Un juez de control determinó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) debe de finalizar las investigaciones para determinar presuntas responsabilidades en contra de la organizadora del festival, Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA) y su corporativo de seguridad LOBO en la colocación de dos grúas en el festival AXE Ceremonia, que colapsaron sobre los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.
Tras la celebración de una audiencia de omisiones, la familia Giles Rivera obtuvo una suspensión definitiva para que el juez de control, José Luis Palacios Fernández, no celebre la audiencia inicial por el caso, hasta que la Fiscalía capitalina rectifique si OCESA y LOBO estuvieron involucrados en el accidente, sumado a otros actos de investigación que el Ministerio Público se habría rehusado a ejecutar.
Además, la juez Ivette Morales llamó a la Fiscalía y al Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación para que se separe del caso, dado que habría formulado las imputaciones y construido la carpeta de investigación en la que la familia de Berenice fue desfavorecida. Además, calificó las acciones de las autoridades como de sospecha de corrupción.
Con todo y la determinación, el juez José Luis Palacios Fernández convocó a la ejecución de la audiencia inicial para el 16 de octubre, a pesar de la suspensión que previamente se emitió para que no se llevara a cabo.
Por lo tanto, si las presuntas negligencias que ha expuesto la familia Giles, respecto a que OCESA y LOBO violaron el programa especial de Protección Civil al solapar la entrada de esas grúas al festival, esos corporativos podrían pasar de calidad de testigos a imputados.
Del mismo modo, la defensa de la familia de Berenice afirmó que desde mayo existe una resolución administrativa donde expertos en Protección Civil tiene que ver con la grúa indebidamente instalada.
Otro dato de prueba en el que confían es un vehículo de videovigilancia de circuito cerrado que se encontraba en el Parque el día del festival, en el cual, Seguridad Privada LOBO monitoreaba las cámaras de seguridad durante el festival. Evidenciaron que ese camión es propiedad de OCESA y que al investigar su matrícula en las placas, la Secretaría de Movilidad determinó que no existe en los registros de la capital.
Los padres y hermanos de los fallecidos han tomado líneas jurídicas distintas. Tras la suspensión de la audiencia inicial, los abogados de la familia de Miguel Ángel Rojas declararon que las empresas que actualmente se encuentran imputadas solicitaron más tiempo para revisar los 17 tomos de la carpeta de investigación, por lo que se determinó que la audiencia se reiniciaría el 28 de octubre.
A la petición para que se investigue a OCESA y LOBO, el abogado de la familia de Miguel Ángel, Edwin Alan Piñón González mencionó que otras tres empresas fueron las involucradas con la instalación, contratación, colocación y manipulación de las grúas, señaladas por el delito de homicidio culposo.
Si bien no se celebró la audiencia, Piñón González aclaró que la suspensión concedida a la familia de Berenice no fue la razón para su cancelación, dado que el juez no había sido notificado del amparo.
“No todas las empresas son responsables, sólo aquellas que tuvieron que ver con la violación al programa especial de Protección Civil que tienen la obligación de vigilar que las estructuras que estuvieran dentro de ese festival, fueran reportadas en ese programa. Hay decenas de contratos que tuvo que allegarse la Fiscalía, testigos y poderes notariales, con base en esa información la Fiscalía atribuye responsabilidades”.
“Las imputaciones que realiza la Fiscalía no quiere decir que no puedan ampliarse después, que pueda haber algún contrato o más información que apunte a nuevos responsables”, dijo Piñón González.