Organizaciones y colectivos de la sociedad civil hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) sea discutida mediante un Parlamento Abierto amplio, plural y sustantivo, al considerar que se trata de una modificación que definirá durante las próximas décadas las reglas para la protección ambiental en México.
Hay leyes que regulan aspectos específicos de la vida pública y hay otras que funcionan como el armazón sobre el que se sostiene todo un sistema. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) pertenece a este segundo grupo.
A través de una carta a legisladores, autoridades ambientales y sociedad civil, organizaciones como CEMDA, CeIBA, Greenpeace, Proyecto Migala, entre otros, solicitaron un paralamento abierto para la discusión de la Ley.
Desde su promulgación, se convirtió en una de las piezas centrales del sistema jurídico ambiental mexicano. Sus disposiciones intervienen en asuntos tan diversos como la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el ordenamiento territorial, la prevención y control de la contaminación, la evaluación ambiental y la participación de la sociedad en las decisiones relacionadas con el entorno.
Modificarla, por tanto, no es solamente actualizar algunos artículos. Implica revisar las reglas con las que México enfrenta buena parte de sus problemas ambientales y establece los límites y responsabilidades de las actividades que tienen efectos sobre el territorio.
Por ello, organizaciones y colectivos de la sociedad civil hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que la discusión de las reformas a la LGEEPA se realice mediante un proceso de Parlamento Abierto que sea amplio, plural, informado y, sobre todo, sustantivo.
El planteamiento no busca detener la actualización de la legislación. Por el contrario, las organizaciones consideran que México necesita modernizar su marco jurídico ambiental, pero advierten que una reforma de esta trascendencia requiere tiempo suficiente para analizar sus consecuencias y construir acuerdos.
TRES DÉCADAS DESPUÉS, UNA NUEVA OPORTUNIDAD.
El contexto ambiental mexicano ha cambiado profundamente desde que se construyeron buena parte de las disposiciones que actualmente integran la LGEEPA.
Los desafíos relacionados con la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y las presiones sobre los territorios han adquirido nuevas dimensiones. Al mismo tiempo, el derecho ambiental internacional ha evolucionado y ha generado nuevos principios, obligaciones y herramientas que México debe considerar.
La actualización, por tanto, resulta necesaria. La pregunta es cómo llevarla a cabo.
Para las organizaciones firmantes, la respuesta pasa por recuperar una experiencia del propio proceso legislativo de la ley. Recuerdan que la reforma de 1996 requirió alrededor de 18 meses de discusión y construcción.
Ese periodo permitió, según el posicionamiento, incorporar distintas perspectivas y fortalecer el marco jurídico ambiental.
Tres décadas después, consideran que existe una oportunidad comparable: aprovechar la discusión actual para construir colectivamente una nueva ley marco que responda a las condiciones ambientales del país y a los avances que ha tenido el derecho ambiental.
“No se trata de frenar una reforma”, sostienen. Se trata, en cambio, de evitar que la urgencia legislativa termine convirtiéndose en un obstáculo para analizar adecuadamente una legislación que tendrá efectos de largo plazo.
DE LAS COMUNIDADES A LA ACADEMIA.
Una de las principales preocupaciones expresadas por los colectivos es que una reforma de esta dimensión no puede discutirse exclusivamente entre legisladores y autoridades.
La experiencia ambiental mexicana, plantean, se encuentra también en los territorios y en las personas que han tenido que enfrentar directamente la degradación de los ecosistemas.
Por ello, solicitan que el Parlamento Abierto incluya a organizaciones de la sociedad civil, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, investigadores, personas expertas, sectores productivos y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
Cada uno de estos sectores puede aportar información diferente sobre las consecuencias de modificar las reglas ambientales.
Las comunidades, por ejemplo, pueden ofrecer conocimiento sobre los efectos que determinadas actividades tienen sobre sus territorios; la academia y las personas expertas pueden contribuir con evidencia científica y análisis técnico; mientras que los sectores productivos y las autoridades pueden aportar información sobre la aplicación práctica de las disposiciones.
El objetivo sería poner esas perspectivas en diálogo para identificar coincidencias, advertir riesgos, evaluar impactos y recuperar experiencias que hayan funcionado.
Para los colectivos, ese proceso permitiría que las nuevas disposiciones no solamente tengan sustento jurídico, sino también legitimidad social.
MÁS QUE OPINIONES.
La petición de las organizaciones también establece condiciones concretas para el ejercicio de Parlamento Abierto.
Uno de sus planteamientos centrales es que exista tiempo suficiente para una deliberación seria. La discusión, señalan, no debería estar condicionada por una urgencia legislativa que reduzca la posibilidad de analizar las consecuencias de los cambios.
También solicitan que las iniciativas, diagnósticos, estudios y propuestas de modificación sean publicados oportunamente, de modo que las personas participantes puedan estudiar los documentos y formular aportaciones informadas.
Pero hay un punto particularmente relevante: el Parlamento Abierto, consideran, debe ir más allá de sesiones informativas en las que cada participante exponga su posición.
La propuesta es establecer mesas de trabajo temáticas y espacios reales de deliberación, donde las distintas propuestas puedan ser confrontadas, analizadas y, eventualmente, incorporadas al proceso legislativo.
La transparencia también debería extenderse al destino de esas propuestas. Las organizaciones plantean que el Congreso haga públicos los planteamientos recibidos y explique cuáles fueron incorporados a la reforma y, en caso contrario, por qué determinadas propuestas no fueron consideradas.
El propósito sería que la participación social tenga consecuencias verificables en la construcción de la ley y no se convierta únicamente en un trámite consultivo.
PROGRESIVIDAD COMO LÍMITE.
En el fondo de la petición existe otra preocupación: que la modernización de la legislación ambiental no termine debilitando las herramientas de protección existentes.
Las organizaciones proponen que el principio rector de la reforma sea el fortalecimiento de la protección ambiental y de los derechos humanos, bajo el principio de progresividad.
Esto significa que las modificaciones deberían evaluarse no sólo por su impacto administrativo o económico, sino también por sus posibles efectos ambientales, sociales y territoriales.
La discusión, desde esta perspectiva, debería responder a una pregunta fundamental: ¿la reforma permitirá proteger mejor el patrimonio natural de México y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano?
Para las organizaciones, cualquier modificación tendría que ser analizada desde esa perspectiva antes de ser aprobada.
La discusión sobre la LGEEPA coloca al Congreso ante una decisión que podría trascender ampliamente el actual periodo legislativo.
La ley establece buena parte de las reglas con las que México protege sus ecosistemas, regula actividades que tienen impacto ambiental y establece mecanismos para la participación de la sociedad. Cambiarla significa, en buena medida, definir cómo responderá el país a sus desafíos ambientales durante las próximas décadas.
De ahí que las organizaciones firmantes insistan en que la discusión no debe plantearse como una oposición entre reformar o no reformar.
México necesita actualizar su marco jurídico ambiental, pero la magnitud de esa tarea exige hacerlo con conocimiento, diálogo y participación.
El llamado al Congreso de la Unión es, finalmente, a aprovechar el momento para construir una legislación moderna y sólida, pero también legítima.
Los colectivos aseguran que están dispuestos a participar de manera constructiva y propositiva en el proceso. Ahora, sostienen, corresponde a las y los legisladores decidir si la reforma será producto de una discusión acelerada o de un ejercicio capaz de escuchar a quienes conocen la legislación, investigan los problemas ambientales, viven sus consecuencias y trabajan cotidianamente para proteger los territorios.
La diferencia no sería menor. En juego no está únicamente el contenido de una reforma legislativa, sino las reglas que determinarán cómo México protegerá su patrimonio natural y garantizará el derecho a un medio ambiente sano en las décadas por venir.
“No se trata de frenar una reforma. Por el contrario, se trata de hacerla bien y de que el Congreso de la Unión aproveche este momento…”