A finales de octubre, la Fiscalía del Estado de México desplegó la llamada Operación Caudal en alrededor de 48 municipios, con la participación de fuerzas federales y estatales para combatir lo que las autoridades denominaron “huachicoleo de agua”.
En la acción fueron intervenidos 189 inmuebles; se localizaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, y se aseguraron pipas y equipos asociados a la extracción y comercialización irregular. Las cifras oficiales fueron presentadas por el gobierno como el balance operativo de una ofensiva contra redes ilegales.
A pesar de esas cifras, parte de la narrativa pública se centró en el efecto inmediato: protestas masivas de piperos, bloqueos de vialidades y reportes de purificadoras y negocios que suspendieron operaciones por falta de “materia prima”, es decir, agua en sus plantas.
Organizaciones de distribuidores de agua y piperos señalaron que muchas de esas extracciones eran parte de la logística imprescindible para abastecer zonas que no cuentan con servicio regular por la red municipal.
En Ecatepec, uno de los municipios más poblados del país, los cortes y cierres de pozos no son un fenómeno nuevo, pero la operación estatal elevó la tensión.
Vecinos de colonias que dependen de tandeos o de pipas relataron días completos sin agua; escuelas y pequeños comercios reportaron problemas para operar; y en varias zonas se documentaron bloqueos y manifestaciones en avenidas principales para exigir soluciones inmediatas. Amas de casa y comerciantes expresan la desesperación por la falta de agua para cocinar, limpiar y mantener sus negocios.Nezahualcóyotl fue otra demarcación donde las protestas de piperos y purificadoras se hicieron sentir en calles y accesos viales.
Los bloqueos, que en algunos casos alcanzaron rutas hacia la Ciudad de México, dejaron imágenes de largas filas de pipas con consignas y pancartas que decían “no somos huachicoleros”, argumentando que su trabajo —aunque muchas veces informal— responde a una necesidad real para barrios sin suministro por red. Los choferes reclamaron que la intervención los criminaliza sin ofrecer alternativas regulatorias o rutas de formalización.
Efectos en cadenas locales: purificadoras, mercados y abasto doméstico
El cierre de pozos tuvo efectos importantes en negocios que dependen directamente del acceso al agua. En diversas zonas, purificadoras anunciaron la suspensión temporal de servicio por falta de insumos; en mercados y tienditas se reportó incremento en la demanda de agua embotellada y en el uso de pipas comunitarias, lo que aumentó los precios y la tensión social.
Estas interrupciones impactan especialmente a hogares con bajos ingresos que no cuentan con tanques o cisternas: pagar el servicio de pipa implica un gasto extra difícil de asumir para muchas familias.
Además, la clausura dejó sin “materia prima” a procesos productivos pequeños: talleres, lavanderías y hostelería local sufrieron cancelaciones o pérdidas. En algunas comunidades los vecinos organizaron turnos para compartir el agua que consiguieron y para vigilar pozos y válvulas ante el temor a tomas ilegales.
Los relatos locales mencionan que, aunque el objetivo de frenar el mercado ilegal puede ser legítimo, las medidas de coerción sin una estrategia paralela de abastecimiento y comunicación dividen y empeoran la situación cotidiana.
Respuestas institucionales y la devolución de pozos comunitarios
Frente a la crisis y a la presión social, el gobierno del Estado de México anunció que la fiscalía acreditó la propiedad legal de 13 pozos, que fueron entregados en depositaría a municipios, ejidos y comunidades para garantizar el uso doméstico y evitar su comercialización.
La entrega de esos pozos fue presentada como una corrección: devolver el control a instancias locales y comunitarias contribuiría a que el agua se administre para consumo humano y no para lucro irregular. Sin embargo, las autoridades también plantearon medidas de control —como limitar volúmenes, horarios de extracción y permisos para pipas— que deberán implementarse para evitar que los pozos reabiertos vuelvan a la venta privada.
El gobierno aseguró además que la operación no afectó el suministro domiciliario de las redes municipales y que las tomas intervenidas correspondían a circuitos y usos irregulares.
Hacia soluciones: regulación, censos y alternativas de corto plazo
Expertos y urbanistas han planteado que el problema no se resuelve solo con clausuras: hace falta un censo real de pozos y de actores —piperos, purificadoras, tomas domiciliarias irregulares— para saber qué se clausura y qué se integra a la red legal.
También proponen programas de formalización para pipas que prestan un servicio público en la práctica, inversiones en infraestructura para llevar red a las zonas sin cobertura, y reglas claras para la extracción agrícola y comercial que hoy compiten por el recurso. Sin esa ruta, advierten, toda intervención punitiva corre el riesgo de transferir la escasez hacia los sectores más vulnerables.En lo inmediato, comunidades y autoridades locales intentan armar soluciones: acuerdos temporales para reactivar pozos comunitarios bajo control vecinal, acuerdos con municipios para priorizar suministro doméstico, y en algunos casos la negociación de límites de bombeo para evitar el colapso de acuíferos locales.