Esta semana, Colima dio un paso que coloca al estado a la vanguardia de la transición hacia una alimentación sostenible. Por unanimidad, el Congreso de Colima aprobó el pasado 15 de julio la Ley Estatal de Alimentación Adecuada y Sostenible, con lo que la entidad se convirtió en la primera del país en contar con una legislación para garantizar el acceso a alimentos nutritivos, suficientes, de calidad y con menor impacto ambiental.
La iniciativa, impulsada por Alianza Alimentaria y Acción Climática en colaboración con Igualdad Animal y presentada por el diputado local Alfredo Álvarez Ramírez, establece medidas para transformar los entornos alimentarios del estado. Entre ellas se encuentran la promoción de alimentos de menor impacto ambiental, el fortalecimiento de la producción local, la priorización de las legumbres como fuente principal de proteína en programas alimentarios y la inclusión de opciones de origen vegetal en espacios públicos, educativos y laborales.
La legislación también reconoce por primera vez en el estado la diversidad de necesidades y preferencias alimentarias de la población.
“Hoy, muchas personas eligen alimentos más respetuosos con sus entornos. Esta ley respalda con política pública la construcción de un mundo más justo para todos. También es un reconocimiento oficial de que transitar a alimentaciones de origen vegetal es más urgente que nunca”, dijo Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México.
Impulso a la transición alimentaria
En México, cada año se explotan para consumo humano más de 2 mil millones de animales, la gran mayoría criados de manera intensiva, un modelo con graves repercusiones para las sociedades, el ambiente y el bienestar animal.
En ese contexto, la nueva ley incorpora el principio de inclusión dietaria, mediante el cual el Estado de Colima reconoce las distintas dietas en las opciones de alimentación de la población y promueve el fortalecimiento de una alimentación de origen vegetal.
Entre las disposiciones aprobadas destacan la obligación de que la Secretaría de Salud estatal y los municipios fomenten que los establecimientos de alimentos y bebidas ofrezcan la sustitución de ingredientes de origen animal por alternativas de origen vegetal sin costo adicional para las personas consumidoras. Asimismo, los centros de trabajo que cuenten con espacios de distribución de alimentos o bebidas deberán ofrecer al menos una opción basada en alimentos de origen vegetal.
La legislación también establece que las canastas determinadas por la Secretaría de Salud considerarán a las legumbres como una fuente principal de proteína. Este enfoque se alinea con las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles de la Secretaría de Salud federal y con el modelo de Una Salud impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que reconoce la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental.
“Colima demuestra que la alimentación debe ser una política de salud pública, de justicia social y de acción climática al mismo tiempo. Esta ley reconoce que los desafíos de salud, inseguridad alimentaria y sostenibilidad están profundamente conectados y posiciona al estado como referente nacional en la construcción de sistemas alimentarios más saludables, justos y resilientes”, afirmó Sofía Ruiz Oldenbourg, gerente de Políticas Alimentarias de Alianza Alimentaria y Acción Climática.
Un llamado para el resto del país
Desde 2021, Igualdad Animal y Alianza Alimentaria y Acción Climática impulsaron la iniciativa federal para expedir la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, aprobada por el Congreso de la Unión en 2024. Además de garantizar el derecho a la alimentación adecuada, esa legislación facultó a las entidades federativas para emitir sus propias leyes en la materia, aunque hasta ahora ningún congreso local había concretado ese mandato.
Con la aprobación de esta norma, Colima se convierte en la primera entidad en desarrollar una legislación estatal en cumplimiento de la ley federal, sentando un precedente para el resto del país.
“Colima es el primero en hacerlo, y con ello marca la pauta de lo que la ley federal esperaba de las entidades desde su publicación. Estados con mayor huella ambiental, como Jalisco, todavía no cuentan con una ley equivalente, pese a tener el mismo mandato y el mismo plazo. Colima demuestra que la voluntad política, no el tamaño del estado, es lo que ha detenido esta agenda en el resto del país”, apuntó Dulce Ramírez.