Orígenes de un problema complejo
Aunque puede desarrollarse en cualquier etapa del ciclo de vida, la obesidad frecuentemente se origina en la infancia o adolescencia. La obesidad se define por la Organización Mundial de la Salud como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud, se determinan en adultos como un índice de su masa corporal (kg/m2) mayor a 30 y en niños se evalúa según curvas de crecimiento específicas por edad y sexo. Entre los 0 y 5 años, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ha oscilado entre 6.7% y 9.7% en los últimos 25 años (ENSANUT, 2023). Sin embargo, en la etapa escolar (5–11 años), luego de haberse incrementado ininterrumpidamente en el periodo 1988-2012 (Hernández-Cordero et al., 2017), las cifras se disparan, alcanzando 18.6% en 2020 y 2021 (ENSANUT, 2021), como puede verse en la Figura 1. Aunque hay indicios de estabilización reciente, México sigue estando entre los países con mayores tasas de obesidad infantil a nivel mundial. Geográficamente, la prevalencia de obesidad en la etapa escolar se concentra más en los estados del norte y el sureste, pero en los estados con mayor marginación está creciendo aceleradamente.
Lo preocupante es que este problema está en transición hacia hogares en situación de rezago social, donde los factores estructurales amplifican el riesgo (Fernald et al., 2007). Por ejemplo, un mayor gasto en productos comestibles ultraprocesados (formulaciones industriales basadas en ingredientes procesados con altos contenidos de azúcares añadidos y/o grasas saturadas y/o sodio) se asocia con indicadores de obesidad (Hernández et al., 2025). Se suman a ello hipótesis científicas como las influencias intergeneracionales (Emanuel, 1986) y la programación fetal hereditaria (Barker, 1990), pero lo más relevante ha sido el cambio acelerado en los entornos y sistemas alimentarios. El sistema alimentario abarca los elementos y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos, así como los resultados en salud, socioeconómicos y ambientales de estas actividades.
Entornos alimentarios escolares que promueven la obesidad
El entorno alimentario es el espacio físico, económico, político y sociocultural que enmarca las elecciones alimentarias de las personas. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio en los años noventa, los entornos alimentarios en México —especialmente los escolares— se volvieron altamente obesogénicos, es decir, promotores de obesidad (Safdie et al., 2013). A pesar de intentos de regulación desde 2010, las políticas fracasaron por falta de aplicación efectiva. Pero los nuevos lineamientos vigentes a partir de marzo de 2025, ahora respaldados por un marco legal robusto, muestran avances preliminares, pero su impacto aún debe evaluarse rigurosamente.
Impactos negativos persistentes en salud y esperanza de vida
La obesidad en etapas tempranas se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar obesidad en la adultez, así como con la aparición temprana de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Estas condiciones son actualmente las principales causas de discapacidad y muerte en el país. México es el país con la mayor pérdida de esperanza de vida atribuible a la obesidad entre 52 economías evaluadas por la OCDE: 4.2 años menos por persona (OCDE, 2019).
Impacto económico y social: menor productividad, mayor desigualdad
El efecto de la obesidad trasciende el ámbito clínico. La salud fue propuesta desde hace décadas como un impulsor clave de la productividad (Grossman, 1972), y se ha documentado que la obesidad la reduce considerablemente (OCDE, 2019).
En la infancia, la obesidad puede mermar el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, impactando el rendimiento escolar y, por ende, el logro educativo, un fuerte predictor de los ingresos laborales en la adultez (OCDE, 2019). Una persona con una o dos enfermedades crónicas tiene entre 8% y 17% menos probabilidades de estar empleada. Incluso sin diagnósticos formales, quienes viven con obesidad suelen presentar menor productividad, mayor ausentismo y presentismo (reducción del desempeño sin dejar de asistir al trabajo) laboral, y una propensión mayor a jubilaciones anticipadas o muertes prematuras (Global Competitiveness Report, 2016).
En 2008, los costos directos para el sistema de salud pública por enfermedades relacionadas con la obesidad alcanzaron los 42,000 millones de pesos, mientras que las pérdidas por productividad asociadas a muertes prematuras fueron de 25,000 millones (Álvarez del Río et al., 2012). Este tipo de carga económica afecta la recaudación fiscal y presiona el presupuesto público, particularmente en un contexto de envejecimiento poblacional y baja natalidad.
El problema afecta cada vez más a poblaciones vulnerables: niños y adolescentes de áreas rurales, hogares con bajo nivel socioeconómico, madres jóvenes o con menor nivel educativo, menor estatura materna, y familias numerosas (Fernald, 2007). Estos factores se asocian simultáneamente con obesidad y baja talla para la edad. A ello se suman obstáculos como la falta de acceso a alimentos saludables, precios altos, disponibilidad limitada y acceso errático a agua potable.
Cuestión de derechos humanos y responsabilidad del Estado
La salud y la alimentación adecuada son derechos humanos que deben ser garantizados. Dado que los actuales patrones alimentarios son el principal determinante de la obesidad, el Estado tiene la responsabilidad de construir entornos y sistemas alimentarios más saludables y sostenibles. Esto incluye asegurar el acceso económico y físico a alimentos nutritivos, información clara y publicidad no engañosa.
La resistencia de algunos padres a los nuevos lineamientos escolares pone en evidencia las tensiones que enfrentan las familias al alimentar a sus hijos, así como el poderoso papel de la mercadotecnia en moldear normas sociales, cuando se le usa para posicionar la aceptabilidad de productos de consumo frecuente no recomendable. No obstante, el interés superior de la niñez debe guiar la política pública.
La recientemente promulgada Ley de la Alimentación Adecuada y Sostenible constituye un avance al establecer mecanismos para exigir y hacer exigibles estos derechos, tanto frente a instituciones públicas como actores privados (Pineda et al., 2025).
Necesidad de una política de Estado con visión de futuro
México es reconocido como un país innovador en políticas contra la obesidad, junto con países latinoamericanos como Chile y Brasil. Sin embargo, ningún país ha logrado revertir aún la epidemia. La situación se complica con desafíos globales como la crisis climática, la migración forzada y la inestabilidad económica. Por ello, es imperativo tomar decisiones basadas en evidencia.
La obesidad, al igual que el PIB, es un indicador imperfecto, pero útil. No debe verse como un síntoma aislado, sino como un reflejo de condiciones estructurales. En ese sentido, su prevalencia también puede interpretarse como una señal del nivel de desarrollo humano y social.
Invertir en la infancia y la adolescencia no es asistencialismo: es una estrategia costo-efectiva, inteligente y necesaria. Es apostar por un país con más capacidades, más libertad y mayor productividad.
