“Abatimiento” de “El Mencho” no ataca ni cambia el problema de raíz, señalan especialistas

El pasado veintidós de febrero, en un operativo coordinado por el Ejército Mexicano, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Alrededor de este tema de seguridad giran otros más, puesto que atraviesa diversos aspectos de la vida nacional. Para entender mejor este fenómeno y comprender si tendrá una repercusión de fondo en el problema de violencia y narcotráfico en el país, hemos convocado en Ciencia por México a cuatro especialistas, miembros de Siintracatedras y del programa Investigadores por México, quienes nos comparten su análisis.

La figura de “El Mencho” no solo simbolizaba el liderazgo de una de las organizaciones criminales más expansivas de las últimas décadas, sino también la consolidación de un modelo empresarial del delito que diversificó operaciones, sofisticó su logística y perfeccionó sus estrategias de comunicación, exponen los especialistas.

Sin embargo, la pregunta central permanece: ¿el abatimiento de un líder transforma de fondo el fenómeno de la violencia y el narcotráfico en el país o se trata de un episodio más dentro de una dinámica estructural más amplia?

POLÍTICA DE “DECAPITACIONES”.

Para Daniel Zizumbo, Investigador por México adscrito a El Colegio de Jalisco, el hecho debe analizarse dentro de una estrategia más amplia que no es nueva en México: el descabezamiento de organizaciones criminales.

“Es un acontecimiento sin precedentes en términos de lo extensivo y de lo visual que fue la violencia que ocurrió”, señala el experto en política comparada y métodos cuantitativos. Sin embargo, matiza: “Este último evento es otra expresión más de esta misma política de decapitaciones de altos mandos que realmente no tiene un trasfondo sistemático en la lucha del crimen organizado”.

Desde su perspectiva, aunque la acción tiene una fuerte carga simbólica y mediática, no necesariamente implica una transformación estructural del fenómeno criminal. La eliminación de un líder puede generar reacomodos, pero no garantiza la desarticulación de las redes que sostienen la operación cotidiana del grupo.

Por otra parte, Zizumbo –cuya investigación se centra en la opinión pública, la psicología política y el comportamiento político– introduce un elemento poco discutido: el papel de los sistemas penitenciarios. “Hay datos y evidencia tanto cuantitativa como cualitativa que muestra que las cárceles tanto en Estados Unidos como en México están sirviendo como universidades del crimen”, afirma. El caso de “El Mencho”, aunque emblemático, no es el único en que personas detenidas o expulsadas regresan para continuar con redes de tráfico de drogas o armas, añade. “Es inescapable esa responsabilidad”.

MAPA DE LA VIOLENCIA.

Desde la geografía de la violencia, María del Pilar Fuerte Celis, Investigadora por México adscrita al Programa de Seguridad Ciudadana del Centro Geo, decidió observar el fenómeno en el territorio.

“Me di a la tarea de poner dónde se habían dado esos diferentes bloqueos para tratar de pensar si esto se había dado en forma espontánea o si existía realmente un patrón. Me di cuenta que sí existe un patrón espacial de lo ocurrido el 22F”, explica la especialista en geografía de la violencia, el narcotráfico y la emigración y la organización de los territorios urbanos.

Lo que encontró fue un esquema de concentración y expansión cuyo epicentro fue Jalisco. “Fueron más o menos sesenta y cinco bloqueos a lo largo de Jalisco”, a partir de ese núcleo se generó un “estrangulamiento” en carreteras y entronques estratégicos. No se trató de hechos aislados, sino de puntos seleccionados con lógica táctica.

La investigadora también detectó una “metropolización de la violencia”: en la zona metropolitana de Guadalajara se registraron veintidós puntos con actos particularmente intensos. “Eso nos está hablando de una selección de puntos que no fueron al azar, sino de un proceso de organización, de táctica y de control”, sostiene.

El mensaje, en su lectura, fue simbólico y estratégico: la organización demostró capacidad de “gobernar negativamente el territorio”, imponer reglas y enviar señales tanto al Estado como a grupos rivales.

Para la académica es importante modificar la forma en que se conceptualiza a estas organizaciones. “Decirle al público y a los actores políticos que no hablemos de cárteles, sino de empresas criminales”, puesto que poseen “capacidad operativa, logística y de fragmentación” que va más allá de un liderazgo individual.

“Es como el descabezamiento de un cerro”, ejemplifica. Quitar una cabeza no implica la desaparición de la estructura. A diferencia de los años noventa, cuando la caída de Pablo Escobar significó el desmantelamiento del Cártel de Medellín, hoy las organizaciones funcionan mediante nodos, operadores de plaza y diversificación territorial.

FRANQUICIAS CRIMINALES.

Fernando Jiménez Sánchez, especialista en Seguridad Nacional y miembro del Consejo de Seguridad del Estado de Jalisco, coincide en que el CJNG opera bajo un modelo descentralizado.

“El Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización que funciona por franquicias”, explica. Bajo esta lógica, la reorganización tras la muerte del líder no necesariamente responde a una derrota estructural. “Se da por un repliegue táctico de la propia organización criminal, no por una presencia abrumadora de las fuerzas federales”, puntualiza el también Investigador por México adscrito a El Colegio de Jalisco.

Para Jiménez, el operativo forma parte de una estrategia global conocida como descabezamiento, cuyo objetivo es neutralizar liderazgos visibles. “Busca acabar con la sensación de impunidad y fortalecer la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones”, señala.

En términos simbólicos, la eliminación de una figura como “El Mencho” envía el mensaje de que el Estado actúa. “Es una estrategia enfocada en demostrar que el Estado sí está haciendo algo en contra de estos actores muy públicos y muy conocidos”, afirma.

No obstante, advierte que la verdadera prueba comienza después. “Tenemos que aprovechar la coyuntura para operar en contra de la organización criminal y empezar a desarticularla, o no permitir que surjan organizaciones más violentas que en diez años se vuelvan globales”, señala. De lo contrario, el riesgo es que el hecho quede como “una operación muy festejable, pero una sola operación de una estrategia mucho más grande”.

En el corto plazo, prevé “esporádicos actos de violencia a nivel nacional” derivados de pugnas internas. No espera una nueva focalización masiva, sino disputas fragmentadas por control territorial.

REDES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.

Edgar Guerra, investigador adscrito al Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, introduce otra dimensión: la profundidad de las redes construidas por la organización. Explica que el CJNG no solo diversificó su portafolio delictivo, sino que lo complementó con actividades como lavado de dinero, inversión inmobiliaria e incluso negocios aparentemente legales como panaderías.

“Las redes que se han construido no solamente con el campo político, no solamente con el campo económico, sino también con el campo social, hacen muy difícil desmontar estas estructuras delictivas”.

Si el objetivo es evitar que el descabezamiento quede como un evento aislado, sostiene, habría que ir “por las organizaciones y sobre todo por estas redes de protección y de vinculación empresarial y social”.

Ejemplos como Tequila o Puerto Vallarta muestran —de acuerdo al especialista en sociología de los grupos armados, de los movimientos sociales y la política de drogas— la profundidad de esa vinculación entre actores criminales y esferas económicas locales. Sin atacar esos lazos, el desmantelamiento real parece improbable.

Pero este cobijo sería poco útil, sin la complicidad de las esferas en la política, acota Daniel Zizumbo. “El elefante en el cuarto es la parte política”, sostiene. Más allá de la industria criminal o las redes sociales, el problema radica en la debilidad institucional.

“En ciencia política, cuando hablamos de institucionalidad nos referimos a las reglas del juego para acceder al poder, y en México están muy enfermas las reglas del juego”, afirma.

Para el académico, la infiltración de grupos criminales en estructuras locales de poder y en dinámicas hiperlocales de competencia política constituye un obstáculo mayor que la permanencia de un líder específico. Sin fortalecer reglas, transparencia y mecanismos de acceso al poder, el ciclo de captura institucional puede reproducirse. El caso más reciente y vulnerable será la elección de jueces en todo el país, que estará a merced de la delincuencia organizada.

EL CÁRTEL EN TIK TOK.

Otro frente crucial es el comunicacional. Edgar Guerra observa que el operativo del 22 de febrero no fue únicamente territorial, sino también mediático.

“Esta organización se ha especializado en la comunicación de la violencia como forma de aterrorizar”, señala. Lo ocurrido incluyó la difusión de videos previamente fabricados y el uso de inteligencia artificial.

“Vimos también un operativo comunicacional”, afirma. La circulación estratégica de imágenes y mensajes amplificó el impacto psicológico más allá de los hechos físicos.

Lo que considera preocupante es que actores políticos y líderes de oposición reproduzcan ese contenido. “Muchas veces conscientemente”. Al hacerlo, advierte, se contribuye a la estrategia de terror y se abona a un ambiente de mayor tensión.

Desde su perspectiva, investigadores, medios y figuras públicas deben asumir responsabilidad y evitar amplificar discursos provenientes de grupos criminales.

¿UN PUNTO DE INFLEXIÓN?

La muerte de “El Mencho” cierra un capítulo simbólico en la historia del crimen organizado en México. Pero como coinciden los especialistas, el liderazgo personal es solo una pieza dentro de una estructura compleja, empresarial y profundamente enraizada en redes sociales, económicas y políticas.

El desafío no radica únicamente en neutralizar a figuras visibles, sino en desmontar las condiciones que permiten la reproducción del fenómeno: debilidad institucional, mercados ilegales transnacionales, corrupción, redes empresariales y estrategias comunicativas de terror.

Si el Estado logra aprovechar la coyuntura para intervenir de manera integral —territorial, financiera, política y simbólica— el hecho podría marcar un punto de inflexión. Si no, quedará inscrito en la larga lista de “decapitaciones” que, aunque espectaculares, no transformaron de fondo el mapa de la violencia en el país.

“Creo que va a ser un acto más, una operación más y que no lleva una lógica de fenómeno criminal”, señala Fernando Jiménez. No se trata de la detención de un líder, sino de la complejidad del fenómeno. “Es una hidra muy compleja, como cualquier mercado”.

El 22 de febrero pasará a los libros como la fecha en que cayó uno de los capos más poderosos de las últimas décadas. Lo que aún está por escribirse es si su caída significó el principio del fin de una organización o simplemente el inicio de una nueva fase de reconfiguración criminal.

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