“A ninguno de nosotros escapa la enorme cantidad de fenómenos que se están presentando recientemente: los episodios terribles en Venezuela y en Colombia, los incendios forestales en el mundo y el hundimiento de la Costa Este de los Estados Unidos, por poner ejemplos. Queremos hablar de las ciencias que se ocupan de los fenómenos, pero también conocer los modelos jurídicos para estos efectos”, subrayó José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional, al inaugurar el seminario Derecho, desastres y resiliencia territorial: una mirada de Iberoamérica.
La sesión fue el tercer encuentro de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid y la editorial Tirant lo Blanch, que busca crear una red iberoamericana para tratar temas de derecho y desastres naturales. María Goerlich León, directora de Tirant lo Blanch, explicó que se trata de un espacio de discusión, no sólo de problemáticas jurídicas, sino de temas que escapan a las leyes.
“Queremos acercar la interdisciplina que se pretende alcanzar, el estudio de los fenómenos naturales desde la perspectiva del derecho y la ingeniería. En Iberoamérica, se conjugan los desastres naturales con la gobernabilidad, la desigualdad y las circunstancias propias de la región”, apuntó.
Por su parte, Marcos Vaquer Caballería, de la Universidad Carlos III de Madrid, recordó que, en España, hay una preocupación actual por los incendios forestales y las inundaciones que han azotado al país. Catástrofes que están ocurriendo en todo el mundo, por ejemplo, en Perú, el Niño se anuncia especialmente violento por el calor de las aguas marinas. “Estamos ante un grave fenómeno que presenta rasgos diferenciales según los riesgos de cada territorio; sin embargo, creo que se pueden plantear técnicas jurídicas globales que puedan servir para afrontarlo, ya sea preventiva o correctivamente”.
Puntualizó que “estamos en una fase de calentamiento global combinada con una constante que es la soberbia humana. Me temo que las políticas públicas necesitamos, por supuesto, hacer una reflexión, pero los académicos necesitamos hacer una reflexión interdisciplinar sobre este tema, por eso debemos incluir a los ingenieros y a los juristas”.
En su participación, Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, recordó que en 1957 en la Ciudad de México ocurrió el sismo del Ángel, que provocó la caída del ala de la Victoria Alada, lo que marcó de manera importante la ingeniería sísmica mexicana y provocó que se hicieran estudios dirigidos a entender el comportamiento de los sismos. “Desde entonces, el Instituto se ha caracterizado por el desarrollo de las normas de construcción extendiendo el conocimiento a las inundaciones y otro tipo de fenómenos que detonan desastres”.
Explicó que el concepto de riesgo resulta de una cadena de decisiones, contextos y situaciones. “Es el caso de cómo decidimos sobre el territorio, cómo lo ocupamos, qué tipo de territorio ocupamos y cuál es el tipo de construcción que desarrollamos. Y esto dentro de un marco jurídico que puede ser o no incompleto u observado. Pero finalmente hay un marco jurídico que rige cómo se construye”.
De acuerdo con Alcocer Martínez de Castro, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, de 2000 a 2024, en México, han ocurrido pérdidas por 710 mil millones de pesos a causa de fenómenos. Destacan dos años particulares: el 2017 por los temblores, huracanes y tormentas tropicales que tuvimos en septiembre; y el 2023 por el Huracán Otis. “Esto nos ha llevado a tener una discusión inacabada sobre si debemos construir para resistir o debemos construir para lograr una resiliencia y una recuperación pronta”.
“Creemos que esta discusión interdisciplinaria, no únicamente vista desde un ingeniero que piensa en concreto y en soldaduras, sino desde un punto de vista normativo y jurídico, es la adecuada para poder promover y asegurar la resiliencia”, concluyó el especialista.
DERECHO, RIESGO Y EMERGENCIA.
En la primera mesa del seminario, titulada Derecho, Riesgo y emergencia constitucional, Alba Nogueria López, de la Universidad de Santiago de Compostela, sostuvo que ante los eventos que pueden ser tecnológicos, ambientales y naturales, el derecho administrativo debe dotarse de los ordenamientos sectoriales sanitarios, de atención a terremotos y volcanes, y de herramientas ordinarias para atacar esa excepción. “Debe haber un ordenamiento complejo que ataque esas situaciones. Esa es la mejor forma de actuar para lesionar lo menos posible los derechos de los ciudadanos”.
Comentó que, en cualquiera de los países, se puede ver que hay normas sanitarias para atacar epidemias, evacuar una población ante un gran incendio o previsiones jurídicas para actuar en esos eventos. Pero “las constituciones en esos estados de excepción o de alarma normalmente están asociadas con problemas de orden público, de defensa de la soberanía nacional y con habilitaciones de los gobiernos para tomar medidas que limitan derechos fundamentales. En nuestro caso, de lo que estamos hablando es de dotar a los gobernantes de medios para actuar, pero sin esas restricciones de derechos”.