Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum se aprobaron 19 reformas constitucionales que, en su mayoría, cumplieron fielmente con el guión dictado por su antecesor, López Obrador. En efecto, el 5 de febrero de 2024, AMLO lanzó 20 iniciativas de reforma[1] para que se aprobaran, una vez que la coalición gobernante obtuviera la mayoría calificada en las elecciones de ese año. Entre las reformas más importantes (la del Poder Judicial, la de la eliminación de organismos constitucionales autónomos y la electoral) el objetivo era modificar la estructura organizativa del Estado mexicano para concentrar más el poder en manos del Ejecutivo, castigando la pluralidad y deteriorando la división de poderes, así como los controles y contrapesos.
La abusiva e inconstitucional sobrerrepresentación que el INE y el TEPJF le otorgaron a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados (con 54% de los votos, obtuvieron 73% de las diputaciones)[2] hizo posible que fluyeran las reformas constitucionales, impulsadas por AMLO, prácticamente sin discusión. Sin embargo, la reforma electoral no corrió la misma suerte, porque una primera iniciativa presidencial (el Plan A) se topó sorpresivamente con el rechazo de los aliados de Morena -PT y el PVEM- cuyo apoyo era indispensable para que la coalición oficial obtuviera las 2/3 partes de la votación, necesaria para aprobar dicha reforma constitucional.
Hay dos grandes razones que explican la quiebra de la alianza de los tres partidos de la coalición gobernante: 1) la propuesta estaba centrada en modificar la distribución de los diputados de representación proporcional (en lugar de 200 curules plurinominales, a partir de listas cerradas, se distribuirían 100 por primera minoría y 100 por listas abiertas), lo cual afectaría principalmente a los partidos más pequeños. Adicionalmente, se reduciría el costo de las elecciones, bajando 25% el financiamiento de los partidos políticos y su acceso a tiempos en medios de comunicación y 2) la mecánica vertical y opaca del procesamiento de la iniciativa de reforma presidencial dejó fuera de la discusión a todos los partidos, incluyendo a los propios aliados de Morena.[3]
Aunque el PT y el PVEM estaban acostumbrados a subordinarse a Morena a cambio de dádivas electorales (Morena les cedía diputados de mayoría vía la coalición electoral), la modificación de la fórmula de representación proporcional los afectaba directamente e individualmente, porque es el esquema que beneficia sobre todo a los partidos más pequeños y lo mismo sucede con la reducción del financiamiento público. Ello explica la rebeldía de los partidos satélites de Morena, sobre todo considerando que su respaldo es indispensable para que el partido gobernante obtenga la mayoría calificada en el Congreso.
La segunda iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum (Plan B) fue más de carácter político que propiamente electoral. Se mantuvo la idea de la simplificación administrativa, homogeneizando el número de regidores en los ayuntamientos y reduciendo los salarios de los representantes locales, pero planteó cambiar la fecha de la consulta de revocación de mandato para realizarla al mismo tiempo que las elecciones de 2027. El propósito evidente era colocar en la boleta a la presidenta Sheinbaum y permitirle hacer proselitismo para aprovechar su popularidad a favor de los candidatos de su partido, lo cual está prohibido por el artículo 134 constitucional.
En esta ocasión, el PT votó en contra para no concentrar más el poder en manos de Morena, aunque avaló el resto de las propuestas.
A pesar de la enorme diferencia entre la fuerza político-electoral de Morena y la de sus dos aliados, es indispensable mantener la alianza para ganar la mayoría calificada que no puede obtener un partido político por sí solo. El procesamiento vertical y excluyente de las reformas electorales fallidas permitió que el PT y el PVEM reconocieran sus capacidades de chantaje frente a Morena para aumentar sus ganancias en la negociación electoral. No es casual que se esté planteando que en algunos casos dichos partidos compitan solos.
La derrota de la Presidenta Sheinbaum en materia electoral no será un obstáculo para que logre un mayor control sobre los comicios para así favorecer los resultados de su partido.
El proceso de renovación de tres consejeros electorales del INE ha cumplido con los mecanismos constitucionales y legales formalmente establecidos, pero las evaluaciones de los aspirantes han favorecido abiertamente a quienes están alineados a Morena y seguramente la selección final seguirá el mismo patrón, gracias a la supermayoría calificada de la coalición oficial en la Cámara de Diputados.
Hay que recordar que la presidenta Taddei y la mayoría del Consejo General del INE ha mostrado ya su preferencia por Morena, de ahí que, con los nuevos integrantes, seguramente se abonará a la captura del árbitro electoral, de la misma manera que ya lo está la Sala Superior del TEPJF.
El hecho de que el gobierno se apropie de la organización de las elecciones de 2027, daña la autonomía e independencia de las autoridades electorales y, con ello, la integridad de nuestro sistema electoral, abonando a nuestra regresión democrática.
[1] De las 20 reformas, 18 eran constitucionales.
[2] El artículo 54 constitucional establece que ningún partido puede obtener más de 8% de sobrerrepresentación (párrafo V), ni más de 300 diputaciones (párrafo IV). El INE y el TEPJF asignaron a la coalición gobernante 364 curules en la Cámara de Diputados, equivalentes a 18 puntos de sobrerrepresentación. En el Senado, Morena, PT y PVEM quedaron a tres escaños de la mayoría calificada y sin ningún recato, compraron los votos faltantes. Véase, Marván, M., Orozco, J.J., Valadés, D. (coords.), 2025, La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, IIJ, UNAM
[3] En agosto de 2025, se conformó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que se encargaría de elaborar la iniciativa, haciendo una consulta, pero sin incluir las opiniones de partidos aliados y opositores.