La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) llevó a cabo la incineración de 540 mil dosis de drogas, que en total son 335 kilos de narcóticos.
Estas son equivalentes a 335 kilogramos de narcóticos, de los cuales 235 corresponden a cinco mil 117 averiguaciones iniciadas desde 1970, mientras que los 100 kilogramos restantes derivan de 599 investigaciones abiertas en 2025.
La destrucción de estas sustancias permitió concluir con el almacenamiento acumulado durante más de cinco décadas y representa un incremento superior al 235 por ciento respecto de los procesos de eliminación de narcóticos realizados en años anteriores.
Con ello se elimina un riesgo sanitario, ya que parte del material presentaba hongos nocivos, por lo que su incineración era el único destino viable desde una perspectiva de seguridad.
La directora ejecutiva de Administración de Aseguramiento de Bienes de la FGJCDMX, Jessica Irene Ríos Ortega, destacó que la incineración de narcóticos forma parte de una política integral orientada a la procuración de justicia, la protección de la sociedad y la eliminación de riesgos sanitarios asociados al almacenamiento prolongado de sustancias en descomposición.
“Este año, bajo el liderazgo de la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, se definió un objetivo claro: eliminar por completo ese rezago histórico e incorporar de manera regular la destrucción de los narcóticos asegurados cada año. Se trata del proceso de destrucción de narcóticos más grande realizado por la Fiscalía, lo que permite terminar con un atraso de más de 50 años, equivalente a más de medio millón de dosis que dejan de representar un riesgo para la sociedad y para la salud, gracias a su adecuada incineración”, destacó Ríos Ortega.
El procedimiento inició con la entrega física de los narcóticos al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI) y su verificación por peritos en química, mediante reactivos, para corroborar su correspondencia con los dictámenes de identificación de sustancias prohibidas. Posteriormente, el material fue trasladado en convoy a instalaciones de Defensa, ubicadas en Teotihuacán, Estado de México.