Directivos de Conacyt, de CPI y otros “porristas” acaparan parlamentos abiertos
Han participado alrededor de la mitad de los directivos de Centros Públicos de Investigación y directivos que incluso han intervenido en los dos foros
ley de ciencia
Se han llevado a cabo dos de las siete mesas que acordaron los legisladores, no obstante, tanto Conacyt como Morena quieren cuanto antes el dictamen de su iniciativa.
Fieles y puntuales a Conacyt, directores de Centros Públicos de Investigación (CPI) y trabajadores de la dependencia han acudido –presencialmente o por Zoom (o por ambos)– a los parlamentos abiertos sobre la ley general de ciencia para defender la iniciativa del Ejecutivo. En lo que se ha tornado en un foro para expresar posiciones a favor o en contra de la iniciativa de ley generada por Conacyt, se encuentran voces de diversos directores de CPI que han desfilado hasta ahora, como el ilegítimo titular del CIDE, José Romero, o Leticia Torres, directora del Cimav, quien fue una de las primeras señaladas por la FGR en la denuncia por delincuencia organizada que orquestó junto con la dependencia a cargo de Elena Álvarez-Buylla; no obstante, dada la cercanía de Torres habría salido de esta lista.
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Leticia Torres Guerra se desempeñó como Directora Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt durante el “periodo neoliberal” de 2011 a 2013; Julia Tagüeña, ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, académica de la UNAM y una de las 31 personas perseguidas por la FGR con dicha acusación ocupó el mismo cargo entre 2013 y 2018.
“Qué curioso es que dejaran participar a la doctora Leticia Torres Guerra, de la cual se ha documentado la protección que le ha brindado la directora del Conacyt en este sexenio, al borrarla de la lista final de los científicos que fueron acusados de cuatro delitos: Peculado, Uso ilícito de atribuciones y facultades, Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Delincuencia organizada, pues de acuerdo con la carpeta de la FGR, habrían conformado ‘una organización criminal’ que operó de 2013 hasta 2019”, señala una persona miembro de la comunidad científica quien solicitó anonimato por miedo a represalias de la dependencia y su directora. El caso fue documentado en “El Universal” y en “La Silla Rota”.
UNA SOLA VOZ.
Además de Romero Tellaeche y Torres Guerra, en el segundo foro de parlamento abierto participaron el director del Cibnor, Alfredo Ortega; el del CIO, Rafael Espinosa y el director de Infotec, Federico González.
A ellos se suman los directores que participaron en el primer foro, Armando Contreras, del Inecol; Víctor Espinoza, de El Colegio de la Frontera Norte; María Guadalupe Narro, del Ciateq; Antonio Saldívar, del Ecosur; Edmundo Gutiérrez, del INAOE; Julieta Torres, de CIDETEQ, entre otros.
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En la misma primera sesión, Mauricio Flores, del CIO, expresó que las “porras a la ley” no vienen de la comunidad de los CPI, sino de las direcciones generales, “y eso no es proporcional a la opinión que tenemos en estos centros”.
Por otra parte, se han escuchado las voces de científicos y científicas de los CPI, algunas de las cuales comulgan con la línea oficial –incluso señalaron orgullo por ser “servidores públicos” antes que científicos– y otras disienten con la voz de sus directores. En días pasados, directores de todos los CPI (26) suscribieron una carta de apoyo a la iniciativa, en tanto que académicos de manera individual han pronunciado a través de misivas y encuestas su preocupación.
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En el parlamento abierto incluso han participado funcionarios directos de Conacyt, hasta en ambos foros, como Juan Rivera Lomas, subdirector de evaluación de Conacyt; Liza Elena Aceves López, encargada de despacho de la Coordinadora de Apoyos a Becarios e Investigadores (ha participado en los dos foros, primero por Zoom y después presencialmente), Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, directora de Planeación y Evaluación; Alejandro Díaz, director adjunto de Centros de Investigación; Aideé Orozco Hernández, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Conacyt y Antonio Ruíz, director de Consulta y Estudios Normativos del Conacyt, entre otros. En más de una ocasión han empleado la directriz de la institución para que trabajan, como al referirse a la “ciencia neoliberal”.
Pero incluso ha habido participaciones de periodistas, como el articulista Federico Anaya Gallardo, de “La Jornada”, quien se pronunció a favor de la iniciativa de Conacyt y criticó a los críticos de ésta: “que no nos engañen los críticos superficiales de la ley…”.
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“Aclaraciones” de Conacyt
Mientras los trabajadores de Conacyt defienden a capa y espada la iniciativa de ley del Ejecutivo, en la dirección se han dedicado a realizar “aclaraciones” ante las críticas que han recibido, como la respuesta a este rotativo y al suplemento “Campus” de “Milenio”: “Aclaraciones sobre supuesta carta suscrita por integrantes de la comunidad UNAM respecto a Iniciativa de Ley General en Materia de HCTI”.
También enviaron un mensaje a los empresarios a través de su respuesta a la Coparmex: “Aclaraciones sobre el comunicado de Coparmex sobre iniciativa de Ley General en materia de HCTI”; e incluso a instituciones extranjeras, como el reporte de Libertad Académica 2023 de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, que hizo emitir el comunicado “Conacyt rechaza que libertad académica en México se encuentre en riesgo”.
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