La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, reveló que el aceite que contaminó el agua (procedente del pozo Alfonso XIII) en Benito Juárez provenía posiblemente de empresas que estaban en la zona hace más de 40 años; la declaración se da luego de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reconoció la poca transparencia en el caso.
Urzúa aseguró que se realizaron diagnósticos de los lugares en los que podrían utilizar el tipo de aceite y coincidió con empresas que funcionaban en la zona hace más de 40 años.
Entre marzo y abril del 2024 vecinos de algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez reportaron que el agua potable presentaba un fuerte olor a combustible y un aspecto aceitoso.
Tras investigaciones, el pozo que abastecía a cerca de 80 colonias de dicha alcaldía, fue deshabilitado y se confirmó que la sustancia que contaminó el agua se trataba de aceite degradado, hallado a 110 metros de profundidad del pozo.
Recientemente la CDHCM admitió omisiones y poca transparencia por parte de autoridades locales en el caso; en el análisis realizado se identificaron áreas de oportunidad en los procedimientos de atención ciudadana y en los mecanismos de acceso a la información pública implementados por las autoridades involucradas como la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua)—antes Sacmex—, la alcaldía Benito Juárez y el Gobierno local, encabezado entonces por Martí Batres.
“La Comisión observó diversas inconsistencias en el proceso de atención ciudadana mediante el cual las personas afectadas solicitaron información sobre la problemática suscitada en distintas colonias de la demarcación Benito Juárez.
“Si bien se reconoce que las autoridades emprendieron acciones para atender la situación imperante, la información puesta a disposición del público resultó insuficiente, fragmentada y de difícil comprensión”, detalla el documento de la CDHCM.