El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen con modificaciones a la iniciativa para reformar más de 400 Artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la capital, propuesta por la jefa de Gobierno Clara Brugada, y presentada por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Se buscaba que el dictamen fuera aprobado antes de la toma de protesta de las y los candidatos electos al Poder Judicial, que será este 1 de septiembre; se establece la creación del Tribunal de Disciplina Judicial e integración del Órgano de Administración Judicial, y se incorpora la austeridad republicana, prohibiendo que algún servidor público de la judicatura perciba una remuneración superior a la de la persona que titular del Ejecutivo Federal.
El dictamen se aprobó con 51 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, quienes votaron en contra fueron las y los integrantes del grupo parlamentario del PAN al considerar que se trata de una estrategia para someter a la justicia capitalina al control político.
Las y los integrantes del PAN coincidieron en que dichas modificaciones “no modernizan, no reorganizan y no fortalecen al Poder Judicial; lo amarran, lo paralizan y lo someten”. Además, alertaron que el dictamen promueve cambios que entrega facultades sin equilibrios a los nuevos órganos del Poder Judicial.
Aprueban reservas
Durante la discusión se presentaron distintas reservas por el morenista Víctor Hugo Lobo, Tania Larios del PRI, Royfid Torres de Movimiento Ciudadano, y por los panistas Olivia Garza, Mario Sánchez, Diego Garrido, Lizzette Salgado y Ricardo Rubio; sólo las presentadas por el PAN fueron rechazadas.
Ante lo anterior, la panista Olivia Garza aseguró que las reservas son para corregir errores, fortalecer la ley y para garantizar su correcta aplicación, “no son un capricho, son responsabilidad legislativa de todas y todos los que estamos aquí presentes”, comentó.
A nombre de las comisiones dictaminadoras, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho expresó que con esta aprobación se permitirá el alineamiento y la concordancia con la reforma constitucional para la renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México; y le dará bases, atribuciones y facultades a las nuevas instancias creadas para el desarrollo de sus funciones y responsabilidades.
Como lo es el Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración Judicial, “que llevarán sendas responsabilidades en el desarrollo de la actividad judicial en este poder”.
Urincho, explicó que estas modificaciones proponen una nueva estructura del Poder Judicial; también destacó que el Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Estará integrado por cinco personas electas por la ciudadanía, por seis años en su encargo y no podrán ser reelectos por un nuevo periodo.
Adelantó que en el futuro se presentarán iniciativas para precisar los ajustes legales que requerirá el poder judicial para mejorar su funcionamiento, en beneficio de la ciudadanía.
¿Qué avala el dictamen?
El dictamen aprobado establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial local contendrá las disposiciones necesarias para la implementación del nuevo sistema de justicia en la capital.
Además indica que se extingue formalmente el Consejo de la Judicatura, con la protesta de las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y la integración del Órgano de Administración Judicial, y se incorpora la austeridad republicana, prohibiendo que algún servidor público de la judicatura perciba una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.
En el caso del Órgano de Administración Judicial, se integrará por cinco personas, que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; la otra, por el Congreso local, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes.
Y tres serán elegidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la adscripción y remoción de las personas juzgadoras, y velará por los derechos humanos laborales de las personas servidoras públicas.