El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) afirmó que mantiene un equilibrio entre el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, al aplicar protocolos estrictos de seguridad en todos los procesos relacionados con el manejo de información del electorado.
La postura fue presentada por el consejero electoral Ernesto Ramos Mega durante su participación virtual en la “3ª Cumbre Parlamentaria Regional: Forjando Futuros Digitales en el Cono Sur: IA, Innovación, Datos y Ciberseguridad”.
Ramos explicó que el organismo autónomo está obligado constitucionalmente a garantizar ambos derechos de manera simultánea, por lo que no puede priorizar uno sobre otro. Señaló que el IECM debe proporcionar la mayor cantidad de información pública posible, pero al mismo tiempo proteger los datos personales bajo su resguardo.
El consejero expuso el tema “Gobernanza de datos: Confianza, soberanía y regulación”, en el que detalló que el IECM aplica medidas rigurosas de protección en procesos como el voto electrónico y la publicación de información en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana. Explicó que estos protocolos están diseñados para blindar los datos sensibles de las personas votantes.
Entre los mecanismos descritos se encuentra el Sistema Electrónico por Internet (SEI), que recopila información necesaria para la emisión del voto, pero que no almacena datos biométricos. Además, una vez concluida la jornada, el sistema ejecuta un borrado lógico de toda la información generada. Este proceso ha sido verificado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.
También señaló que el IECM ha buscado transparentar la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS) sin vulnerar la privacidad de sus integrantes. Para ello, se solicitó consentimiento por escrito para publicar sus fotografías e información sensible contenida en las actas de las asambleas ciudadanas.
La cumbre fue organizada por la Legislatura de Córdoba, Argentina, y moderada por Valeria Betancourt, directora del programa global de políticas de internet de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Participaron especialistas de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay, además de representantes académicos y del sector tecnológico.