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Crónica documentó que la Fiscalía y la SSC son las instituciones que más recomendaciones recibieron en cinco años, de 91 avisos por conductas de tortura, discriminación, detenciones ilegales y omisiones, 73 se mantienen en trámite, estancadas en proceso de aceptación y no cumplimentadas

Dará FGJCDMX celeridad a recomendaciones de Derechos Humanos trabadas

Fiscalía Imagen ilustrativa. (FGJCDMX)

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, afirmó que mantiene un equipo de trabajo que ejecuta la revisión de las recomendaciones de Derechos Humanos que la institución ha recibido y que se mantienen en trámite, con la finalidad de acelerar su cumplimentación.

“Estamos claros que tenemos que trabajar en eso, tenemos un equipo designado dentro de la dirección de Derechos Humanas de la Coordinación Jurídica que está revisando uno a uno los casos que todavía no se han atendido en su totalidad, de las recomendaciones para ver qué puntos recomendatorios tenemos pendientes”.

“La idea es que podamos avanzar lo más posible con este equipo que está revisando los casos en las recomendaciones que se tienen pendientes y forma pare también de la eficiencia que tiene que tener esta institución”, puntualizó Alcalde Luján durante la presentación del Plan de Política Criminal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Crónica documentó que la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) son las instituciones que más recomendaciones recibieron de la Comisión de Derechos Humanos capitalina en cinco años, de 91 avisos por conductas de tortura, discriminación, detenciones ilegales, violencia y omisiones en investigaciones, 73 se mantienen en trámite, estancadas en proceso de aceptación y no cumplimentadas desde mucho tiempo atrás.

Del 2021 al 2025, estas dos instituciones encargadas de velar por la procuración de justicia y la integridad física y emocional de la población, se colocaron en los primeros lugares en señalamientos por malas prácticas hacia la gente que deberían de cuidar, sin que en alguno de los años de disminuya la incidencia de negligencias como violaciones al debido proceso, tratos crueles, castigos que evocan a la esclavitud y actos que priven a las mujeres y hombres del derecho a la integridad y a la vida en reclusión.

En el año 2025, la FGJCDMX consumó tres recomendaciones, 9/2011, 20/2012 y 5/2015, es decir, las víctimas tuvieron que esperar hasta 14 años para que se reconocieran sus derechos y las acciones inhumanas a las que fueron sometidas; la primera acusaba falta de implementación de mecanismos específicos para la prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción de cualquier acto de violencia contra las mujeres al interior de las instituciones y dependencias del entonces Distrito Federal.

En la mayoría de los años, ambas instituciones no mejoraron sus comportamientos. En 2021, la Comisión expidió 23 recomendaciones, de las cuales, siete fueron para la FGJCDMX y 10 para la SSC, 74 por ciento del total de los llamados; de este universo, la Fiscalía no ha cumplimentado ninguna y la policía cinco.

En el 2022, de 30 recomendaciones de la Comisión, 23 fueron dirigidas a la policía y Fiscalía capitalinas, 10 para la primera y 13, para la segunda, 35 por ciento más que el año anterior. En estos llamamientos se evidenciaron conductas de siete detenciones ilegales, tortura, malos tratos en traslados y omisión en el acceso a la justicia.

Para el 2023, la FGJCDMX recibió 11 recomendaciones por tortura, malos tratos en puesta a disposición, violaciones a los derechos, falta de perspectiva de género y violencia institucional. La realidad de la SSC fue peor, con 17 faltas por tratos o penas crueles a personas privadas de la libertad, tortura, ilegalidad y arbitrariedad en detenciones, omisiones, negligencias en el debido proceso e intrusiones ilegales a domicilios. El 50 por ciento de las recomendaciones de ese año fueron para la policía y la Fiscalía.

En 2024, la Fiscalía cumplimentó tres por uso indebido de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y violación en el derecho a la igualdad, también por omisión en la investigación para descartar una posible ejecución extralegal, emitidas desde los años 2009, 2015 y 2016, es decir, las víctimas tuvieron que esperar hasta 15 años para que las negligencias que sufrieron fueran reconocidas.

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