Metrópoli

Actualmente el delito es perseguido hasta por 20 años y se castiga con 15 a 20 años de prisión

Buscan que la tortura y la desaparición forzada en CDMX nunca prescriban

La Ciudad de México ocupa el #1 a nivel nacional, este 2025, en personas desaparecidas no encontradas.

El diputado local del PAN, Ricardo Rubio, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de fortalecer el marco legal en materia de tortura y desaparición forzada para que estos delitos no prescriban nunca y establecer sanciones más poderosas.

La iniciativa surge ante la necesidad de armonizar la Ley federal con la local; el legislador recordó que la capital ha presumido avances en materia de derechos humanos, pero lamentablemente existen vacíos normativos que impiden que la tortura y la desaparición forzada se sancionen con contundencia.

Buscan que estos delitos no prescriban nunca

Destacó que existen deficiencias en materia de agravantes, de imprescriptibilidad y de reparación integral y protocolos de investigación, por lo que principalmente se busca que estos delitos no prescriban nunca, actualmente es perseguido hasta por 20 años y se castiga con 15 a 20 años de prisión.

“No están debidamente tipificados estos delitos, buscamos que se reconozca la imprescriptibilidad de estos delitos; que no prescriban nunca porque el dolor que causan a la gente cuando alguien tiene un familiar desaparecido es matarlos en vida”, comentó en entrevista con este diario.

Agravantes

Rubio detalló que su propuesta busca que la tortura se aumenten de 8 a 15 años de prisión y pueden aumentar hasta en una tercera parte cuando el delito se comenta contra grupos vulnerables.

La iniciativa plantea que se reconozca que la tortura y la desaparición tienen impacto diferenciado entre mujeres y grupos vulnerables como niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, comunidades indígenas, a la comunidad LGBT+, periodistas y defensores de los derechos humanos.

Además, cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables, contempla nulidad de pruebas obtenidas mediante tortura, y responsabilidad penal de superiores jerárquicos, “reforzando el principio de que un sistema de justicia legítimo no puede cimentarse sobre la barbarie. El respeto a la dignidad humana no es negociable”.

“Con esta iniciativa mandamos un mensaje contundente, que la tortura y la desaparición forzada no tendrán cabida en la Ciudad de México”, señaló el legislador.

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