Parte 2
Ante la llegada de perfiles poco preparados y aliados al poder a la titularidad de las Comisiones de Derechos Humanos, que lejos de llamar la atención a las instituciones que recurren a prácticas de tortura, fabricación de culpables, complicidad con la delincuencia, omisiones y violaciones en el debido proceso, organismos gubernamentales como la Fiscalía y la policía, especialista llama a despolitizar la ocupación del cargo.
Para Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, se necesita una reforma estructural al sistema de protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos, con un reforzamiento en el mecanismo de elección del ombudsperson, donde no pueda ser cooptado por las fuerzas políticas, dado que al decantarse dicha decisión al Congreso capitalino, es sencillo negociar con los partidos para que ese puesto no lo ocupe alguien que incomode al poder.
“El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México fue una basura — para la determinación de la ombudsperson María Dolores González — y les debería de dar vergüenza a quienes participaron en ese Consejo decir que fueron parte de esa pantomima. Si la ciudadanía se presta a ejercicios de poder tergiversados, difícilmente vamos a lograr el empoderamiento de perfiles ciudadanos para que lleguen. Se tendría que pensar en un mecanismo que garantice la calidad técnica, despolitizada, que se genere un colegio electoral para una comisión de selección independiente y pasen distintos filtros”.
“Incluso establecería prohibiciones de carácter constitucional, por ejemplo, que el ombudsperson, al año de que termine su cargo, no pueda trabajar en el Gobierno e inhibe que una persona sea cooptada por el poder público”, llamó.
Víctimas abandonadas
De las seis recibidas por la Fiscalía en 2025, una corresponde a Julio César Cervantes Cabañas, una persona con discapacidad, que desapareció el 20 de septiembre del 2021 cuando salió a la tienda y cuyos restos fueron hallados hasta enero del 2024 en un parque de la alcaldía Coyoacán.
De acuerdo con la recomendación 09/2025, la Fiscalía territorial no avisó a su homóloga de desaparecidos del hallazgo del cuerpo y por el contrario, el cadáver fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y posteriormente donado a la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, sin haber agotado las líneas de investigación para su identificación.
Fue hasta noviembre del 2024 que se le avisó a su madre que los restos de su hijo estaban en poder de esa institución. Al ingresar a reconocerlo, entregaron a Julio César sin lengua y esófago. Aunque la FGJCDMX clasifica dicha recomendación como “en trámite”, la mamá de la víctima acusa que las instituciones, incluida la Comisión de Derechos Humanos capitalina, la han abandonado.
Aún con la exposición de la actitud indolente de funcionarios, Laura Cabañas, la madre de Julio, acusó que no ha existido ni un llamado de atención hacia los violentadores de los restos de su hijo, Andrés Oriol, director del INCIFO, Patricia Crespo o hacia algún empleado de la Fiscalía, por el contrario, no hay intenciones para que la mujer acceda a la reparación del daño y mientras tanto, estos servidores públicos gozan de altos cargos.
“Tal vez más adelante haya un reconocimiento y una disculpa pública, pero no gano nada con eso, quiero que quiten a estas personas porque tiene que se no repetición, fue un tráfico del cuerpo de mi hijo, violaron todos sus derechos de dignidad, merecía ser respetado, fue un trato indigno el que le dieron a mi pobre hijo, llevándoselo 10 meses a que lo estudiaran como una rata, lo vaciaron de sus órganos, me lo entregaron vacío, sin ninguna consideración, no me lo querían dar porque estaba lleno de reactivos y tuve que esperar 11 días para que me lo dieran”.
“Lo más aberrante fue que estuvimos mi esposo y yo en todos los albergues, reclusorios de toda la República y estaba a 25 kilómetros de mi domicilio, por eso exijo la destitución de estos malos servidores y que me reparen el daño, porque anduve con mis propios medios.
Por el contrario, la Fiscalía no ha cumplimentado la disculpa pública en los que explique a la opinión pública lo ocurrido, se reivindique y preserve la honra y memoria de Julio y se manifieste su compromiso de adoptar las medidas de no repetición recomendadas en los instrumentos. Asimismo, la autoridad no ha brindado atención psicológica y/o tanatológica a la familia de Julio ni se ha instalado un memorial para la víctima.
“He buscado una mesa de trabajo. Para ellos (autoridades) está cerrado el caso, no sé qué puerta tocar para que lo saquen (a Oriol). En la Fiscalía existe un tema de homicidio, por parte de mi sobrina, fue la que lo secuestró, lo encerró y mató de hambre, él pesaba 96 kilos y quedó en 20. A la señora no la molestan, está fuera de la carpeta y no hacen nada”.
“Un arqueólogo demostró que mi hijo tenía ataduras en sus piernas y pies y dijeron (Fiscalía) que no era cierto. En la Comisión de Derechos Humanos me dijeron que la reparación del daño era una cantidad simbólica, pero la muerte de mi hijo no fue simbólica”, denunció Laura Cabañas.
Años de rezago en recomendaciones
Una de las recomendaciones más significativas, la 10/2022, que responsabiliza a la Fiscalía de omisiones de garantizar el interés superior de la niñez, así como el derecho de acceso a la justicia de niñas y niños que han sido víctimas de violencias, específicamente por dos niñas, hijas de Mariel Albarrán, quienes fueron violentadas por el exmagistrado Manuel Horacio Cavazos López.
La recomendación exige una disculpa pública de la Fiscalía, además de la reparación del daño integral y un plan de investigación para llevar a Cavazos López ante la justicia; procesos en contra de los ministerios públicos que obstaculizaron, así como del policía que alteró la transcripción de los audios y la expedición de lineamientos para abordar la violencia sexual infantil; no obstante, esta institución ha mantenido en vilo más de cuatro años a niños, niñas y adolescentes en busca de que se repare una fracción del daño que sufrieron.
“Dentro de la carpeta de investigación están los audios que yo entregué donde una de mis hijas me dice ‘mamá ven por mí, yo no puedo ser feliz’, me lo dijo llorando porque en ese momento estaba con su agresor, pero en la transcripción de la carpeta dice ‘mami yo quiero que seas feliz’, entonces cambia todo el contexto cuando alguien que no tiene el audio solamente lee el testimonio, el Ministerio Público lo cambió para proteger al abusador”, dijo Mariel Albarrán a Crónica.
Tortura que se volvió costumbre
Para el 2023, la FGJCDMX recibió 11 recomendaciones por tortura, malos tratos en puesta a disposición, violaciones a los derechos, falta de perspectiva de género y violencia institucional. La realidad de la SSC fue peor, con 17 faltas por tratos o penas crueles a personas privadas de la libertad, tortura, ilegalidad y arbitrariedad en detenciones, omisiones, negligencias en el debido proceso e intrusiones ilegales a domicilios. El 50 por ciento de las recomendaciones de ese año fueron para la policía y la Fiscalía.
En 2024, la SSC obtuvo 10 recomendaciones, de nuevo por tortura, violaciones al derecho a la vida y omisiones en el deber de cuidado. En ese año, la Fiscalía cumplimentó tres por uso indebido de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y violación en el derecho a la ingualdad, también por imisión en la investigación para descartar una posible ejecución extralegal, emitidas desde los años 2009, 2015 y 2016, es decir, las víctimas tuvieron que esperar hasta 15 años para que las negligencias que sufrieron fueran reconocidas.
“Es importante buscar la eficiencia de los mecanismos a la protección de los derechos humanos no jurisdiccionales porque pueden ser muy útiles, una recomendación permite el reconocimiento de víctimas para poder acceder a fondo la reparación del daño en las Comisiones Ejecutivas de Víctimas; también como elemento probatorio en un juicio de carácter jurisdiccional, civil, penal, mercantil; tenemos que reformarlas y fortalecerlas”.
“Si hubiera una intención de cumplimiento, no tendrían que esperar años, lo cumplen por presión mediática y tendría que haber un mecanismo que lo hiciera más eficiente. En Europa se tiene un Tribunal donde se emiten las sentencias para que el comité de ministros, en caso de incumplimiento de los Derechos Humanos, sancione económicamente a los estados”, concluyó el especialista.