La gobernadora Layda Sansores estaba exultante. A su lado tenía a la Presidenta, en un acto de inauguración del Centro Libre para las Mujeres, en Calakmul. Sin miedo al éxito, se lanzó a un discurso en profundidad en el que dejó claro que cree saber lo que viven las mujeres de esas tierras: “Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar”. Y después siguió echando flores a la Presidenta, de quien aseguró que llegaba “a las cuevas de la oscuridad en donde viven los indígenas”.
Frente a las críticas de organizaciones y redes sociales por el racismo y clasismo de sus palabras, Layda Sansores alegó que a ella nadie le puede decir que está discriminando, porque “hemos tratado de ponernos sus trajes y de valorar su trabajo”.
Además, recordó la ceremonia del Zócalo donde la Presidenta recibió el bastón de mando de mujeres de los pueblos originarios, y que ella también hizo “una ceremonia indígena”. Sansores concluyó que no discrimina porque “nosotros (…) les estamos dando realce”, como si fuera una promoción de venta de productos.
Efectivamente, en ese acto Claudia Sheinbaum se rodeó de mujeres indígenas, sin aclarar cuál era su cargo, sus nombres, a título de qué representaban a sus comunidades y cómo habían sido elegidas para ir allí a “investir” a la Presidenta.
Este tipo de acciones, diseñadas por especialistas en comunicación y no por los propios pueblos, acaban por ser actos folclóricos, o hasta apropiaciones culturales más que acciones políticas reivindicando los derechos indígenas.
Desde luego, tras escuchar a Sansores, parece que la Red de Abogadas Indígenas, que presentó un comunicado muy duro al respecto, tiene mucha razón: exige, además de una disculpa formal por parte de la Gobernadora, que se forme, entre otras cosas, en “interseccionalidad”. Este término fue acuñado por la jurista y feminista afroamericana Kimberlé Crenshaw para describir cómo las distintas formas de opresión se entrelazan y producen desigualdades específicas, haciendo que haya grupos que viven discriminaciones entrecruzadas.
Más allá del tono ofensivo de la frase “lo peor que te puede pasar”, el problema no radica en las personas sino en las estructuras de desigualdad. Ser mujer o indígena no es una maldición, excepto si vives en una sociedad que te discrimina por serlo, y encima te lo reprocha, como si ser pobre fuera tu culpa y no una consecuencia de tal discriminación.
Afortunadamente, las mujeres indígenas no piden permiso para hacer lo que consideran necesario: defienden cada día sus tierras y su lengua, enfrentan a mineras, al Estado y a proyectos extractivistas en todas sus formas, y sostienen la vida. No sabemos, entonces, a qué ‘realce’ se refería la Gobernadora, cuando en realidad persisten prácticas que poco o nada las consideran en las decisiones sobre sus vidas y territorios.
Acciones como llevarlas al Zócalo de adorno para decir que “llegamos todas”, ponerse huipiles en actos conmemorativos, mencionarlas en los discursos o sacarse fotos en sus comunidades observando como preparan nixtamal, no son por sí mismos actos de reconocimiento ni de llegada a ningún lado, sino una medida cosmética y mercadotécnica que instrumentaliza sus presencias. Las mujeres indígenas merecen ser escuchadas y reconocidas como sujetos de derechos que son, y el Estado mexicano se tiene que poner a trabajar para saldar la deuda pendiente que tenemos con ellas.
*Mariana Espeleta Olivera y María de la Concepción Sánchez Domínguez-Guilarte, académicas del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO