El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México propuso incrementar penas al delito de fraude en contra de personas integrantes de grupos vulnerables como adultos mayores o personas con discapacidad y por el uso indebido de programas sociales.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que durante el último año se han reportado más de 12 mil 700 casos de fraude y extorsión contra personas adultas mayores, cifra que supera incluso las denuncias por extorsión telefónica.
El coordinador de la bancada, Ernesto Villarreal, detalló que con su propuesta se busca sancionar con mayor severidad a quienes obtengan un beneficio propio o de un tercero, aprovechándose de la vulnerabilidad, el desconocimiento, estado de salud o capacidad disminuida de personas integrantes de grupos de atención prioritaria.
Señaló que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que el 20% de las estafas virtuales en el país tienen como víctimas a personas mayores, muchas de las cuales no cuentan con herramientas digitales para detectar engaños
Penas por fraude
La iniciativa propone que las penas por fraude —actualmente de seis meses a diez años de prisión y de 400 a 4 mil días multa— se incrementen hasta en una mitad, y hasta en dos terceras partes, especialmente cuando el responsable sea un familiar directo de la víctima.
Asimismo, se contemplan sanciones para quienes utilicen logos o imágenes oficiales de programas sociales con fines de lucro o engaño.
El legislador señaló que la propuesta se alinea con medidas adoptadas en otros países donde el fraude a personas mayores ya se considera un delito agravado.
En California, Estados Unidos, existen sanciones específicas por fraude financiero contra mayores de 65 años, mientras que en Costa Rica se incrementan las penas cuando la víctima tiene discapacidad cognitiva o pertenece a la tercera edad.
En el ámbito nacional, distintas entidades han avanzado en el mismo sentido, reconociendo que la vulnerabilidad de las víctimas debe aumentar la responsabilidad penal del agresor.
“No se trata solo de castigar, sino de prevenir y de enviar un mensaje claro: en la Ciudad de México no habrá impunidad para quienes lucren con la necesidad del pueblo. Quien defraude a un adulto mayor, engañe a una persona en condición de vulnerabilidad o robe con mentiras a los más pobres será castigado con todo el peso de la ley”, concluyó.