Luego de que se descubriera el comercio ilícito del agua en el Estado de México, el gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha la llamada “Operación Caudal”, la cual busca constituir un proceso de regulación que asegure el derecho al agua y evite su uso como un negocio clandestino.
Asimismo, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, indicó que es tiempo de fijar un control sobre el servicio de distribución del agua: “Es el momento de que la autoridad federal, estatal y la municipal, que son las que tienen regulación, puedan establecer un padrón de piperos para que la gente sepa que se está consumiendo agua legal, que no es agua que proviene de pozos ilegales o de pozos que están siendo sobreexplotados con la afectación al medio ambiente”, expresó.
Así, el gobierno estatal conserva las puertas abiertas para sostener un diálogo con los operadores de este sector, a fin de que quienes no tengan permisos o documentos puedan regularizar su situación y seguir trabajando dentro de los confines legales. Acorde a las fuentes de seguridad, la extracción irregular traía consigo afectaciones al abasto de agua en varios municipios, en razón de la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Hay que tomar en cuenta que el Código Penal a nivel estatal sanciona a quienes incurran en este tipo de prácticas. La extracción y comercialización ilegal del agua son delitos que pueden castigarse hasta con multas superiores a los 22 mil pesos, llegando incluso a una condena de seis años de prisión, así como más de 11 mil pesos y tres años de cárcel en el caso de una extracción sin el debido permiso.
La “Operación Caudal” resultó en la clausura de 189 inmuebles, entre ellos 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además del aseguramiento de 322 pipas empleadas para distribuir de manera irregular agua. Las indagaciones asoman que podría tratarse de agrupaciones que operaban bajo fachada sindical, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, las cuales tenían el control del negocio de este líquido y establecían tarifas exorbitantes.