El sistema alimentario actual no solo define lo que llega a nuestros platos, también está en el centro de múltiples problemáticas ambientales y sociales. Desde su contribución significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero hasta su vínculo con enfermedades como diabetes e hipertensión, el modelo vigente enfrenta cuestionamientos cada vez más fuertes.
En este contexto, Colima está a un paso de cambiar esta realidad para su población: la iniciativa de Ley Estatal de Alimentación Adecuada y Sostenible, presentada por el diputado Alfredo Álvarez e impulsada por la organización Alianza Alimentaria y Acción Climática, surge no solo como una respuesta a una presión creciente por garantizar el derecho a una alimentación que no comprometa la salud ni el medio ambiente. sino también como una oportunidad histórica para transformar de raíz el sistema alimentario estatal.
Esta propuesta busca articular políticas públicas que prioricen el acceso equitativo a alimentos nutritivos, suficientes y culturalmente pertinentes, al tiempo que promueven prácticas agrícolas sostenibles, fortalecen los mercados locales y reducen la dependencia de productos ultraprocesados. Asimismo, plantea la necesidad de vincular la alimentación con la salud pública, la educación y la protección del territorio, reconociendo que lo que se produce, distribuye y consume tiene impactos directos tanto en el bienestar de las personas como en los ecosistemas.
El llamado no es aislado. Cada vez más sectores advierten sobre los efectos de patrones alimentarios por productos de origen animal y ultraprocesados en un sistema que prioriza esquemas de producción intensiva con altos costos ambientales y para la salud de la población.
Frente a este panorama, la propuesta legislativa busca transformar de manera integral la producción, distribución y consumo de alimentos en el estado: desde el fortalecimiento de las economías locales hasta la promoción de patrones alimentarios con mayor presencia de alimentos de origen vegetal, que aseguren una nutrición completa y adecuada.
El derecho a una alimentación adecuada y sostenible resulta esencial para proteger otros derechos fundamentales, como la salud, el acceso a un medio ambiente sano y la conservación de los recursos hídricos, entre otros.
Sin embargo, el desafío no es menor. Cambiar hábitos, reconfigurar cadenas productivas y coordinar a múltiples instituciones implica un proceso complejo que requerirá voluntad política sostenida y participación social activa.
Del planteamiento a la acción
De aprobarse, distintas dependencias estatales, como la Secretaría de Educación, de Salud y el Sistema DIF, tendrán un papel clave en la implementación de estrategias de educación alimentaria y fomento de patrones alimentarios más sostenibles.
La evidencia científica del Comité EAT Lancet y las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la población mexicana, publicadas por la Secretaría de Salud federalha sido clara al señalar la necesidad de transitar hacia patrones alimentarios reducidos en productos de origen animal, pues su consumo excesivo, como el que tenemos ahora, solo vulnera nuestra salud mientras agrava la crisis climática.
El reto está en traducir estas recomendaciones en políticas públicas concretas y efectivas, pero con el acompañamiento de organizaciones como Alianza Alimentaria y Acción Climática el estado puede garantizar el ejercicio de esta ley y este derecho. Otros estados y empresas ya han confiado en el trabajo de esta ONG.
Colima tiene frente a sí una oportunidad relevante, pero también una prueba: convertir una iniciativa en acciones reales que impacten tanto en la salud de la población como en la protección del entorno y nuestros ecosistemas.
La discusión ya está sobre la mesa y próximamente en el Congreso del estado. Durante este mes los involucrados en la ley han realizado foros para acercar esta iniciativa a la población y los gobiernos municipales de la entidad.
El momento de decidir ha llegado. Colima no solo tiene la oportunidad de sumarse a una tendencia global, sino de convertirse en referente nacional en la construcción de un sistema alimentario más justo, saludable y sostenible.
La iniciativa ya abrió la conversación; ahora corresponde a quienes toman decisiones demostrar visión y compromiso, y a la sociedad mantener una participación activa y vigilante. Transformar la forma en que producimos y consumimos alimentos no es un ideal lejano, es una necesidad urgente y hay que hacerlo realidad.