Martínez García señala que el 14 de agosto comenzó un proceso administrativo de ejecución, que otorga a los propietarios 10 días hábiles para responder a la notificación inicial, seguido de un embargo precautorio con otro plazo similar. Posteriormente, se solicita información a la Guardia Nacional, SEDENA, SICT y SAT para descartar impedimentos legales, etapa que puede extenderse hasta tres meses.
Una vez filtrados los casos con procesos en curso, los vehículos restantes pasan por un dictamen forense que determina si son chatarra o susceptibles de comercialización. De los más de 21 mil notificados, se calcula que 17 mil serán declarados chatarra, mientras que los restantes se subastarán.
“El Código Fiscal establece que Después de 180 días, que el vehículo está en guardia y custodia, inicio un proceso que se llama proceso administrativo de ejecución La primer parte de este proceso es notificarle al ciudadano, te notifico, ahí inicia. No quiere decir que en ese momento ya me lo adjudico”, explica.
El funcionario subraya que se conceden plazos adicionales para que los dueños recuperen sus unidades y recordó que la plataforma depositoenlínea.jalisco.gob.mx permite consultar la situación con placas o número de serie.
El director también precisa que las tarifas diarias de almacenamiento son de 99 pesos para vehículos compactos y 23 pesos para motocicletas, con excepciones en casos de víctimas de delito o accidentes con responsabilidad acreditada. Asimismo, se aplican descuentos tras 180 días de resguardo.
En cuanto a la administración de los depósitos, Martínez García destaca que se han erradicado prácticas como el desvalijamiento y la venta de partes, gracias a la implementación de registros con fotos y video almacenados en la nube, lo que permite comprobar el estado del vehículo al ingresar. En caso de daños durante la custodia, existe una póliza de seguro para indemnizar.
Estas medidas han reducido de 50 a solo dos las quejas mensuales. Además, se ampliaron los espacios de resguardo y se eliminaron cargos extra por maniobras. En la zona metropolitana, los depósitos operan en terrenos rentados por el estado, mientras que en municipios foráneos funcionan mediante permisos a particulares bajo regulación estricta.
Finalmente, el funcionario recuerda que ningún vehículo puede ser llevado a un depósito sin orden de autoridad competente. Si una grúa intenta remolcar sin fundamento legal, debe reportarse como robo.