Academia

Académicos de los Centros Conacyt expresan preocupación por el futuro de sus instituciones

Un grupo de 241 envía carta a diputados en la que señalan posibles retrocesos en autonomía

Microscopio electrónico de barrido
Por su presencia nacional, calidad de investigadores e infraestructura, los Centros Públicos Conacyt son la segunda fuerza nacional de investigación. Por su presencia nacional, calidad de investigadores e infraestructura, los Centros Públicos Conacyt son la segunda fuerza nacional de investigación. (Cimav)

En una carta dirigida a diputados y senadores, así como a la opinión pública, un grupo de 241 trabajadores académicos de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) expresaron su preocupación por posibles retrocesos en autonomía, derechos laborales y financiamiento, en sus respectivas instituciones, en caso de que se apruebe sin cambios la iniciativa de Ley General de Ciencia enviada a la Cámara de Diputados por el Presidente de México.

En su carta, los académicos piden que los legisladores organicen un Parlamento Abierto para que sean escuchadas sus preocupaciones sobre algunos artículos de la Ley propuesta porque afirman que sus opiniones han sido escuchadas, pero no consideradas:

“Cabe señalar que las consultas a la comunidad académica del país por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se realizaron de manera previa y con la finalidad de dar forma a la iniciativa que ahora ha de discutirse, como las mismas autoridades del Conacyt lo han expresado. Sin embargo, tras la lectura atenta de la iniciativa presentada, nos damos cuenta de que nuestras aportaciones no fueron consideradas en la redacción final que se les presentó”.

Cabe señalar que las consultas a la comunidad académica del país por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se realizaron de manera previa y con la finalidad de dar forma a la iniciativa que ahora ha de discutirse, como las mismas autoridades del Conacyt lo han expresado. Sin embargo, tras la lectura atenta de la iniciativa presentada, nos damos cuenta de que nuestras aportaciones no fueron consideradas en la redacción final que se les presentó.

Los autores reconocen que la iniciativa enviada por el Presidente tiene aciertos como el garantizar el derecho a la ciencia y la inclusión de las humanidades, pero también señalan que hay preocupación por algunos aspectos legales que implican un retroceso en materia de libertad y autonomía de la investigación, así como en el acceso universal al conocimiento, además de la disminución en la inversión pública en el desarrollo de las humanidades, la ciencia y la tecnología.

El documento de los académicos se publica menos de una semana después en la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) difundiera una carta de apoyo a su propuesta de ley, la cual contó con la firma de prácticamente todos los directores y directoras de Centros Conacyt.

PUNTOS SUSTANCIALES

Los investigadores expresaron que, algunos de los puntos sustanciales que deben ser revisados y discutidos antes la aprobación de la nueva Ley son:

La libertad de investigación: Señala que la iniciativa subordina la generación del conocimiento a una Agenda Nacional, dictada por el gobierno, sin participación de la comunidad académica (artículo 11). Supone también la subordinación de las agendas de investigación a las prioridades establecidas por el Conacyt.

Autonomía de los CPI: La iniciativa del Poder Ejecutivo Federal impactará de forma sustancial las condiciones de autonomía, gobernanza y de libertad académica de los Centros Públicos de Investigación, pues elimina la autonomía administrativa, operativa y presupuestal.

Integrantes del personal académico serán considerados como servidores públicos: Serán homologados laboralmente a funcionarios públicos y con carácter de personal de confianza, lo que supone la pérdida de la libertad en la realización de las labores de cátedra e investigación que el Estado mismo debe garantizar (artículo 85). Además, al estipular valores como la lealtad y la confidencialidad en la relación laboral, la iniciativa parece contradecir el principio mismo de ciencia abierta y el acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico garantizado por la reforma el Artículo 3o Constitucional.

Incertidumbre financiera: En cuanto al tema presupuestal, les preocupa, igualmente, que se elimine la meta de otorgar el 1% del PIB al desarrollo de las materias de que trata la Ley y no se establezcan ni lineamientos ni compromisos claro en materia de financiamiento (artículo 20)

Temen que la futura Ley inhiba las actividades de los CPIs

El sistema de Centros Públicos de Investigación Conacyt (CPI), está conformado por 26 sedes y 96 subsedes distribuidas en el territorio mexicano. Estos centros son la segunda fuerza académica después de la UNAM y son de gran relevancia para el desarrollo regional y nacional. Este sistema abarca una amplia gama en áreas de investigación en ciencias exactas, biológicas, sociales, humanísticas y tecnológicas. En su carta a legisladores, sobre debilidades y riesgos de la iniciativa presidencial de Ley General de Ciencia, los trabajadores académicos consideran que diferentes aspectos de la iniciativa suponen un riesgo para las actividades sustantivas de los CPI, además de acotar su quehacer a dictados emitidos por entidades gubernamentales y sin participación de la comunidad académica.

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .

Lo más relevante en México