La sucesión presidencial en México está desatada. La adelantó el propio presidente López Obrador desde hace varios meses desde sus conferencias mañaneras, en las cuales añade o quita a su antojo aspirantes, a los que llama “corcholatas”, de las que él mismo se considera su “destapador”.

Las corcholatas más mencionadas son la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación y paisano del presidente, Adán Augusto López. De vez en cuando menciona como posibles aspirantes a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, o cualquier otro miembro del gabinete que se presenta a las mañaneras, con la finalidad de ampliar el repertorio de corcholatas o simplemente para confundir.

A otro aspirante, que explícitamente por todos los medios a su alcance ha dicho que quiere ser candidato presidencial, Ricardo Monreal, simplemente no lo menciona y su partido lo ha marginado, lo que evidencia la ruptura entre ambos, a pesar de que el político zacatecano fue durante la primera mitad del sexenio el fiel y fino operador político del presidente en el Senado. Si algunas iniciativas polémicas de AMLO fueron aprobadas en la Cámara alta fue precisamente gracias a la capacidad negociadora de Monreal.

A dos años de la elección presidencial, el partido del presidente está promoviendo en eventos masivos a las corcholatas oficiales (Estado de México y Coahuila), pero ya desde meses atrás resultaba evidente el esfuerzo para colocarlas en el centro de la opinión pública, por ejemplo, en las movilizaciones para promover la reforma eléctrica y, sobre todo, la consulta de revocación de mandato, convertida en realidad en consulta para la ratificación presidencial. La razón es muy sencilla: como la selección de candidato presidencial se realizará mediante encuesta, como lo ha ordenado AMLO, es necesario presentar lo más posible ante la ciudadanía a los aspirantes oficiales para que la gente los conozca. A última hora aceptaron invitar a Monreal al mitin electoral (“asamblea informativa” le llaman) de Coahuila, después de que lo marginaron del de Toluca.

Pero también en las últimas semanas, después de que en sus mítines algunos grupos de espontáneos le gritan que se reelija, AMLO ha insistido que no buscará la reelección en 2024, que terminará su ciclo y se retirará de la política, porque él es ferviente seguidor del credo maderista de la no reelección. Pero nunca dice que no se puede reelegir simplemente porque así lo establece la Constitución. Es muy probable que esté preparando un escenario en el cual su partido no pueda nombrar a un candidato de unidad ante lo cual él estaría dispuesto a sacrificarse otros seis años en la presidencia. Por supuesto que sería un problema pasar por encima de la prohibición constitucional, pero hay que recordar que hace poco el propio AMLO ha desarrollado su peculiar doctrina de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

Después de la elección de 2021, Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada que tenían en la Cámara de Diputados y en la Cámara alta nunca la han tenido. Como se mencionó antes, algunas reformas constitucionales se lograron gracias a la capacidad negociadora de Monreal, pero la estrategia presidencial reciente ha sido que no se le cambie ni una coma a las iniciativas presidenciales. Cuando se trata de iniciativas de reforma a leyes reglamentarias, la mayoría gubernamental alcanza, pero si se habla de reformas constitucionales ya no, como lo evidencia el caso de la reforma constitucional en materia eléctrica que simplemente no pasó en la cámara baja.

A pesar de ese fracaso, AMLO envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la que modificaría sustancialmente el modelo de organización de las elecciones. El núcleo de esa reforma es la elección por voto ciudadano de los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF, así como la desaparición de los OPLEs y los tribunales locales. Para lo primero, los tres poderes de la unión postularían a los candidatos, quienes realizarían campaña electoral en todo el país y el más votado sería el presidente de cada organismo electoral. Este modelo colocaría en manos del partido gobernante el control absoluto sobre la organización de las elecciones y la resolución de las controversias en la materia, porque evidentemente los candidatos más votados serían los que cuenten con el apoyo de ese partido en todo el país. Supuestamente la justificación presidencial para establecer este nuevo modelo es que el actual procede por medio de cuotas partidarias, pero el propuesto simplemente le daría todo el control a un solo partido, el del presidente.

AMLO sabe que es imposible aprobar esa reforma constitucional, a menos que la oposición tenga impulsos suicidas. Esta reforma convertiría a las autoridades electorales, tanto la administrativa (el INE) como la jurisdiccional (el TEPJF), en incondicionales del presidente y su partido. El sueño de AMLO es ese, que nadie le ponga límites a él y su partido. Lo dejó muy claro en las elecciones de 2021, la consulta popular y la revocación de mandato. A cada acción del INE y el TEPJF que limitaba las acciones de él y su partido, AMLO respondía con insultos y amenazas. Desde entonces blandió la reforma electoral como una amenaza para barrer a los integrantes de esos organismos y ahora quiere concretarla, pero no tiene la mayoría en el congreso para aprobarla.

Ante este hecho evidente, el presidente ha insistido que buscará la solución por medio de la legislación reglamentaria, tal vez como lo intentó con la frustrada extensión del periodo del ministro presidente de la SCJN o con la reforma a la legislación secundaria en materia eléctrica, que no pudo ser declarada inconstitucional gracias a que cuatro de los ministros la apoyaron. En fin, aún hay varios meses para que el presidente AMLO nos siga sorprendiendo.

*Académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana