El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el Programa de Rehabilitación de Materiales Electorales 2026, mediante el cual se reacondicionarán 37 mil 700 materiales durante el primer trimestre del año, que serán utilizados en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, cuya jornada se llevará a cabo el próximo 3 de mayo.
El plan contempla la rehabilitación de una parte sustancial del total de 52 mil 200 insumos electorales y consultivos disponibles, con el propósito de garantizar su funcionamiento óptimo, reducir la necesidad de adquirir nuevos materiales y promover un uso más eficiente del presupuesto público, así como prácticas institucionales orientadas al cuidado del medio ambiente.
Los materiales que serán reacondicionados serán cajas paquete electivo-consultivas, crayones triangulares, urnas electivas y consultivas, así como lupas fresnel, todos ellos sometidos a procesos de revisión técnica, limpieza, desinfección y sustitución de componentes cuando sea necesario. Asimismo, la marcadora de credencial será ajustada con dados marcadores actualizados para el proceso de 2026.
El programa está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, área responsable de planear, coordinar y supervisar las tareas relacionadas con la logística electoral y los insumos necesarios para la instalación de casillas y la emisión del voto y la opinión ciudadana.
De acuerdo con el IECM, esta política de recuperación y reutilización de materiales se ha mantenido durante más de dos décadas, lo que ha permitido extender la vida útil de insumos como urnas, canceles, mamparas y cajas paquete, sin afectar la calidad ni la certeza de los procesos electorales.
Esta estrategia es un mecanismo para reducir costos, evitar el desperdicio y disminuir el impacto ambiental asociado con la producción de nuevos materiales plásticos.
La institución señaló que estas acciones forman parte de un modelo de mejora continua, respaldado por la certificación de la norma ISO/TS 54001:2019, que establece estándares internacionales para la gestión de la calidad en organizaciones electorales.
Esta certificación avala los procedimientos implementados para asegurar la confiabilidad, eficiencia y transparencia en la organización de los comicios y ejercicios de participación ciudadana.
Una vez concluidos los procesos de 2026, el IECM iniciará un nuevo ciclo de rehabilitación con miras al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 y al Proceso Electoral del Poder Judicial en la Ciudad de México, previsto para 2027.
Para estos ejercicios, se contempla la recuperación, reacondicionamiento y rehabilitación de más de 96 mil materiales electorales durante 2026, con una programación trimestral que se extenderá hasta el primer trimestre de 2027.
Los insumos considerados en esta fase son cajas paquete electorales, canceles modulares, mamparas especiales, urnas para la elección de diputaciones y alcaldías, bases porta urna, sellos marcadores y lupas, que permitirán cubrir las necesidades operativas en cada una de las etapas del proceso electoral.
De manera paralela, para la elección del Poder Judicial local se prevé la rehabilitación de más de 57 mil materiales adicionales, entre ellos cajas paquete judiciales, urnas y canceles modulares.
Con ello, el Instituto indicó buscar reforzar la infraestructura electoral con criterios de sostenibilidad y racionalidad presupuestal, en un contexto de creciente demanda de recursos para la organización de comicios complejos y de gran escala.
El IECM subrayó que la reutilización de materiales en condiciones óptimas contribuye a minimizar el desperdicio de insumos plásticos, lo que se traduce en un menor impacto ambiental. Al mismo tiempo, permite optimizar el gasto público destinado a la organización de elecciones y consultas ciudadanas, sin comprometer la calidad ni la seguridad de los procedimientos.
Además de su uso en jornadas electorales y ejercicios de participación, los materiales rehabilitados pueden ser prestados a lo largo del año para actividades de educación cívica en escuelas, organizaciones ciudadanas y dependencias públicas.