La tarde del 13 de marzo del año 2008, ocurrió uno de los episodios más trágicos en la historia negra de Guadalajara. Ese día fueron asesinados a tiros siete personas en un bufete jurídico ubicado de la Calle Filadelfia, en la Colonia Providencia. La escena del crimen fue el despacho de abogados Rangel García y Asociados, en donde se localizaron los cadáveres de cinco hombres y una mujer, además de dos personas del sexo femenino heridas, todas con arma de fuego.
Poco después una de las lesionadas murió y la otra sobrevivió pese a que le dieron un balazo en la nuca; por fortuna la bala atravesó la garganta y salió por la nariz sin tocar órganos vital alguno. Los asesinos la dieron por muerta, pero en pocos días se recuperó.
Entre las víctimas mortales estaban los hermanos Luis Fernando y José Antonio Rangel Romo, licenciados en derecho que perecieron junto con Raúl García Valencia, -quien era socio de la firma- y sus colaboradores Martín Ernesto Torres Siordia, Teodoro Franco Suazo, Leticia Gutiérrez Tirado y Brenda Janeth Mora Elizalde.
Aunque en torno al móvil de la masacre hubo varias especulaciones, agentes del área Homicidios Intencionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE), a cargo del jefe de la división, Carlos Alberto Rayas Rodríguez, pronto establecieron que todo se debió a que los abogados titulares del despacho fueron contratados por personas víctimas de un fraude cometido por un sujeto de nombre Enrique Espinoza Gómez, alias “El Henry”, con el que se entrevistaron en el penal de Puente Grande para pedirle que devolviera el dinero que había obtenido con engaños.
“El Henry” se comprometió a reembolsar el dinero a cambio de que se retiraran las denuncias en su contra a efecto de que pudiera salir libre para poder resarcir los montos defraudados.
Contrario a su promesa, el señalado como embaucador en cuanto obtuvo la libertad contrató a varios hombres a quienes ordenó que asesinaran a los dos litigantes y así quitarse de encima el compromiso que había adquirido con ellos.
En agosto del mismo 2008, la División de Homicidios Intencionales de la Procuraduría del Estado, dejó bajo arraigo a presuntos integrantes de una banda de homicidas, entre los que se hallaban tres sujetos identificados como participantes en el asesinato del bufete de abogados Rangel García y Asociados.
Aparte se identificó a un cuarto participante en ese múltiple crimen, que entonces se encontraba detenido en el reclusorio preventivo, por robo de vehículo a mano armada.
Entre los sospechosos estuvieron además de Enrique Espinoza Gómez, alias “El Henry” -ex recluso y fraudeador, quien como ya se dijo, ordenó que se cometiera el asesinato- los siguientes individuos:
Guillermo Díaz Valencia, identificado como quien fue contratado por “El Henry” para cometer el multihomicidio, y señalado como quien disparó en el despacho jurídico en contra de los cinco hombres víctimas, y el cual ya se encontraba preso en el penal de Puente Grande, por el robo de un vehículo del Gobierno de Aguascalientes.
Daniel Ramón Alvarado Núñez, alias “El Bombero”, quien participó en la masacre, acompañando a otros dos de los sujetos señalados y maniatando a las víctimas para que fueran asesinadas.
Víctor Manuel Meza González identificado como el que disparó a las tres mujeres del despacho, de las que dos murieron y una quedó herida.
NO QUERÍAN DEJAR TESTIGOS Y “EL HENRY” NO CUMPLIÓ CON EL PAGO
En las pesquisas se esclareció que la orden era de sólo matar a los dos litigantes Rangel Romo, pero los asesinos no quisieron dejar testigos y dispararon en contra de todos los que se encontraban en el despacho en ese momento, incluyendo a una secretaria y a una vendedora de teléfonos celulares que rentaba un cubículo anexo a las oficinas del corporativo jurídico.
Sin embargo, hubo imágenes captadas en el sistema de circuito cerrado del despacho, que confirmaron la actuación de cada uno de los señalados.
En las investigaciones se estableció que “El Henry” prometió pagar una fuerte suma de dinero y varios vehículos a cambio de concretar los asesinatos de los abogados Rangel Romo, pero no cumplió totalmente con lo acordado, pues sólo les entregó a los homicidas materiales, dos automóviles y 50 mil pesos,
PROCESO RETRASADO MEDIANTE AMPAROS
Durante el proceso que se les instauró en un juzgado penal de Puente Grande, a los cuatro detenidos por la muerte de siete personas en el despacho de abogados de la Colonia Providencia, se interpusieron una serie de amparos por parte de los defensores de por lo menos uno de los detenidos, que hicieron retrasar la sentencia en contra de los homicidas.
Los amparos interpuestos argumentaban supuestas irregularidades en la integración de las averiguaciones y en el proceso, entre ellas que a los detenidos se les tomó declaración cuando estaban bajo arraigo y que en un comunicado de prensa se habían vulnerado sus derechos. El caso es no procedieron y que 17 años y ocho meses después, en noviembre de 2025, se dictó la pena de 50 años de prisión en contra de los señalados.
ENCARGADO DE LAS INVESTIGACIONES FUE ASESINADO EN 2009
Actualmente, ya no existe la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco como tal, pues en marzo de 2013 se convirtió en Fiscalía General del Estado y en la actualidad su nominación oficial es sólo Fiscalía del Estado.
El jefe de la División de Homicidios Intencionales de la PGJE Carlos Alberto Rayas Rodríguez, quien encabezó las indagatorias que permitieron esclarecer y detener a los responsables del multihomicidio en el despacho Rangel García y Asociados, fue asesinado el viernes 3 de abril del 2009, por miembros de la célula criminal conocida como “La Resistencia”, que en ese tiempo se disputaba la hegemonía de la delincuencia organizada en el estado con el naciente Cártel Jalisco Nueva Generación.
Al licenciado Rayas Rodríguez lo asesinaron por negarse a dejar libres a sujetos acusados de un asesinato en Zapopan, identificados como integrantes de “La Resistencia”.
