El Gobierno de la Ciudad de México informó que, tras una supervisión realizada por el DIF y la Secretaría de Bienestar, se detectaron irregularidades y posibles actos delictivos en el Centro de Asistencia Social Casa de las Mercedes, ubicado en la colonia San Rafael.
Este anuncio surge luego de que ocho decenas de niñas y adolescentes fueran rescatadas de los dos albergues del centro de asistencia social privado, tras detectarse presuntos abusos, irregularidades y posibles delitos en agravio de las menores bajo resguardo.
Como resultado de estas revisiones y de la denuncia presentada, se implementaron medidas urgentes de protección para los 80 niñas y adolescentes que estaban bajo resguardo de la institución privada.
Clara Brugada, jefa de Gobierno, explicó que las acciones se realizaron con base en una resolución judicial y que el objetivo principal fue garantizar el interés superior de las menores.
“No podemos permitir que en ningún lugar y menos en un espacio destinado a proteger a niñas, haya abusos de este tipo”, señaló.
Las menores fueron trasladadas a espacios bajo resguardo del DIF, donde reciben atención integral las 24 horas, incluyendo cuidados médicos, psicológicos, sociales y pedagógicos.
Medidas de protección y seguimiento legal
Araceli Damián González, secretaria de Bienestar, detalló que la intervención se llevó a cabo en dos sedes del albergue: Schultz y Berriozabal, donde fueron atendidas 47 y 33 menores, respectivamente. Las acciones incluyeron la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y las comisiones de derechos humanos federal y local, garantizando la custodia y protección de las víctimas durante todo el proceso.
La secretaria indicó que, tras detectar irregularidades, se presentaron las denuncias correspondientes y se inició la reubicación de las menores, medida que en algunos casos se vio frenada por amparos. Sin embargo, con la resolución judicial del 29 de octubre de 2025, todas las medidas de protección fueron cumplidas, asegurando que las niñas y adolescentes estén en condiciones de seguridad, cobijo y atención especializada.
Investigación y acciones penales
Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia, explicó que la investigación inició tras la denuncia de una adolescente víctima de agresión sexual. Durante los meses posteriores, la víctima enfrentó amenazas y acoso, pero logró comunicar los hechos al DIF, lo que permitió activar la investigación y proteger a otras menores bajo resguardo.
Como resultado de las diligencias ministeriales y los dictámenes periciales, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Aquiles “N” por violación agravada.
La Fiscalía informó que también se mantiene un procedimiento en curso relacionado con el traslado irregular de menores para realizar actividades domésticas en domicilios privados.
Las medidas de protección incluyen la prohibición de acercamiento de los probables responsables, custodia policial de los inmuebles vinculados y traslado protegido de las menores a refugios administrados por el DIF.
Seguimiento a largo plazo
Clara Brugada aseguró que el Gobierno de la Ciudad actuó de manera inmediata al conocer los hechos, garantizando que los responsables enfrenten la justicia y reafirmando la vigilancia sobre los espacios de asistencia privada.
“Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley. Esto aplica especialmente cuando las menores no cuentan con su familia, lo que nos obliga a actuar con mayor rapidez”, declaró.
Las autoridades reiteraron que el seguimiento continuará, valorando los espacios definitivos donde permanecerán las menores y asegurando que cumplan con todas las condiciones de protección.
En este sentido, hicieron un llamado a la responsabilidad de quienes administran centros de asistencia privada, y subrayaron que la prioridad debe ser siempre la seguridad y dignidad de los niños y adolescentes bajo su cuidado.