Ciento 33 inmuebles que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto a organismos encargados de velar por la seguridad estructural identificaron que violaron las normas y lineamientos de construcción, no poseen dictámenes de seguridad estructurales que les aseguren a los inquilinos y propietarios que es seguro habitar esos predios, aún cuando se autorizaron niveles excedentes y utilizaron materiales de baja calidad para levantar los lujosos complejos.
Estos edificios de alta plusvalía residencial, construidos entre los años 2014 y 2021, por la mafia del “Cártel Inmobiliario” a cargo de los exdirectores jurídico y de obras de la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis, respectivamente, poseen de uno a siete niveles excedentes en su construcción, de los cuales, a partir de que se infringió la normativa de uso de suelo, provocaron graves accidentes y hasta pérdidas mortales.
La poca supervisión de autoridades de todos los niveles de Gobierno, tanto del Gobierno central, como de la alcaldía, para que se cumplimentara la reglamentación de construcciones, tiene que ver con que la mala calidad de los materiales de obra, el sobrepeso que se le imprimió al suelo con viviendas no autorizadas y licencias de edificación y habitabilidad opacas, dejó víctimas mortales cuando las estructuras de la obra no soportaron el golpe de los fenómenos naturales.
Antecedentes de derrumbes por corrupción inmobiliaria
Uno de los casos que destapó este negocio ilícito y peligroso fue el edificio Residencial San José, ubicado en la avenida Zapata 56, de la colonia Portales Sur, el cual se derrumbó tras el terremoto del año 2017, a un año de haberse levantado por la constructora Canada Building Systems de México, evento donde fallecieron dos mujeres, a causa del uso de componentes para la obra de segunda.
Tras la investigación promovida por los damnificados de ese inmueble, arrojaron que el edificio habría colapsado aún sin sismo, dado que los planos de la constructora no concuerdan con la realidad de la vivienda. Asimismo, anomalías como varillas con diámetros mínimos, losas, castillos débiles y trabes vencidas, vigas inexistentes, malos cálculos y ausencia de evaluaciones contra sismos, solapados a inmobiliarias por administraciones panistas transexenales y el afán de favorecer a las constructoras, dejó en vilo a habitantes de 133 edificios, que desconocen la seguridad estructural del inmueble en el que viven.
Uno de estos inmuebles, Adolfo Prieto mil 38 en la colonia Del Valle Centro fue autorizado un uso de suelo por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda H/4/20 (cuatro niveles y 20 por ciento de área libre). Ese predio está reconocido en el Atlas como vulnerable a hundimientos, con deformaciones a causa de los estratos lacustres. Aún con sus tres pisos de más, no fue revisado luego de que la Fiscalía lo identificó como parte de la trama inmobiliaria panista.
Ninguna autoridad revisó los inmuebles
Para que el Instituto de Seguridad de las Construcciones (ISC) realice un dictámen de seguridad estructural, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina o la unidad de la alcaldía deben de declarar la edificación de “alto riesgo”, o cuando ocurra un evento sísmico de magnitud importante.
En tanto que, para las obras nuevas, con aviso y terminación de obra, se deberán de presentar el visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones y la constancia de seguridad estructural a la alcaldía y a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y autorice el uso y ocupación del inmueble. Al cuestionar a la demarcación y a la dependencia gubernamental, mencionaron que esto no está dentro de sus funciones.
A través de transparencia, el ISC mencionó que desconoce la identificación plena de los domicilios y que no contiene algún documento que avale la seguridad estructural, aún cuando la administración del exjefe de Gobierno, Martí Batres, ordenó que ese organismo revisara los edificios del “cártel inmobiliario” para verificar su habitabilidad. Al solicitar el dictamen a la alcaldía Benito Juárez, señaló que no está dentro de sus atribuciones, es decir, al momento, cientos de habitantes ocupan inmuebles que no saben si son seguros para vivir, aún con reglas de obras violadas.
Dakota 367 en la colonia Nápoles posee la zonificación E/3/25 (equipamiento, tres niveles y 25 por ciento de área libre), sin embargo, en este inmueble se construyeron ocho pisos, con amenaza de hundimiento señalada por Protección Civil, sin que sea ubicado de alto riesgo o con intenciones de ser examinada su estructura para prevenir víctimas mortales en un próximo sismo.
En Eugenia 25 en la colonia Ampliación Nápoles fueron autorizados seis pisos HC6/25, con comercio en planta baja y 25 por ciento de área libre. En este predio se construyeron tres pisos más, sin importar la advertencia de hundimientos en la zona, se acumularon toneladas de cemento y materiales en 211 metros cuadrados, así como se realizó en el pasado en Zapata 56.
Del mismo modo, en Galveston 51 en la colonia Nápoles, se podían edificar tres pisos en 254 metros cuadrados, con uso de suelo H3/20, aunque en la realidad tiene el doble de longitud de obra. El Atlas de Protección Civil tampoco lo califica como de alto riesgo, a pesar del doble de peso que puede soportar el suelo de ese perímetro, enterramiento que lo advierte la dependencia.
En Holbein 66, en Ciudad de los Deportes, también se señala la posibilidad de hundimientos, lo que se agrava con sus tres pisos de más, de los tres que el Gobierno de la Ciudad de México avaló con su uso de suelo H/3/20. Desde hace más de cinco años se imprime el doble de peso en los 329 metros cuadrados, sin dictamen estructural que le garantice a los vecinos que sus viviendas no se desplomarán en un terremoto o que los materiales que se usaron para las paredes, cimientos y losas son de buena calidad y apegados al reglamento de construcciones.
Del mismo modo, el peso de la obra no importó en Nevado 52, Portales Sur, que de un uso de suelo H3/20, se levantaron 10 niveles, siete viviendas más de lo que puede soportar el suelo de 188 metros cuadrados. Como en la mayoría de las zona central de la capital, Protección Civil amenaza con hundimientos, pero al momento no se han iniciado proyectos de revisión con el ISC, la alcaldía Benito Juárez o algún peritaje que determine que no hay riesgo de colapso.
Con todo, este inmueble no cuenta con antecedentes de trámites para la emisión de la solicitud de su certificado de uso de suelo.
En Recreo 99, en la colonia Actipan, también se duplicaron los pisos permitidos, de cinco a 10. Con el uso de suelo H4/20, en 765 metros cuadrados con riesgo de hundimiento, se soporta una obra que la ex Seduvi y las autoridades encargadas de ceder permisos de agua y medio ambiente, no detectaron y avalaron que siguiera el proyecto. El inmueble no fue revisado ni se comprobó que en un sismo pueda soportar el doble del peso que la tierra puede cargar.
Un caso más de un edificio del que no se sabe su seguridad estructural es Saturnino Herrán 127 en la colonia San José Insurgentes, que ni Protección Civil o el ISC o el Gobierno capitalino han examinado que sus cinco pisos de más, de una edificación que sólo tenía autorizados cinco niveles, es susceptible a derrumbes, desplomes o daños en su estructura en caso de sismo.
El Cártel Inmobiliario representa corrupción en 7 mil 142 mdp
La Consejería Jurídica capitalina estima que la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de siete mil 142 millones de pesos, que comprende la construcción de 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022.
A pesar de que la Secretaría de Vivienda emitía el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, en el que se establece el número de pisos permitidos, en los trámites posteriores que la alcaldía tiene la facultad de autorizar, se avalaba la irregularidad mediante la Manifestación de Construcción, el Aviso de Terminación de Obra, la Autorización de Uso y Ocupación, y la Regularización de Construcción.
En el periodo de 2012 a 2015 se edificaron 27 inmuebles con 68 niveles excedentes; de 2016 a 2018, 58 inmuebles y 188 niveles excedentes; de 2019 a 2022, 40 inmuebles y 66 pisos excedentes; y de 2008 a 2011, cinco inmuebles con 12 pisos excedentes.
En la alcaldía Miguel Hidalgo, también es invisible en el mapa el edificio de departamentos de Francisco Murguía 88, predio que resultó afectado por irregularidades en la edificación del complejo habitacional en el número 86 de la colonia Escandón.
Desde la edificación, la residencia afectó severamente la estructura de los inmuebles colindantes, rompió el manto freático del suelo y ocasionó la salida sin control de agua que dañó los muros, cimientos y estructuras completas de varias viviendas. Al revisarlo, Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo realizó un dictamen de riesgos, institución que la calificó como de alto riesgo, por lo que recomendó la revisión general de la instalación hidráulica del inmueble y que la constructora realice el convenio de los daños; “si no se resuelve el problema de las filtraciones de agua en el talud existe el riesgo de deslave y/o asentamiento diferencial”; al momento, en el mapa no se advierte que este predio sea peligroso para habitarlo o las autoridades tengan planeado reconstruirlo.
Uno de los inmuebles de reciente afectación es la vecindad de la calle Sol 246, cuyo techo se derrumbó en julio del 2024, dado que tiene alrededor de 100 años de haber sido edificado y su nulo mantenimiento después de los sismos. Al momento del desplome no hubo heridos, sin embargo, la alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos que anuncian el alto riesgo. Como en los casos anteriores, en el Atlas no se ratifica esa advertencia.
Los sellos de “alto riesgo”, también los pegó personal de la alcaldía en la fachada del predio que cruza la calle Santa Veracruz y Callejón dos de abril, de la colonia Centro, así como en Doctor Rafael Lucio 126, en la colonia Doctores; ambos pasan desapercibidos en el Atlas y que el último, al resultar dañado por los sismos del 2017, un Director Responsable de Obra (DRO) acudió a revisar un predio aledaño y se dio cuenta que el número 126 registró daños importantes, que lo calificaron de alto riesgo y ordenó su desalojo inmediato. Ninguno de los dos está en planes de rehabilitación o reconstrucción.