La red de profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México, se reunió hoy para solicitar que el aborto se trate como un tema de salud y no un delito. Por esto, el colectivo exige la derogación del delito de aborto voluntario, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la criminalización no reduce el número de abortos; por el contrario, incrementa la mortalidad y morbilidad materna y limita la capacitación del personal de salud para que los procedimientos se realicen de manera segura, oportuna y con un trato digno, libre de estigma.
La Ciudad de México es un caso emblemático en materia de derechos reproductivos. Aunque fue pionera en 2007 al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, aún lo mantiene tipificado como delito en su Código Penal. Este desfase entre la legislación sanitaria y la penal tiene consecuencias concretas: en 2025 la capital ocupa el primer lugar nacional con 146 investigaciones penales por aborto. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2015 y 2024 el número de carpetas de investigación creció 42.7%.
“Incluir la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Código Penal fue un error histórico. Las y los legisladores deben comprender que los servicios de salud no pueden ser regulados como crímenes”, comentó la doctora Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la Ciudad de México y en el Estado de México. “A pesar de que ya se despenalizó el aborto en algunos lugares, continúan existiendo barreras por el miedo que enfrentamos tanto el personal médico como las personas que requieren el procedimiento, a ser investigadas y criminalizadas”.
La iniciativa para derogar el delito de aborto en la Ciudad de México se sustenta en sentencias clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en 2018 se reconoció el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo como un derecho para las víctimas de violación sexual; en 2021 se declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas gestantesque interrumpen su embarazo y al personal de salud y acompañantes que les asisten; y en 2023 se ordenó al Congreso eliminar el aborto del Código Penal Federal.
“Tratar el aborto como un tema de salud es reconocerlo como salud integral, con acompañamiento psicológico y sin barreras de acceso. El aborto seguro y acompañado con personal calificado no genera traumas; lo que genera trauma es negarlo o hacerlo bajo condiciones inseguras. Cuando se coloca el aborto en el foco de la salud, se salvan vidas y se da estabilidad emocional”, afirmó Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, psicóloga de Michoacán, donde el aborto fue despenalizado hasta las 12 semanas de gestación tras una reforma aprobada por el Congreso local en octubre de 2024.
Sin embargo, el avance en el país es profundamente desigual: ocho estados aún no han acatado las órdenes de la Corte y todos los códigos penales estatales continúan tipificando el aborto como delito, generando un mapa fragmentado de derechos fundamentales y barreras de acceso que ponen en riesgo la salud y la vida de niñas, mujeres y personas gestantes.
A principios de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la gobernadora de Morelos y a los Servicios de Salud estatales implementar acciones inmediatas para garantizar el acceso al aborto legal en la entidad, aun cuando no se haya reformado el Código Penal. La doctora Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, especialista en salud sexual en el estado de Morelos, afirmó: “Por más de 30 años he visto de cerca las consecuencias de criminalizar el aborto. Se ha comprobado una y otra vez que prohibir el aborto solo lleva a procedimientos peligrosos que obligan a las mujeres a arriesgar su vida y muchas veces llegan al hospital con hemorragias, con daños irreversibles. Además, regular el aborto como un delito nos mantiene con miedo de hacer nuestro trabajo”.
“No hay tiempo: necesitamos dejar atrás el miedo y reconocer el aborto como lo que es: un servicio de salud, no un delito. El aborto seguro es salud pública; debe ser un derecho y no un privilegio. Las mujeres tienen derecho a la salud y el aborto es un derecho a la salud. Así de simple”, añadió la Dra. Kempis.
“Criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. Es no reconocer todo lo que viven las mujeres y las personas con posibilidad de gestar. A nivel nacional tenemos la tasa más alta de natalidad en adolescentes de todos los países de la OCDE. Por esto exigimos que los temas de salud se regulen con base en evidencia científica y no desde prejuicios”, señaló la Dra. Joselyn Rivera Vilchis, radicada en León, Guanajuato, donde se rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto voluntario en junio de 2025.
“Tratar el aborto como delito es tratar a las mujeres como delincuentes; tratarlo como salud es reconocer su derecho a una atención segura, integral y acompañada. En Tlaxcala, uno de los estados donde el aborto sigue penalizado salvo por causales, el personal médico también vivimos con miedo: miedo a ser denunciado por brindar atención, miedo a perder nuestra licencia, miedo incluso a salvar vidas”, indicó la doctora Marau Basilio Roblero, ginecobstetra de Tlaxcala.
A través de la difusión de testimonios reales de personal médico y profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México lucha incansablemente para que el aborto sea reconocido como un derecho fundamental y un servicio de salud esencial, no como un crimen. Nuestro compromiso es claro: hacer de la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes una prioridad absoluta.