La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, presentó el Plan de Política Criminal, en el que uno de sus ejes es la litigación efectiva en juicio, en el cual, los Ministerios Públicos obtengan sentencias condenatorias cuando expongan y argumenten datos de prueba ante un juez y asegurar que cada asunto se conduzca con una teoría clara y consistente, con indagatorias pertinentes y oportunamente incorporadas, así como una estrategia procesal definida desde las etapas iniciales del procedimiento.
Con esto, se pretende incrementar la eficacia en audiencias y elevar la tasa de sentencias condenatorias, en beneficio de víctimas, sin que la Fiscalía únicamente abra carpetas de investigación, si no que judicialice más casos.
“Heredamos muchos procesos del pasado y nos faltó voltear a ver algo fundamental, que necesitamos Ministerios Públicos que no piensen en integrar averiguaciones previas, si no que puedan litigar en audiencia, que tengan la capacidad de pararse ante un juez y narrar, explicar, contar historias y responder a una defensa activa que tienen frente a un juez”, aceptó la fiscal.
Hacia esto, Alcalde Luján asumió que este ritmo de trabajo demanda habilidades específicas que no se han desarrollado en la mayoría de los Ministerios Públicos.
Por ejemplo, la fiscal narró que en el pasado existían coordinaciones que se encargaban de la investigación y en la etapa de juicio se trasladaban a otra área, lo que generaba fragmentación de las responsabilidades, sin que los equipos conocieran a fondo los casos.
Ahora, la Fiscalía de feminicidios mantiene el seguimiento de los casos desde la denuncia hasta la condena, antes únicamente se responsabilizaba hasta la acusación.
Alcalde Luján reconoció que si bien, con la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, se replanteó el sistema de justicia a un proceso oral, con nuevas salas de audiencia y capacitación de policías y jueces, los procesos en la Fiscalía no se transformaron.
Para la mejora en la eficiencia ministerial y evitar el crecimiento del rezago en carpetas imposibles de judicializar, se implementó un modelo de verificación de caso por caso en las agencias del Ministerio Público ubicadas en las alcaldías Coyoacán y Milpa Alta, con la finalidad de determinar cuáles investigaciones se pueden cerrar por la imposibilidad de ser sujetas a actos de investigación y reducir la carga de trabajo de los Ministerios Públicos.
La fiscal prevé que para el final del 2026, este plan de trabajo sea replicado en las Fiscalías territoriales de Iztacalco, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.
“Creemos que la única forma de hacerlo es atender de manera diferenciada los distintos casos, es decir, las investigaciones que abrimos. Hay casos que se denuncian que permiten soluciones alternas”.
“Por muchos años no se hizo una diferenciación, tenemos que ubicar al probable responsable porque si no, no tiene que caso que detenemos otros actos de investigación”, afirmó la fiscal.
Como punto de partida, en el fortalecimiento de los escritos de acusación y desahogo de las audiencias intermedias, se implementará el Modelo Institucional de Elaboración de Acusaciones, con revisión colegiada obligatoria y análisis jurídico – probatorio previo a su presentación.
Además, se supervisará la preparación anticipada de audiencias intermedias, mediante protocolos de verificación sobre evidencia, disponibilidad de testigos y riesgos procesales. Después, se establecerán mecanismos de retroalimentación técnica posterior a las audiencias y el desempeño observado, para el ajuste de las estrategias del litigio.
También es importante a capacitación y profesionalización del personal ministerial, con la implementación de programas de capacitación sobre teoría el caso, análisis probatorio, técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio y argumentación jurídica.
En suma, al desarrollo de talleres prácticos y simulaciones de audiencias en casos reales y criterios judiciales, diferenciados por perfil y materia, en adición a la actualización de manuales y guías técnicas institucionales, integrando buenas prácticas y estándares probatorios homologados.
En campo, se realizarán revisiones previas de las acusaciones y de las estrategias de litigación de los casos prioritarios, para fortalecer su solidez jurídica y probatoria. De manera simultánea, se ejecutará el monitoreo del desempeño en audiencias intermedias, para identificar factores de riesgo que impacten en los resultados procesales.
Adicionalmente, ajustar estrategias de litigio basadas en el análisis de sentencias absolutorias y criterios judiciales para generar lineamientos orientados a la mejora continua.
Finalmente, definir y operar indicadores de desempeño ministerial con tableros de control con alertas tempranas sobre inasistencias, deficiencias de preparación de audiencias y riesgos procesales.