A poco más de un año de su inicio, la Operación Enjambre, estrategia de seguridad e investigación impulsada por el Gobierno del Estado de México, ha dejado como saldo la detención de 60 personas —entre servidores públicos y exfuncionarios—, así como 19 sentencias condenatorias en contra de 17 objetivos considerados prioritarios, de acuerdo con datos oficiales.
El operativo, encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), comenzó en noviembre de 2024 con el objetivo de combatir redes de corrupción y extorsión en distintos municipios mexiquenses, mediante un despliegue basado en labores de inteligencia y coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales.
Las investigaciones derivadas de esta estrategia han alcanzado a 18 municipios, donde se han documentado presuntos vínculos entre funcionarios públicos y actividades ilícitas.
Las autoridades estatales sostienen que los resultados obtenidos han permitido desarticular estructuras criminales que operaban desde el ámbito gubernamental local, así como avanzar en el esclarecimiento de diversos delitos.
Hasta ahora, la Operación Enjambre ha permitido judicializar múltiples casos y obtener sentencias condenatorias en procesos considerados de alto impacto. De acuerdo con la información difundida, estas resoluciones corresponden a personas identificadas como objetivos prioritarios dentro de las indagatorias.
Las acciones de este despliegue no se han limitado al territorio mexiquense. En días recientes, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del combate a la corrupción, autoridades federales confirmaron la detención en Jalisco de un presidente municipal, como resultado de investigaciones iniciadas a partir de denuncias ciudadanas y con apoyo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre instancias federales y estatales, lo que reflejó el alcance interinstitucional de las investigaciones vinculadas a la Operación Enjambre.
Desde el gobierno mexiquense se ha señalado que este esquema se ha consolidado como un modelo de coordinación nacional, al integrar trabajos de inteligencia, investigación ministerial, despliegue operativo y seguimiento judicial, con el propósito de fortalecer la lucha contra la corrupción y la extorsión.
Además de las acciones operativas, la estrategia se articula con el trabajo de las Mesas de Paz, espacios de coordinación intergubernamental en los que se analizan problemáticas de seguridad, se da seguimiento a casos prioritarios y se diseñan acciones preventivas en distintas regiones del estado.
Las autoridades sostienen que el enfoque integral busca no sólo la persecución del delito, sino también la atención de sus causas, mediante políticas de prevención y fortalecimiento institucional.
En este sentido, se ha enfatizado la importancia de las denuncias ciudadanas como detonante de varias de las investigaciones que han derivado en detenciones relevantes.
A más de un año de su implementación, la Operación Enjambre se mantiene activa y en expansión, con nuevas líneas de investigación abiertas en diversos municipios. La FGJEM ha señalado que los trabajos continuarán, con el objetivo de identificar y sancionar a servidores públicos que, presuntamente, hayan participado en redes de corrupción o brindado protección a grupos delictivos.
Los resultados, de acuerdo con el balance oficial, colocan al Estado de México entre las entidades con mayor número de procesos penales abiertos contra funcionarios vinculados con actividades ilícitas.