Vecinos de Magdalena Contreras acusaron al Gobierno de la Ciudad de México de despojarlos con engaños de sus hogares —que habitaban desde hace 40 años— para construir una Utopía en el predio. Las familias han demostrado legalmente que son propietarias del lugar ubicado en Rancho Tenango, Oyamel.
“De manera ilegal, inhumana engañaron e intimidaron a la gente de manera vil, villana y desalmadamente”, comentó el representante legal, Franco Bárcenas, acompañado por los afectados.
El abogado detalló que presentaron un amparo y pese a que ya se había ordenado la suspensión de las obras de la Utopía, sin importar, la autoridad de la Ciudad de México, no respetó las disposiciones legales y arbitrariamente procedió a la demolición de las viviendas.
Se trata de 15 grandes familias afectadas, a las que funcionarios del Gobierno les dijeron que harían un censo para otorgarles una ayuda económica para el mejoramiento de sus viviendas; lamentablemente fueron víctimas de un engaño porque sin previo aviso se iniciaron los trabajos de demolición para la Utopía y una estación del Cablebús.
Bajo el pretexto de “se tiene que hacer lo que yo digo porque soy del Gobierno” los afectados detallan que sólo les dieron 15 minutos para desalojar, por lo que no pudieron sacar sus pertenencias; la mayoría son comerciantes y contaba con accesorias en sus casas, por lo que tampoco pudieron retirar su mercancía.
La compensación, 10 mil pesos
Además fueron obligados a firmar un acuerdo para recibir un bono de 10 mil pesos y un apoyo de 5 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2025 para que buscaran una nueva vivienda, montos que nunca llegaron. Aseguran que lo firmaron por temor a represalias.
Otra de las anomalías reportadas es que procedieron al derrumbe pese a que las autoridades carecen de documentos para sustentar que la propiedad es del Gobierno local, como aseguran los funcionarios.
“Varias veces nos acercamos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pero nos miró a la cara y nos mintió, ella dijo que no se iban a meter con nosotros y tomaron nuestros hogares, nuestras accesorias y no nos han dado los apoyos”, comentó una de las afectadas.
Las familias exigen justicia y empatía del Gobierno local ya que la Utopía proyectada en Magdalena Contreras se pretende realizar, sin haber llevado a cabo una consulta pública, para conocer la opinión de los vecinos afectados por la construcción.
En 2025 se registraron más de 2 mil casos de despojo, PRI propone incrementar penas
La diputada Tania Larios, coordinadora del PRI en el Congreso local, se comprometió a dar acompañamiento legal y solidario a cada una de las familias afectadas.
Además, presentó una iniciativa para endurecer las penas por el delito de despojo, que se ha incrementado durante los últimos años, y combatir la profunda crisis de impunidad que afecta a los capitalinos, actualmente sólo el 14% de las denuncias culminan en vinculación a proceso.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para el tercer trimestre de 2025, se reportó una incidencia de 2,621 casos de despojo en la CDMX, un crecimiento de al menos ocho puntos porcentuales respecto a 2024. Esto posiciona a la Ciudad de México como la segunda entidad con más casos a nivel nacional, después del Estado de México.
La propuesta de Tania Larios busca imponer de 12 a 24 años de prisión y de cuatro mil a seis mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quienes cometan el despojo de inmuebles urbanos en forma reiterada.
Las penas incrementarán cuando el despojo se cometa en contra de mujeres, personas mayores de sesenta años de edad, con discapacidad o pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. Se agrava la sanción cuando se utilicen armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa.