Hablaremos hoy acerca de la reciente modificación de perspectiva soberana sobre México por parte de Standard & Poor’s (S&P) volvió a poner sobre la mesa una fragilidad estructural que numerosos especialistas en finanzas públicas han advertido desde hace años: la presión presupuestaria que ejercen Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las cuentas nacionales. La reacción desde el discurso oficial, evidencia una desconexión cada vez más evidente entre la narrativa política y la realidad reflejada en los indicadores fiscales y financieros.
Más allá del debate retórico, la observación de la calificadora obliga a replantear una cuestión central desde la economía pública y la teoría institucional: ¿cuál debe ser la función sustantiva del Estado contemporáneo?
Durante décadas, una parte importante de la administración pública mexicana ha asociado la soberanía nacional con el control absoluto de industrias estratégicas. No obstante, desde una perspectiva de productividad, eficiencia y asignación racional de recursos, la función esencial del Estado no consiste en administrar corporaciones comerciales dentro de sectores competitivos como el energético o el petrolero y el Estado, al asumir funciones empresariales, termina incorporando un esquema de riesgo financiero desequilibrado: las pérdidas se colectivizan mientras el deterioro presupuestario recae sobre los contribuyentes.
El Estado mexicano debe reconsiderar su propósito institucional. Un gobierno sólido y verdaderamente soberano no es aquel que monopoliza la extracción de hidrocarburos o la generación eléctrica, sino aquel capaz de garantizar Estado de derecho, seguridad, educación de calidad y acceso universal a servicios de salud eficientes.
Liberar al erario de la carga estructural que representan las empresas paraestatales permitiría redirigir el gasto público hacia sectores con mayor impacto social y económico.
La rigidez ideológica tiene consecuencias concretas. Y actualmente, esas consecuencias se reflejan en hospitales insuficientes, instituciones educativas rezagadas y una creciente vulnerabilidad en la seguridad pública del país.
*Mtro. Luis Alberto Güémez Ortiz / Universidad Panamericana (UP)