La familia de Daniel Tadeo, motociclista que murió arrollado en Santa Fe en diciembre del 2024, señaló que Gabriela “N”, mujer que le quitó la vida a la víctima, así como su defensa, denunciaron y fabricaron delitos en su contra, con la finalidad de alargar el proceso, desestabilizar a la familia, lograr que la imputada nunca sea privada de su libertad y disminuir los montos de indemnización por muerte.
Las denuncias se presentaron una vez que las víctimas indirectas acusaron que los abogados de Gabriela “N”, solicitaron la reapertura de investigación para bajar la suma de dinero que le debe de pagar a la familia de Daniel por asesinarlo, así como la determinación de lucro cesante por esperanza de vida, los cuales superan el millón 244 mil 650 pesos y cuatro millones 12 mil 751 pesos, respectivamente.
Vanessa Méndez, hermana de Daniel Tadeo, refirió a Crónica que las dirigentes del colectivo que las apoyaban le alertaron que la contraparte los había denunciado, por lo que al acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), verificó que ella, la esposa del fallecido y su padre, tienen una carpeta de investigación en su contra por el delito de fraude procesal.
El fraude procesal es un delito que se comete cuando una persona usa engaños para inducir a error a una autoridad judicial o administrativa y obtener así una resolución o beneficio ilícito. Consiste en manipular o falsear la realidad dentro de un proceso legal, con la intención de perjudicar a otra persona o a la recta impartición de justicia.
Méndez detalló que los representantes legales de Gabriela “N” tienen la intención de otorgar únicamente dos millones de pesos por el crimen cometido, por lo que las acusaciones son la manera para agilizar la celebración del acuerdo reparatorio, con las condiciones que la defensa de la mujer imponga.
En una audiencia celebrada el 24 de septiembre, Gabriela “N” y sus abogados solicitaron por segunda ocasión que se recabe el registro en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de Daniel Tadeo desde el año 2020, así como sus declaraciones fiscales mensuales, de igual forma los comprobantes fiscales digitales por internet, a finde verificar si contaba con RFC, si presentó declaraciones fiscales, con la finalidad de establecer sus ingresos económicos.
De igual manera, se pidió que se transparente el Número de Seguridad Social, así como un informe detallado elaborado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el que contaba Daniel.
Según la defensa de Gabriela, sin esa documentación se impide verificar con certeza la actividad económica que desarrollaba el fallecido, así como los ingresos reales que obtenía, por lo que consideraron necesario solicitarlo como acto de investigación.
También se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que informe si Daniel Tadeo fue usuario de Banca Nacional Mexicana de los años 2020 a 2025, a efecto de verificar sus movimientos financieros.
Asimismo, otra de las demandas es que se indague si las hijas de Daniel son las víctimas indirectas y la afectación que sufrieron por la muerte de su padre.
Estas solicitudes fueron aceptadas por la autoridad judicial, bajo el argumento de que es una manera de verificar los ingresos de la víctima y determinar el monto de la reparación del daño.
La familia de Daniel Tadeo explicó que además del entorpecimiento en el proceso penal, le bufete jurídico de la señalada ingresó un amparo, con el objetivo de que la esposa, hermanos e hijas del fallecido no sean reconocidas como víctimas indirectas, aún cuando el Ministerio Público y el juez les dio ese nombramiento.
Suma de negligencias en el caso
América, la acompañante de Daniel al momento del accidente, ingresó meses atrás documentación apócrifa ante la autoridad judicial para acreditar que era la única pareja de Daniel Tadeo, como comprobantes de domicilio para aparentar que ambos compartían el mismo inmueble.
En abril del 2025, la familia de Daniel acusó que América “N” planeaba que las autoridades la reconozcan como concubina, con documentos aparentemente apócrifos y testigos que mienten en cuanto a la vida y pasado del fallecido, con falsas direcciones del domicilio que habitaba; aún cuando la Fiscalía capitalina reconoció a Ana Cristina, la madre de sus hijas, como principal integrante de su núcleo familiar, así como a los demás afectados indirectos, que son sus hermanos y padres del hombre.
No obstante, en documentación que Crónica posee, se detalla que Daniel Tadeo vivía en la colonia Miguel Gaona en la alcaldía Álvaro Obregón, con su concubina Ana Cristina, en un domicilio con nomenclatura distinta a la de América.
Otro testigo, quien se identificó como Julio César, emitió la misma declaración, del presunto concubinato entre Daniel Tadeo y América.
No obstante, en el mismo expediente se comprobó, a través de su credencial del Instituto Nacional Electoral que Daniel mantenía otro domicilio, en la calle Río Mixcoac en la colonia Miguel Gaona, sitio en el que previamente, el Ministerio Público, afirmó que vivía con Ana Cristina, la madre de sus hijas.