El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México planteó una serie de modificaciones al Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal, recientemente presentado por la Fiscalía capitalina.
La legisladora Olivia Garza aseguró que se trata de cinco propuestas concretas con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia, garantizar el acceso efectivo a la justicia y proteger los derechos humanos de la ciudadanía.
Aseguró que con ello se robustecerá el Plan y se convertirá en una herramienta evaluable, transparente y alineada con los principios del Estado de derecho:
La primera de ellas es hacer el Plan evaluable y auditable, incorporando un anexo técnico con línea base, metas anuales, indicadores de impacto y fuentes de verificación externas, así como informes periódicos obligatorios al Congreso.
La segunda es, regular la priorización de carpetas de investigación, estableciendo criterios públicos, objetivos y verificables; garantizando a las víctimas el derecho a conocer, cuestionar e impugnar la no priorización de sus casos.
También solicita incorporar salvaguardas de derechos humanos y privacidad en el uso de tecnología, mediante evaluaciones de impacto, límites al uso de datos personales y auditorías independientes.
Olivia Garza señaló que el Plan debe de dar contenido real al enfoque territorial, publicando criterios y diagnósticos claros para la selección de zonas prioritarias y vinculando recursos y personal a dichos análisis técnicos.
Así como fortalecer la atención a víctimas con estándares exigibles, estableciendo tiempos máximos de atención, acompañamiento integral garantizado y mecanismos externos de evaluación del trato institucional.
No establece metas verificables
Garza explicó que estas cinco propuestas parten del reconocimiento de que el Plan de Política Criminal contiene diagnósticos generales acertados, pero requiere ajustes de fondo para consolidarse como una verdadera política pública.
“Nuestra postura es constructiva. No se trata de descalificar el Plan, sino de mejorarlo para que tenga metas claras, reglas transparentes y mecanismos reales de rendición de cuentas”, afirmó.
La diputada señaló que, sin estos ajustes, el documento corre el riesgo de quedarse en un instrumento programático sin capacidad de evaluación, al no establecer metas verificables, plazos obligatorios ni una vinculación clara con el presupuesto.
“La priorización es necesaria, pero debe estar regulada. Sin reglas claras, la persecución penal puede convertirse en una decisión administrativa y no en una obligación constitucional”, sostuvo.
Finalmente, subrayó la importancia de que la modernización tecnológica y el uso de datos en la investigación penal se realicen con controles claros y respeto a los derechos fundamentales, así como de fortalecer un enfoque territorial con criterios técnicos públicos.
“El Congreso no busca debilitar a la Fiscalía. Buscamos fortalecerla con reglas claras, derechos garantizados y verdadera rendición de cuentas”, concluyó.