo falte: el artículo 84 prescribe que, si esa ausencia llegase a ocurrir dentro de los últimos cuatro años de su mandato, entonces, el Congreso de la Unión, por votación de, al menos, dos tercios de los legisladores nombrará a un presidente sustituto.

Así pues, la presidencia de la república no es heredable como sucede en las monarquías absolutas o en las monarquías parlamentarias. En contraste, en las repúblicas constitucionales están previstos en la ley los mecanismos para suplir al jefe del Ejecutivo.

Se podría argüir que ese “testamento político” es, simplemente, un legado que el hombre de Tepetitán deja a la posteridad; no obstante, el hecho es grave: muestra una visión patrimonial de la política. Me explico: de acuerdo con Max Weber el patrimonialismo es la confusión entre bienes públicos y bienes privados (Economía y sociedad, tomo I, México, FCE, p. 185). Aparte de los delirios de grandeza que son evidentes en la personalidad de López Obrador, en él también encontramos esta visión arcaica de la política: el poder me pertenece. Y así, como si fuese propiedad privada, el tabasqueño lo considera transferible como si se tratase de un terreno, una casa o una finca.

Esta visión patrimonial de la política no sólo es perceptible en su “testamento”, sino también en la forma en que ha manejado el gobierno: una vez más—siguiendo a Max Weber—la evolución de la sociedad marcó el paso de la administración patrimonial a la administración legal-racional. En esta última hay una separación completa entre el cuadro administrativo y los recursos propiedad de la nación; para ocupar un cargo público es preciso demostrar capacidad, profesionalismo, competencia especializada y posibilidades de ascenso. Así se creó el “servicio civil de carrera.” Hay una lealtad institucional.

Por el contrario, en la administración patrimonial, los nombramientos no son hechos por capacidad, sino por lealtad al líder. No se necesita, por tanto, capacidad profesional; las posibilidades de ascenso están dadas por la cercanía al jefe o a su gente de confianza. A este tipo de (des)organización se le conoce como “sistema de botín” (spoil system). La corrupción es el aceite que lubrica la maquinaria. Aquí lo que vale es la fidelidad al Señor.

Ciertamente, en México ya privaba una especie de burocracia-patrimonial. El asunto es que se habían dado pasos firmes para ir sustituyendo el sistema patrimonial por el sistema legal-racional: la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la ampliación de las funciones del INAI, la introducción del servicio civil de carrera en varias instancias. El problema es que estos avances han sufrido un retroceso con la llegada de López Obrador al poder. El patrimonialismo se ha fortalecido.

Una de las características de los gobiernos tiránicos es que no obedecen a la ley, sino al capricho del autócrata. Por eso es importante, someter el poder a la ley. A la corriente que abandera la supremacía de la ley se le conoce como “constitucionalista”. Dice Norberto Bobbio: “Los méritos del gobierno sub lege (sometido a la ley) consisten en impedir o por lo menos en obstaculizar el abuso de poder.” (Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1991, p. 176)

Aquí queda “como anillo al dedo” lo dicho por Alexander Hamilton en la primera carta de El Federalista: “La historia nos enseña que los hombres que han anulado las libertades de las repúblicas, comenzaron sus carreras proclamando su devoción al pueblo. Fueron ganando posiciones atizando los prejuicios de la gente y terminaron como tiranos.” (The Federalist Papers, Washington, Merril Press, 1999, p. 18)

En ese mismo libro se lee, en la sexta carta: “los hombres con demasiada frecuencia han abusado de las posiciones que les dio la confianza pública usando como pretexto el bienestar general sacrificando la tranquilidad de la nación con el fin de obtener ventajas y gratificaciones personales.” (cit., p. 31).

López Obrador jamás ha concebido el poder político más que como un instrumento para alcanzar sus intereses personales. Su “testamento político” es prueba de ello. Esos testamentos no se hacen desde la silla presidencial, sino desde el trono del monarca o del tirano, también en la poltrona del sultán.