La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes el inicio de un juicio político contra el actual gobernador Samuel García Sepúlveda, por presuntos actos de triangulación de recursos públicos y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de cerca de mil millones de pesos.
En una sesión extraordinaria, el dictamen fue avalado con seis votos a favor —de legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena— y un voto en contra, emitido por la representación de Movimiento Ciudadano. Con esta decisión, el expediente será turnado al Pleno del Congreso local para continuar con el procedimiento correspondiente.
Como parte del proceso, el Congreso notificará al mandatario estatal para que, en un plazo de 15 días hábiles, presente su declaración o los argumentos que considere pertinentes, ya sea de manera presencial, por escrito o a través de un representante legal.
La solicitud de juicio político fue promovida por la dirigencia estatal de Morena, que el pasado 8 de junio presentó una denuncia por presuntos delitos de peculado, corrupción y desvío de recursos públicos. De acuerdo con la acusación, existiría una supuesta triangulación de recursos hacia empresas vinculadas con el entorno familiar del gobernador.
La sesión legislativa estuvo marcada por momentos de tensión debido a la ausencia de tres integrantes de la Comisión Anticorrupción: los diputados de Morena, Mario Soto y Rodrigo Otoniel Montemayor, así como la legisladora del Partido Verde, Claudia Chapa, quienes justificaron su inasistencia por compromisos previos y motivos de salud. Incluso, algunos legisladores solicitaron que se revisaran las justificaciones presentadas y plantearon descuentos salariales en caso de ser procedentes.
Además de este nuevo procedimiento, Samuel García enfrenta otros dos juicios políticos relacionados con resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que fue declarado responsable de violaciones a la equidad en el proceso electoral local de 2024 y del uso indebido de recursos públicos.
Durante la discusión, diputados del PAN señalaron que este nuevo expediente podría avanzar con mayor rapidez al haber sido promovido por Morena, partido cuyos legisladores, afirmaron, anteriormente habían frenado otros procesos similares. Sin embargo, representantes de Movimiento Ciudadano pidieron respetar el debido proceso y evitar pronunciamientos anticipados.
El dictamen aprobado establece que el Congreso únicamente tiene facultades para iniciar el procedimiento y recibir la defensa del servidor público señalado. En caso de que el proceso prospere, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León determinar una eventual sanción, que podría incluir la destitución o inhabilitación, conforme a lo establecido en la legislación local.
Con este acuerdo, el Congreso de Nuevo León abre una nueva etapa de confrontación política y jurídica en torno al gobierno estatal, en un contexto donde el mandatario enfrenta diversos señalamientos y procedimientos relacionados con el uso de recursos públicos y su actuación durante el pasado proceso electoral.