Colectivos de familias buscadoras se manifestaron para exigir la destitución de cuatro servidores públicos que fueron omisos en la localización de Elena Álvarez López, dado que negaron que en la Ciudad de México existiera una ficha de búsqueda de la mujer y rechazaron que entre los desaparecidos se describiera a alguien con sus señas particulares, aún cuando sus restos ya habían sido encontrados y notificados por autoridades de Tlaxcala.
Esta inconformidad surgió luego de que Elena Liliette Álvarez López, desaparecida en la alcaldía Benito Juárez el 20 de julio del 2017 y encontrada por la Fiscalía de Tlaxcala en septiembre de ese año. Ella permaneció nueve años en el Servicio Médico Forense de esa entidad, dado que las autoridades de la Ciudad de México dijeron que no buscaban a ninguna persona con las características de esa mujer, aún cuando existía una carpeta de investigación con todos sus rasgos.
En dicha labor, la Fiscalía de Tlaxcala emitió más de 30 oficios de colaboración a entidades con fichas que detallaban sus tatuajes y señas particulares muy específicas.
Estos funcionarios señalados y que aún permanecen en el servicio público son:
- José Antonio Ferrer, exdirector del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA)
- Karina Moreno Ocampo, exdirectora de Localización Telefónica (LOCATEL)
- Willy Zuñiga Castillo, exfiscal de secuestros
- Laura Yazmín Hernández Muñoz, exfiscal de homicidios
Denunciaron que su desidia para examinar los expedientes de búsqueda de la Ciudad de México y verificar que Elena Álvarez se encontraba en estos expedientes, provocaron que la Fiscalía de Tlaxcala nunca supiera que a esa mujer la buscaba su familia y la mantuvo en calidad de desconocida durante casi una década.
Para los colectivos, este desinterés de los funcionarios de verificar la información de personas desaparecidas y el desdeño de establecer acuerdos de colaboración con otras entidades, se ha convertido en un patrón de negligencias, que ha acumulado más de 72 mil cuerpos sin identificar.
“Cinco fiscales y LOCATEL se atrevieron a firmar en sentido negativo. Con una muestra pericial que dice que su muerte fue indeterminada”.
“¿Cómo se convierte un desaparecido en un caso de larga data? Cuando un MP pierde un oficio, cuando un perito no coteja una huella, cuando la colaboración entre Estados es un papel muerto, o peor aún, cuando uno le niega a otro información relevante. La desaparición de larga data, en estos casos, no la causó el crimen, la causó el Estado”.
“Esta espera cruel nos ha causado enfermedades, ha desecho nuestras economías y ha mutilado nuestros planes de vida. Hemos vivido en un duelo suspendido porque alguien no hizo su trabajo”, acusó Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo “Una Luz en el Camino”.
Para que estas negligencias no se repitan, los colectivos demandaron una denuncia administrativa y destitución de estos funcionarios que se desempeñan en distintas labores públicas en el país.
Además, pidieron garantías de no repetición, ya que no están dispuestas a que una familia pase nueve años en la espera de un cotejo de huellas digitales o simples rasgos físicos como tatuajes o perforaciones, que no requieren laborioso estudios para describirse.
Por igual, suplicaron capacitación inmediata de todos los funcionarios que reciben oficios de colaboración, sumado a un plan integral de reparación del daño, con la finalidad de que el estado cubra el costo de los daños a la salud, economía y el trunco proyecto de vida de las familias buscadoras, que sufrieron daños físicos y psicológicos a causa de la negligencia.
Asimismo, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que acompañe a la familia de Elena y de inmediato se emita una recomendación, junto a un análisis de contexto de la crisis forense en la capital y se visibilice a cuántos casos más les fue negada una búsqueda.
Del mismo modo, desean que las autoridades otorguen viáticos para las familias que acuden a búsquedas foráneas, así como inversión en identificación forense y aceleración de exhumaciones en fosas comunes y el Centro de Resguardo a nivel nacional.
A esta protesta se sumaron casos que están a punto de convertirse en expedientes de larga data, con carpetas de investigación vacías. Uno es la desaparición de Ana Amelie García Gámez, desaparecida en junio del 2025 en el Ajusco y de quien no se tienen indicios de su paradero.
“Nosotros, los nuevos casos, porque así nos llaman, ya llevamos más de seis meses, un año, 15 meses sin respuesta, con el objetivo de que nos volvamos de larga data y se nos olvide. Con martirio entre omisiones, revictimización y falta de investigación, violentan nuestros Derechos Humanos de conocer la verdad”.
“Reconocemos que hay funcionarios que sí tienen el compromiso con la causa y que trabajan con el corazón, pero eso no basta, los grandes niveles, los jefes, les dicen que no hay recursos, que no hay tecnología y que no hay manera de ayudar, los obligan a hacer más con menos y no es posible, porque también vulneran sus derecho a trabajar dignamente”, dijo la mamá de Ana Amelie, Vanessa Gámez.