En la calle Dr. Jiménez, en la alcaldía Cuauhtémoc, una hilera de cubetas aparece cada mañana antes de que el sol toque los muros de unos de los edificios de la Ciudad Judicial. Junto a ellos, un par de botes de pintura, un tabique y un par de cajas de refresco marcadas como “ocupados” . Es el aviso silencioso de que, aunque la ley diga otra cosa, este tramo de asfalto tiene dueño. Los “viene-viene” cumplen ahí su turno desde hace años, incluso antes de que la palabra “institucionalizados” comenzara a usarse para describirlos.
El ir y venir de abogados, víctimas, policías, escribientes y familiares convierte esa zona en uno de los puntos más concurridos de la capital. Y es precisamente ese flujo lo que mantiene vivo un oficio que ni la modernización judicial ni las recientes reformas han logrado contener.
Hasta hace una década, el “viene-viene” era visto como un ayudante improvisado, alguien que pedía una propina por orientar un estacionamiento.
Ese modelo ya casi no existe en la Ciudad Judicial. Lo que permanece hoy son operaciones con turnos, cuotas y repartición de tramos de calle. Los trabajadores del área lo saben: los mismos rostros se repiten cada semana, los mismos que colocan objetos para apartar lugares y los mismos que marcan su territorio con más firmeza que un reglamento urbano.
La reforma a la Ley de Cultura Cívica endureció las sanciones para quien obstaculice el espacio público, pero en esa zona de la ciudad la impresión es que la ley llega tarde al fenómeno. Durante años, los franeleros construyeron ahí una lógica propia: algunos vigilan autos, otros apartan lugares desde temprano, y algunos más simplemente cobran por “cuidar” lo que ellos mismos condicionan.
La demanda de estacionamiento es un factor que los favorece. No hay un estacionamiento público amplio cerca de los edificios judiciales y la mayoría de los que acuden están obligados a dejar su vehículo en la calle. Esto deja a muchos automovilistas a merced de quien controla la banqueta.
Un trabajador del Poder Judicial de la Ciudad de México, que lleva más de diez años entrando y saliendo por la misma puerta, acepta hablar con la condición de no revelar su nombre. La conversación ocurre una cafetería cercana al edificio de Niños Héroes 150, lejos de las ventanas que dan a la calle donde los “viene-viene” operan todos los días.
“Aquí frente al edificio hemos visto cómo colocan cubos, conos, piedras para ‘apartar’ lugares. Si no les pagas, pueden reclamar, impedirte quitar el objeto, incluso amenazar con daño. No es solo una propina: algunos ya están organizados. Además ya tienen cuota fija, que puede rondar entre 30 y 50 pesos, depende del tiempo que dejes tu coche”.
Relata que en algunos casos, la tensión empieza con una discusión y termina con un golpe al espejo o un rayón en la carrocería. “No son todos, pero sí hay quienes se sienten dueños de la zona. Te dicen cuánto cuesta estacionarte y no es una sugerencia. Y si uno se queja, la respuesta suele ser: ‘Es lo que hay’.”
El trabajador coincide con muchos visitantes del complejo judicial: la hostilidad no solo afecta al automovilista, también influye en la percepción del sistema de justicia.
“No solo es incomodidad para los autos; para muchos que vienen a declarar, rendir testimonio o simplemente acompañar un proceso, llegar a juicio puede volverse una experiencia tensa. Algunas personas me han contado que prefieren llegar muy temprano o confiar en que habrá lugar, porque no quieren tratar con los ‘viene-viene’.”
La problemática que toca a instituciones de todos los niveles
El fenómeno, aunque profundamente local, ha obligado a que más de una institución entre en juego. Para la Fiscalía de la Ciudad de México, los “viene-viene” entran en el radar cuando la conducta cruza la frontera entre falta administrativa y delito: amenazas, intimidación, extorsión o daños.
En los alrededores de la Ciudad de Justicia se han registrado incidentes que comienzan como discusiones por un espacio de estacionamiento y escalan rápidamente a agresiones.
Por su parte, la Fiscalía General de la República no interviene directamente en estos casos salvo que existan indicios de redes organizadas con alcances mayores. Hasta el momento no ha sido así, pero especialistas señalan que la línea entre informalidad y estructura delictiva es más delgada en zonas con alto valor operativo, como los complejos judiciales.
En medio de ambas fiscalías está la policía, responsable de retirar los objetos utilizados para apartar espacios y remitir a los infractores al juez cívico. Sin embargo, automovilistas y empleados denuncian que la presencia de estos operativos es intermitente: un día retiran todo, y al siguiente, los franeleros vuelven a colocar sus objetos como si nada hubiera pasado.
Arresto administrativo: herramienta útil o castigo simbólico
El arresto de 24 a 36 horas impuesto por la nueva ley busca frenar conductas repetidas, pero su efecto real todavía es incierto. Muchos franeleros de la Ciudad Judicial dependen económicamente de esa actividad y ven en el arresto un riesgo calculado: si los operativos son esporádicos, el negocio sigue siendo rentable.
Existe una contradicción. La ley apunta a proteger el espacio público, pero el contexto económico empuja a que muchos regresen a la calle al día siguiente. Por ello, la propia reforma incluye un componente de reinserción laboral: programas de empleo y apoyos productivos. No obstante, varios funcionarios señalan que aún falta estructura para recibir a cientos de personas que podrían abandonar la actividad informal.La imagen de la justicia empieza desde la calle. En la Ciudad de Justicia, esa imagen se fractura desde antes de cruzar la puerta. Para víctimas de violencia, personas que vienen a denunciar o testigos citados a declarar, lidiar con un franelero agresivo puede convertirse en un primer obstáculo que no debería existir.
Abogados que recorren la zona diariamente mencionan que algunos clientes llegan nerviosos por situaciones vividas al estacionarse. En ciertos casos, estas experiencias influyen en retrasos o ausencias. Y cuando un proceso depende de la puntualidad o de la presencia de una persona clave, un conflicto en la calle puede tener consecuencias dentro del expediente.
El ciclo que se repite: levantan, regresan
En la zona se ha vuelto casi un ritual predecible: primero llegan los operativos, los policías levantan los objetos, algunos franeleros son llevados al juez cívico. Un par de días después, vuelven los conos, los botes, las cajas de refresco. Las personas que trabajan en la zona lo observan como parte de la rutina diaria.
El trabajador del PJCDMX lo resume con resignación:“Sí levantan los objetos un día, pero al siguiente otros se instalan, o los mismos regresan. Sin un seguimiento constante y sin alternativas para esas personas, el ciclo va a continuar.”
¿Hacia dónde puede avanzar la ciudad?
Especialistas en movilidad coinciden en un punto: este fenómeno no es solo un asunto de sanciones, sino de administración urbana. La Ciudad Judicial concentra miles de personas cada día y debería contar con infraestructura que disminuyera la oportunidad para el comercio informal del estacionamiento.
En la Ciudad de Justicia, el problema es continuo. Los franeleros siguen ahí cada mañana, las cajas o conos vuelven a aparecer, las discusiones se repiten y los automovilistas optan entre pagar, negociar o arriesgarse. Mientras tanto, el Estado intenta recuperar un espacio que durante años se ha movido al ritmo de quienes lo ocupan, más que de quienes lo gobiernan.