Hace unos meses que el Instituto Mexicano Para la Competitividad (IMCO) publicó un breve análisis sobre la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, destacando las dinámicas de corrupción en México y cómo este fenómeno genera riesgos que afectan en su competitividad e impactan seriamente en sus instituciones y en la ciudadanía.
Los resultados no son positivos, el costo por sobornos o extorsiones afecta en aproximadamente 25,000 millones de pesos a la ciudadanía en general, según el INEGI. La tasa de prevalencia alcanzó 15,642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, lo que implica que del total de ciudadanos que realizaron pagos, trámites o servicios 16% fue víctima de algún acto de corrupción. Por su parte, el costo promedio de corrupción por cada ciudadano alcanzó en 2025 el mayor nivel de los últimos diez años, situándose en $5,432 pesos, cifra que aumento un 15% respecto a 2023.
En el ámbito institucional la afectación de la confianza ciudadana sigue siendo importante y es congruente con las cifras que anteceden, toda vez que cuatro de cada cinco mexicanos consideraron que la corrupción es un fenómeno frecuente o muy frecuente en su entidad, lo que incrementó un punto porcentual esta percepción para quedar en 84%, rompiendo la tendencia descendente que se había venido dando desde 2017.
Bajo este contexto, es fundamental implementar políticas públicas que permitan ir transformando estas cifras. El IMCO propone generar esquemas regulatorios diferenciados que simplifiquen y agilicen los trámites para la apertura y operación de empresas, además de impulsar las capacidades digitales en los gobiernos estatales y municipales, con el fin de fomentar que la ciudadanía realice trámites, pagos, solicitud de servicios y resuelva dudas a través de aplicaciones y plataformas digitales que disminuyan el tiempo, las cargas administrativas y el riesgo de corrupción.
La digitalización de trámites y de diversos puntos de interacción de las autoridades administrativas con los particulares es fundamental para avanzar a una buena administración, que sea más eficiente y cercana a la ciudadanía, pero sobre todo, que permita generar mejores controles en su desempeño, trazabilidad de la actividad administrativa y disminución de la discrecionalidad en las decisiones de los servidores públicos.
Un paso en esta dirección se gestó con la reforma al sistema de contrataciones públicas, que promete una plataforma que permita la digitalización completa del expediente de contratación, auditoría y evidencia electrónica y nuevas oportunidades de análisis de datos para la toma de desiciones estratégicas y la detección de riesgos.
Otro ejemplo de estas medidas podría ser el portal ciudadano único de trámites y servicios, también conocido como gob.mx, que tiene el acierto de conjuntar en un solo punto la información, consulta y realización de los distintos trámites a cargo del gobierno Federal y que gradualmente va incorporando los trámites y programas sociales estatales y municipales.
Simplificar, mejorar y digitalizar la actividad administrativa, es fundamental para buscar transformar la percepción que la ciudadanía tiene de nuestras instituciones públicas, fortaleciendo su posición de cara al combate a la corrupción y la atención de otros fenómenos que aquejan a nuestro país, por ello es importante que, sin dejar de reconocer estos esfuerzos, se insista en que aun falta mucho por hacer.
*Profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana